domingo, 9 de abril de 2017

EL PROCURADOR ANUNCIA QUE DEFENDERÁ EL MEDIO AMBIENTE

El Procurador General de la Nación ha hecho un llamado para que las autoridades asuman una mayor responsabilidad en materia ambiental, en momentos en los cuales es evidente que existe una gran preocupación social por el tema.

Resultado de imagen para procurador fernando carrilloLa declaración del procurador Fernando Carrillo se da precisamente en el momento en que sucedía dos hechos paradigmáticos para el país. El primero, el contundente triunfo del rechazo ciudadano a la minería en Cajamarca, y el segundo, la terrible tragedia de Mocoa.

Los ciudadanos de Cajamarca, con el respaldo moral de millones de colombianos, le dijo No (98%) en una consulta popular a la posibilidad de desarrollar minería en su territorio, uno de los más importantes productores de alimentos del centro del país. En sus montañas nacen varios de los más importantes ríos, que son la garantía de desarrollo para varios municipios del Tolima.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de la decisión popular, el ministro de Minas, un oscuro funcionario vallecaucano, apadrinado por el exministro de Hacienda y actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció por todos los medios y con total contundencia, que el gobierno no respetará la determinación de los cajamarcunos y que la Consulta no es vinculante.

Germán Arce Zapata es el ministro que se atreve a pronunciarse más como un promotor de la AngloGold Ashanti, que como un funcionario que debe respetar las leyes. Su recorrido por el sector público es amplio, pero decepcionante. Como viceministro de Hacienda y Director de Crédito Público fue un alma errante por el edificio de San Agustín. Llegó posteriormente a la presidencia de la Agencia de Hidrocarburos, pero los funcionarios no recuerdan ninguna gestión importante en los 10 meses que estuvo allí.

Arce Zapata luego accedió a la dirección del Fondo de Adaptación, con un presupuesto de 1,5 billones anuales y su trabajo en pro de la reconstrucción de los territorios que sufrieron los embates de la ola invernal de 2010, fue un fracaso rotundo. Una de las misiones que le encargaron fu la reconstrucción de Gramalote y le quedó tan grande el compromiso, que el propio presidente Santos lo regaño en público por su ineficiencia, sin embargo, meses después lo nombró ministro de Minas como cuota del Partido Conservador.

De otro lado, cuando el país apenas estaba comenzando a evidenciar el ingreso de la primera temporada de lluvia, se presentó en Mocoa una tragedia que está cobrando, de momento, cerca de 310 víctimas mortales. Este es el segundo hecho paradigmático.

Estudios habían advertido de los riesgos de inundación o de avalancha de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos a través de estudios técnicos. En la Cámara de Representantes también se había advertido en 2015 sobre los peligros que se cernían sobre la población. No valieron las cartas de un Congresista para que se tomaran acciones urgentes de prevención en los ámbitos nacional y regional. Los alcaldes siguieron autorizando construcciones en terrenos con riego no mitigable por deslizamiento o inundación y la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía se lavó las manos asegurando que el tema de los riesgos no era de su competencia.


El procurador Fernando Carrillo ha anunciado investigaciones  (y todos le creemos que lo hará). Ojalá se llegue a las últimas consecuencias. Que no sólo se investigue y sancione la negligencia de funcionarios nacionales y territoriales que por su omisión permitieron una tragedia de grandes proporciones, sino también al ministro Arce, que con forzados argumentos tecnico-jurídicos intenta desconocer una decisión popular y abraza, como suyos, sin ninguna clase de escrúpulos, los intereses del capital privado y muy especialmente el de las transnacionales, en vez de defender a una comunidad que lucha por no permitir que sus ríos sean contaminados, que sus montañas sean destruidas y que su territorio entre en conflictos, especialmente sociales, porque como todos sabemos, donde hay minería, hay delincuencia y pobreza. 

lunes, 30 de enero de 2017

MAURICIO VEGA PONE UN PUNTO MUY ALTO EN EL LIDERAZGO PEREIRANO

No hay duda que el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Pereira es un aporte sustancial a desarrollo de la capital de Risaralda y su inauguración es el único hecho trascendente en la celebración de los 50 años del Departamento.

El gestor y promotor de la idea de dotar a Pereira de un centro de convenciones es el abogado Mauricio Vega Lemus, que además se lanzó a la dificilísima tarea de asegurar su financiación y lograr que cada peso conseguido se invirtiera adecuadamente en esta obra.

Vega Lemus ha tenido la oportunidad de ocupar en dos ocasiones la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira y en ambas oportunidades ha dejado su impronta. En la primera ocasión su legado fue el Centro Internacional de Exposiciones, que ha aportado decididamente en los últimos años a la economía local y al desarrollo urbanístico de la ciudad.

La importante infraestructura que se inaugura este primero de febrero con motivo del primer medio siglo de creación de Risaralda, tuvo el pleno respaldo técnico y económico del gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Económico. Dos personas fueron esenciales para este logro: el presidente Juan Manuel Santos y la exministra Cecilia Álvarez.

Mauricio Vega tiene una gran cercanía personal con el Presidente y la exministra, al punto que el primer mandatario le ofreció hace algunos meses el Ministro de Educación, el cual este agradeció y no aceptó. Además, ocupó con lujo de detalles la gerencia nacional de la campaña por el Sí en el Plebiscito por la Paz.

A nivel local, Vega tuvo la capacidad para lograr que tanto alcaldía como gobernación hicieran aportes para este Centro de Convenciones. E instó a los pereiranos para que, reeditando viejas gestas cívicas, hicieran aportes y tuvo una estupenda respuesta.

Además del liderazgo que tiene Vega Lemus en el desarrollo de obras de infraestructura desde la Cámara de Comercio de Pereira, él ha sabido coordinar proyectos de gran envergadura, como la modernización operativa de la entidad para atender el registro mercantil; ha creado e incentivado programas de fortalecimiento del emprendimiento joven; ha liderado planes para asegurar la inversión de empresas nacionales y extranjeras en la ciudad; tiene sensibilidad por los proyectos de formación, capacitación y actualización para los empresarios pereiranos. En fin, sus ejecutorias son amplísimas.

Los buenos resultados que evidencia Mauricio Vega ojalá algún día trasciendan la gestión gremial y puedan tener el pleno respaldo de los pereiranos para que asuma responsabilidades que le aporten a este territorio liderazgo, gestión y realizaciones, de las cuales hemos estado tan huérfanos en los últimos tres lustros.

domingo, 11 de diciembre de 2016

EL DE RISARALDA, UN GOBIERNO INSUSTANCIAL

La última década del siglo XX, fue una carrera frenética en pro del desarrollo de Risaralda. Roberto Gálvez lideró el proyecto “Risaralda una empresa con futuro”. Diego Patiño Amariles se comprometió en su segunda gobernación con “El desarrollo al servicio de la gente”. Carlos Arturo López Ángel, le apostó a “Es tiempo de sembrar”.

Gálvez, Patiño y López fueron funcionarios sobresalientes de diferentes gabinetes departamentales. Fueron parlamentarios liberales.  Destacaron por un liderazgo político y social, que permitió un desarrollo acelerado de los municipios, que mejoraron sus infraestructuras, la oferta institucional de bienes y servicios y, por ende, la calidad de vida de las personas. Fue un momento cumbre para Risaralda.

Sin embargo, los últimos 16 años han sido nefastos para el Departamento. Se instauró por parte de los gobernadores la deplorable práctica de un asistencialismo a raja tabla, buscando ya no promover un modelo socioeconómico incluyente y sostenible, sino la conformación de una masa informe de votantes, que cambian su sufragio por tejas, ladrillos o mercados.

Esta fórmula resultó siendo muy exitosa para los gobernadores Cifuentes, Botero y Tamayo. Alguno pudo repetir cargo, mientras los otros tuvieron oficinas en el Congreso. Pero los perdedores fueron los municipios risaraldenses que, con excepción de Pereira y Dosquebradas, vieron cómo el progreso que alcanzaron en el pasado, se empezó a esfumar.

Desde hace un año ejerce el cargo de Gobernador de Risaralda el abogado conservador Sigifredo Salazar. Su fórmula sigue siendo la misma de sus cuatro predecesores: asistencialismo e intervención en política.

Mientras desde la Gobernación se distribuyen dádivas a las familias de los municipios, el Departamento observa cómo las vías secundarias que conectan a los municipios se deterioran. El desempleo en estas localidades crece. La pobreza se reproduce. La atención de salud es un dolor de cabeza. La calidad de la educación es una pesadilla. La migración es incontrolable. El plan de alimentación para los estudiantes es una tragicomedia. En fin, el subdesarrollo se instala y amenaza con volverse estructural. Las buenas calificaciones que se alcanzan en las estadísticas nacionales para el departamento, se deben a que Pereira y Dosquebradas las impulsan.

Los resultados del primer año de gobierno del abogado Salazar producen desencanto, porque son insustanciales en términos de crecimiento y desarrollo. Pero muy seguramente su imagen, como la de sus predecesores, está en alza gracias a su café televisivo, a sus visitas permanentes a los municipios y a la distribución de ayudas entre la comunidad.


Lo preferible para los risaraldenses sería ver a un gobernador impulsando una transformación del Departamento, tal como lo hicieron Gálvez, Patiño y López en su oportunidad, y no compitiendo para la historia (con Tamayo, el del chorizo más grande del mundo) por lograr insertarse en el libro Guinness con el Mejor Plato de Natilla del Mundo.

viernes, 17 de junio de 2016

SANTOS ESTÁ DICIENDO UNA VERDAD INCONTROVERTIBLE SOBRE LAS FARC

Es apenas obvio que, si los diálogos de La Habana fracasan o si los colombianos votan negativamente en el plebiscito, las FARC harán lo que siempre han hecho: la guerra, y tendrán la posibilidad de ampliar su radio de acción principal del campo a la ciudad, sembrando el terror.
Por eso es tan poco comprensible que se haya levantado tal polvareda con unas declaraciones del presidente Santos, en las que simplemente indica cuáles son las consecuencias de que el conflicto armado no se supere.
Las FARC son una banda de delincuentes que tienen como propósito sembrar el terror. Ellos han accedido a dialogar con el gobierno para dejar las armas e involucrarse en la vida civil, política e institucional.
Ante esta realidad, un grupo importante de colombianos, casi todos residentes en las áreas urbanas, dirigidos por voceros de la derecha, han señalado que esta sería una paz con impunidad, y han decidido lanzar una campaña para que se niegue por voto popular los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Algo totalmente válido desde el punto de vista democrático.
Sólo que, si no hay un acuerdo de paz con el más importante grupo ilegal, este seguirá delinquiendo, y muy seguramente hará sentir su presencia en las áreas urbanas colombianas, donde vive el 76% de la población, que esencialmente ha estado alejada de los impactos del conflicto armado.
Dado que en el sector urbano los actos guerrilleros son marginales, no se tiene la dimensión de lo que significa el conflicto armado para habitantes de alrededor de 300 municipios, todos muy pequeños y con altos índices de ruralidad. Pero la realidad es que los habitantes de las ciudades son los que realmente van a decidir si hay o no acuerdo con las FARC, porque son la gran mayoría de electores.
Se ha dicho hasta la saciedad que las balas y las bombas disparadas por la guerrilla muy eventualmente han afectado a las ciudades, y que las acciones se concentran en las áreas rurales. Sin embargo, los efectos del conflicto armado traducidos en desplazamiento, han generado serios problemas sociales en las ciudades, especialmente por el aumento de la pobreza, el desempleo y la marginalidad.
A nadie debería asombrar que el presidente Santos salga a advertirnos a los colombianos los efectos de un proceso de paz fracasado y las consecuencias de la vigencia de una guerra eterna, especialmente para quienes vivimos en las ciudades. Claro, esa clase de verdades no son bien recibidas, especialmente cuando provienen de un Presidente que tiene una aceptación popular menor al 20%; adolece de una adecuada estrategia de comunicación con los ciudadanos; se le ve distante de la gente; y se enfrenta a una movilización popular dirigida por contradictores muy poderosos.
Lo que es cierto es que, si las negociaciones fracasan bien en la mesa de La Habana o en las urnas, las FARC no van a salir cabizbajos y derrotados, sino que pondrán a funcionar su máquina de guerra y las consecuencias se medirán en más muertos, más viudas, más huérfanos y más afectaciones económicas, muy seguramente ya no solo en el campo, sino también en las ciudades. No nos podemos llamar a engaños en este tema.

Si la paz gana, es obvio que Colombia asistirá a un hecho histórico, donde una agrupación dedicada al terror, dejará sus armas y buscará ingresar a la civilidad, y para esto debemos estar preparados los ciudadanos, abriendo los espacios que la democracia ofrece.

lunes, 16 de mayo de 2016

MIGUEL URIBE CRUCIFICADO EN LAS REDES Y NADIE LO DEFIENDE

El sábado en la noche el periódico El Espectador publicó una noticia en la que denunciaba que la Secretaría de Gobierno de Bogotá culpó a Rosa Elvira Cely de su propia muerte. Los términos de la argumentación oficial ante una demanda interpuesta por la familia de Cely, no podían ser más indignantes. Una infamia de marca mayor.

Luego de 11 horas de publicada la información, y ante una impresionante avalancha de críticas a través de las redes sociales, el alcalde Peñalosa emitió un comunicado indicando que se debía rectificar y revisar el concepto jurídico de la Secretaría de Gobierno.

La reacción del Alcalde de Bogotá fue bastante tardía y permitió que los indignados ciudadanos lo atacaran a través de todos los medios de comunicación, especialmente de Twitter.

Pero la peor parte la llevó Miguel Uribe Turbay, Secretario de Gobierno, quien reaccionó 18 horas después de haberse publicado la noticia, y 7 horas más tarde que su jefe el Alcalde le ordenara rectificar.

Los ataques contra Uribe Turbay fueron despiadados en las redes sociales. Los insultos se vinieron en cascada. Y la exigencia que más se le hizo fue que renunciara.

El Secretario de Gobierno dio cabida con la actuación de su equipo jurídico y su propia incapacidad para reaccionar a tiempo ante una noticia que indignó a la casi totalidad de ciudadanos, a que lo pusieran contra las cuerdas y lo crucificaran públicamente. Lo más impactante, es que nadie salió en su auxilio.

Uribe Turbay dijo que él no conocía el concepto y que la responsable de este tema ya había presentado su renuncia. La explicación exacerbó los ánimos. La gente no aceptó sus excusas, y le recordaron un tuit que él publicó a finales de 2015 en contra del entonces alcalde Petro: “El Alcalde traslada su responsabilidad de gobernar y culpa a terceros por sus desaciertos o poca gestión”.

Adicionalmente, la editora judicial de El Espectador, Diana Durán, le dio un mentís a las disculpas del Secretario de Gobierno sobre el presunto desconocimiento que tenía sobre el tema, y en twitter afirmó “Sr @MiguelUribeT: a su of. de prensa se le indicó con precisión de qué era el tema. No mienta en mi nombre, x favor”. El periódico comunicó desde el jueves pasado a la Secretaría de Gobierno que publicaría la información.


Este grave incidente afecta mucho más la imagen del alcalde Peñalosa, que en las últimas encuestas acumula una opinión negativa cercana al 60%. Deja muy mal parado a Miguel Uribe como ejecutivo. Y abre la discusión sobre la capacidad profesional, el sentido común y el humanismo de los funcionarios que están al servicio del Distrito.

martes, 2 de febrero de 2016

ME GUSTA LO QUE HACE GALLO

A mí me gusta lo que está pasando en el gobierno de Pereira. Al frente de la administración hay un Alcalde que toma decisiones, la mayoría de ellas sencillas, que son el resultado de aplicar el sentido común, y que están generando cambios y respuestas positivas en la percepción de la opinión pública.

El alcalde Juan Pablo Gallo entendió que había que actuar rápido en temas críticos como la movilidad, la ocupación del espacio público, la excesiva contratación de prestación de servicios y los innecesarios gastos de funcionamiento. Lo está haciendo y ya se tienen algunos resultados positivos.

Obviamente, es muy prematuro exigirle al alcalde Gallo que solucione los gravísimos problemas que se generaron en el gobierno del Partido de la U. Pero ya comenzó a andar por el sendero correcto.

Este sendero, empero, está lleno de espinas y de muchos obstáculos. El primero de ellos relacionado con los recursos financieros, que tiene sus principales bemoles en un alto endeudamiento público, la suspensión provisional del cobro de valorización y la necesidad de continuar con la ejecución de las obras, y la falta de claridad de cómo se utilizaron los dineros del Instituto Financiero de Pereira, especialmente los procedentes de la venta de la Telefónica.

Los ciudadanos deben entender que el Alcalde de Pereira está haciendo los mejores esfuerzos, para solucionar gravísimos problemas que impidieron durante varios años que la ciudad pudiera presentar un más rápido desarrollo.

Es necesario darle tiempo suficiente al alcalde Juan Pablo Gallo para que pueda poner la casa en orden e iniciar la ejecución de sus proyectos, esos que marcarán el comienzo del cambio en Pereira.


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ME GUSTA el nombramiento de Gloria Inés Acevedo como Secretaria de Planeación de Pereira y de Johnnier Cardona como Subsecretario. En mejores manos no podía estar esa dependencia. 

viernes, 8 de enero de 2016

¿TODO LO QUE SE DIGA FRENTE A UN PERIODISTA DEBE SER PUBLICADO?

Un periodista ingresó al despacho del alcalde de Pereira en diciembre pasado para gestionar un problema de pagos relacionados con la publicidad que le autorizaron. Y se encontró con un mandatario sólo, desesperado, acongojado e iracundo, que ante la queja del comunicador, descargó toda su furia con palabras de gruesísimo calibre contra sus colaboradores.

El periodista, que llegó al despacho del alcalde de Pereira, Enrique Vásquez, en busca de la solución a un problema personal, no tuvo empachó alguno en recoger la furia del funcionario, transcribirla con total precisión y hacerla pública en su periódico digital.

La actitud del comunicador es abiertamente antiética, porque no le advirtió al funcionario que lo que allí se dijera, en esa reunión de tipo personal, sería publicado.

Por esa falta de rigor periodístico, es que se leen en el libelo una serie de párrafos que bien podrían haber sido grabados en la central de abastos o en una penitenciaria. Y que, sin duda, no los hubiera pronunciado el Alcalde en una entrevista formal. Como debe ser.

La publicación realizada por el portal digital El Comunal, además de ser de pésimo gusto, deja una pregunta, que bien merece ser el centro de un debate ético entre los periodistas pereiranos: ¿Todo lo que se diga delante de un periodista debe ser publicado?


Es evidente que muchos periodistas no saben diferenciar la línea que marca su actividad profesional con las relaciones interpersonales o sus propios intereses.