miércoles, 30 de mayo de 2007

VIVIENDO EN MEDIO DEL RIESGO

Por Humberto Tobón y Tobón


Durante el Régimen Conservador y en la larguísima jornada de violencia ocasionada por la represión oficial luego de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, se inició un éxodo sin retorno de miles y miles de campesinos que poblaron las incipientes ciudades colombianas de mitad del siglo XX. Estos desplazados empezaron a ubicarse en la periferia, agrandando los villorrios de la zona cafetera y en las laderas de los cerros tutelares de las que más tarde serían las principales capitales del país.

Años más tarde, esa violencia política de los dos partidos tradicionales, se convirtió en un derramamiento de sangre generado por el enfrentamiento entre grupos subversivos de corte comunista con el Establecimiento. Posteriormente, vinieron nuevos actores del conflicto que con la bandera de las autodefensas intentaron limpiar con machetes, sierras y metralla a todo aquel que fuera o pareciera un guerrillero. En medio de esta guerra devastadora surgió el narcotráfico con todo su poder económico y militar y logró juntar en un mismo propósito ilícito a guerrilleros y paramilitares, quienes financiaron sus actividades con la droga.

Se desató una lucha sin cuartel por apoderarse de nuevas tierras y eso llevó a un segundo gran éxodo, también sin retorno, pero en condiciones más dramáticas que el ocurrido cinco décadas atrás. Familias enteras tuvieron que dejar sus parcelas, sus cultivos, sus enseres y sus animales y atravesar durante días y noches agrestes montañas, para llegar a sitios inhóspitos en las afueras de las ciudades y tratar de empezar una nueva vida.

Ese desplazamiento cruel del campo a la ciudad de por lo menos un millón de familias en los últimos veinte años, transformó sustancialmente la demografía del país y afectó el desarrollo urbano, creando problemas críticos de marginalidad, que el gobierno tiene la obligación de entrar a solucionar, sacrificando parte de su gasto militar e invirtiendo en esa muchedumbre que cuelga literalmente en los cerros y que habita terrenos deleznables.

Durante los últimos dos años, se cuentan por centenares los muertos que han ocasionado los movimientos de masa, las inundaciones, los temblores, los incendios y los vientos huracanados en esas tierras del olvido, las mismas que la gente no quiere mirar y que sólo son fotografiadas o filmadas en raras ocasiones por personas extrañas que se ocupan de la defensa de los derechos humanos y que para voceros del gobierno son “terroristas de civil”.

La llegada a las ciudades colombianas de flujos migratorios internos apenas comparables con los que sufre África, está generando unos impactos ambientales que las autoridades no se han atrevido a dimensionar: deforestación de los cerros, afectación de las cuencas hidrográficas, aceleración de la erosión, contaminación por deposición de residuos orgánicos, sólidos y líquidos y propagación de enfermedades críticas como la gastroenteritis, leptospirosis y malaria.

La gente que vive en esta marginalidad no sólo necesita un bocado de comida para no morir de hambre. También requiere sistemas de conducción de aguas negras para que no sigan corriendo por el medio de las calles y propagando olores insoportables; piden vivir lejos de los botaderos de basuras para que sus acompañantes no sean los moscos y zancudos; urgen tener sistemas de acueducto de agua potable, para no tomar el líquido de ríos y quebradas llenos de heces y de químicos; merecen tener vías apropiadas y casas dignas para no tener que trepar como micos hasta sus sitios de habitación y poderse cobijar con algo distinto que cartones y plásticos.

Esta es la lamentable realidad de millones de colombianos que viven en medio del riesgo de morir, no sólo por las balas asesinas que disparan todos los actores del conflicto, sino también tapados por un talud de tierra, o quemados en un incendio, o ahogados por una inundación.


Puede visitar el blog http://www.humbertotobon.blogspot.com/

sábado, 26 de mayo de 2007

LA FIEBRE DE LOS EMBALSES

Por Humberto Tobón y Tobón

Es absolutamente cierto que la humanidad requiere embalses para generar electricidad, regular el cauce de los ríos, tener reservas para las épocas de escasez, facilitar el riego en proyectos agrícolas y asegurar el abastecimiento de acueductos. Pero también es cierto que a los gobiernos del mundo se les está yendo la mano con esta clase de infraestructuras, cuyos impactos ambientales son inocultablemente dañinos, porque no permiten la oxigenación de su agua lo cual agota la vida dentro del embalse; impiden la fertilidad de los valles al no poderse irrigar la tierra con nutrientes; son focos de enfermedades peligrosas como la leishmaniasis y la malaria dado que en sus aguas putrefactas se reproducen los insectos transmisores; y afectan la calidad de vida de la gente por la producción de gas sulfhídrico que emite malos olores.

En el mundo existen cerca de 38.000 embalses de más de 15 metros de profundidad y por lo menos un centenar de más de 150 metros concentrados en 50 países, lo que ha originado gravísimos problemas sociales, políticos y económicos para comunidades que vieron disminuir el caudal de sus ríos, e incluso, muchas regiones jamás volvieron a sentir pasar por el lecho de sus tradicionales afluentes una sola gota de agua.

La decisión de construir estas presas surge de la iniciativa gubernamental, que sólo se detienen a mirar un ángulo de la realidad: la necesidad de contener agua para proyectos hidroeléctricos y eventualmente productivos; pero se abstienen de analizar los efectos que este tipo de decisiones ocasionan, especialmente por el obligatorio desplazamiento de miles de familias, la inundación de hectáreas productivas y la afectación de las relaciones socioculturales de las personas que se encontraban localizadas donde ahora se erigen las majestuosas moles de hormigón.

Los embalses retienen el 60% del caudal de las aguas de los ríos del mundo, o sea, alrededor de 5.500 kilómetros cúbicos de agua dulce, con las que se producen 2.000 Twh de energía eléctrica[2]

Frente a los evidentes daños ambientales que la proliferación de embalases ha irrigado por todo el mundo, miles de personas han elevado su voz de protesta, cada vez más airada y con más argumentos técnicos, políticos y económicos, para impedir que se siga encapsulando un recurso que debe correr libre para poder ser utilizado por la mayor cantidad posible de seres humanos[3]. Producto de la resistencia social el 14 de marzo de todos los años se conmemora el Día Internacional contra los grandes embalses, aprobado en 1997 en un encuentro realizado en Curitiba – Brasil en el que se participaron representantes de comunidades afectadas por represas.

La situación de Colombia en este tema es preocupante, dado que afecta directamente a las comunidades que limitan con los 24 embalses que están en funcionamiento y que acumulan cerca de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, los cuales están destinados casi que exclusivamente a la generación hidroeléctrica. También impacta a las personas, organizaciones y proyectos productivos que requieren tomar las aguas sobrantes de las represas. Las preocupaciones radican en el hecho de que el manejo técnico que se hace de estas presas es bastante deficiente en términos de tiempo de retención de las aguas, ausencia de limpieza previa de los terrenos antes de las inundaciones, mala calidad de las aguas que los surten periódicamente e ineficiente tratamiento que se les hace durante la operación.

El inadecuado manejo de embalses ha obligado a la intervención del Ministerio del Ambiente en Colombia, pero sus decisiones, bastante tolerantes, no se han convertido en un elemento definitivo para superar el problema de eutrofizados, que no sólo genera malos olores (quienes llegan a Bogotá por el sur sienten los olores nauseabundos del Muña) sino también daños irreparables a los ríos donde vierten sus aguas y, además, incuba un grupo de insectos que pone en serio riesgo la vida de los habitantes cercanos.

La falta de políticas claras por parte del Minambiente y de muchas autoridades ambientales en torno al manejo de los embalses se debe a los intereses económicos de las hidroeléctricas, pues prefieren arriesgar el bienestar de la gente y permitir altos niveles de contaminación y degradación de los recursos, antes que ordenar el cierre de las presas para que sean sometidas a revisiones técnicas y disminuyan sus impactos naturales, los cuales son mayores que los resultados positivos que se pueden obtener de producir y vender energía.


[2] José Santamarta Flórez director de World Watch. Revista World Watch nº4. Tomado de www.ecoportal.com
[3] Según Nacionales Unidas, 1.200 millones de personas en el planeta no tienen fácil acceso a agua potable.

LOS DEPREDADORES AMBIENTALES

Por Humberto Tobón y Tobón

Ojalá no existieran normas legales de protección ambiental para muchos empresarios privados, quienes las consideran talanqueras para sus propósitos de ensanchar inversiones e incrementar utilidades.

Estos empresarios se duelen porque hay una legislación ambiental que los sanciona cuando arrojan desechos químicos a los ríos, o ubican chimeneas en las fábricas, o hacen ruido excesivo en áreas residenciales, o lanzan a la calle los residuos peligrosos. Sus voces se levantan airadas porque esa clase de actitudes del gobierno son las que impiden que haya más crecimiento económico.

Un grupo muy representativo de inversionistas no creen que sea transparente la internalización de los costos de abatimiento de la contaminación, y defienden la tesis de que estos deben ser asumidos por toda la sociedad. En su concepto el principio de que “quien contamina paga” afecta sus niveles de competitividad, pues deben traspasar esos costos a los compradores finales de sus mercancías.

Para los miembros de este “exclusivo club de contaminadores”, las exigencias que hacen las autoridades comerciales de la Unión Europea sobre producción limpia, no son más que barreras paraarancelarias. Son contrarios a que sus gobiernos se sienten a negociar tratados bilaterales donde se planteen condiciones ambientales y fitosanitarias mínimas.

No están de acuerdo con el ISO 14.000, ni con los Sellos Verdes, ni con empaques reciclables. Mucho menos con impuestos por contaminación, ni con instrumentos económicos ni con medidas coercitivas.

Son indiferentes a los impactos negativos de sembrar ciertas especies que deterioran la calidad de la tierra. Atacan a las organizaciones ambientalistas que aconsejan no seguir ampliando las zonas agrícolas. Se duelen porque no se puede explotar comercialmente el bosque natural.

Son defensores a ultranza del uso ilimitado del carro. No creen en los informes científicos sobre el calentamiento global. Aman la gasolina y promueven estudios para que defiendan los beneficios de la combustión del carbón.

Esta cofradía de empresarios auspicia urbanizaciones para la pobrería en tierras susceptibles de riesgos por inundaciones, movimientos en masa o erosión. Son destacados comerciantes de fungicidas e insecticidas. Invierten en negocios relacionados con aerosoles y clorofluorocarbonados.

El poder que ejercen social, económica y políticamente es de tal magnitud que hace que muchas decisiones de gobierno sean echadas para atrás, pues afectan sus intereses particulares. Sin embargo, en ocasiones se encuentran con funcionarios responsables que no están dispuestos a ceder a sus caprichos. Este fue el caso de la CARDER[2], donde su equipo directivo se ha negado sistemáticamente a permitir que constructores privados (e incluso, públicos) desarrollen proyectos habitacionales en zonas que no cuentan con servicios públicos básicos; en terrenos inestables que pondrían en serio riesgo a las familias; en zonas que no tienen posibilidades de hacerle un tratamiento adecuado a las aguas residuales; y en sectores donde sería necesario deforestar muchas hectáreas de bosque.

La actitud asumida por la CARDER descuella ante la indiferencia de funcionarios públicos, quienes prefieren proteger el capital privado antes que al interés general. Es más valiosa para ciertas autoridades una zalema de los empresarios que la protección del medio ambiente.

Los dueños del capital que son insensibles a la tragedia ambiental, los funcionarios abyectos y los ciudadanos desinformados, deben comprender que el mundo está mirando con mayor atención lo que le está ocurriendo a la naturaleza, y por eso los jefes de las siete grandes naciones se centraron en analizar la relación pobreza-ambiente, y luego en la conferencia económica mundial de Davos, hablaron por primera vez de los efectos de la contaminación y el calentamiento global.

El mundo está mirando con desprecio a los depredadores ambientales.

[2] Autoridad ambiental en el departamento de Risaralda - Colombia

NUEVOS RICOS EN COLOMBIA

Por Humberto Tobón y Tobón

La Directora Nacional de Planeación, Carolina Rentería, ha dado a conocer la noticia más importante de la década: La ocurrencia del “milagro colombiano”, consistente en que durante los cuatro últimos años el 11% de la población se volvió rica, debido a que gana por lo menos 460 dólares al mes. En otras palabras hay un 11% menos de pobres.

La funcionaria también ha dicho, sin sonrojarse, que el ingreso del 20% de los ciudadanos más ricos se disminuyó en el 8%, en contraste con el 50% de los más pobres que vieron cómo sus alforjas crecían un 36%. O sea, que el crecimiento económico fue a parar a manos de los pobres y que los “pobres ricos” de la construcción, las telecomunicaciones, la banca, los automotores y las manufacturas apenas sí se beneficiaron un poquito con el buen comportamiento del PIB.

La señora Rentería, con una serenidad pasmosa, cuenta que en general el ingreso de los nacionales dentro del país creció un 18% durante los últimos cuatro años, sin que explicara el efecto de la reforma laboral que le quitó a los trabajadores horas extras y recargos nocturnos.
En su cara no se produjo ningún rictus cuando dijo que el estudio de la Misión para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad se realizó en once ciudades y no explicó por qué no se incluyó en esa investigación al departamento del Chocó, donde según la Defensoría del Pueblo murieron 37 niños de hambre en los últimos meses.

En su exposición no hizo contrastaciones con el aumento del nivel de desempleo revelado por el DANE, ni se refirió al anuncio de Bienestar Familiar de que en la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, entre el 45% y el 60% de los niños están desnutridos. Tampoco hizo alusión al informe de la Superintendencia de Servicios que reconoce que el 53% de la población colombiana no tiene acceso a agua potable.

Su expresión fue de alegría al afirmar que la pobreza en Cartagena se redujo en el 67%. Cartagena es un larguísimo cordón de miseria, donde la gente no tiene empleo, ni servicios públicos, ni vías pavimentadas, ni familias integradas, ni educación para los niños.
Para la señora Rentería no tienen ninguna importancia la desnutrición, el desplazamiento, la ausencia de saneamiento básico, el desempleo y la marginalidad social en el cálculo de la pobreza colombiana. Lo sustancial para ella era dividir las utilidades obtenidas por la economía entre 41 millones de personas y afirmar que ahora hay 1,2 millones de nuevos ricos en el país.

Y además, la funcionaria estuvo movida por un ánimo patriótico: defender al presidente Uribe y mostrar que sí hay política social y que no son ciertas las clasificaciones internacionales que dicen que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

EL AGUA Y LOS CONFLICTOS POLITICOS

Por Humberto Tobón y Tobón

Durante las diferentes cumbres mundiales relacionadas con el medio ambiente, siempre ha surgido la crisis del agua como un tema central en las discusiones. Producto de ello se han firmado acuerdos tendientes a reducir entre 2000 y 2015 el número de personas con carencia de agua potable e instalaciones sanitarias básicas. En otras palabras, se pretende asegurar agua para 1.000 millones de personas, o sea, incorporar al sistema de abastecimiento a 182.000 diariamente. Las inversiones iniciales se calculan en $12.000 millones de dólares anuales a nivel mundial, lo que deja claro que la crisis se puede superar si hay buenos gobiernos comprometidos con políticas eficientes en favor de este recurso.

Sin embargo, los resultados de esos acuerdos multilaterales se han quedado en retórica, pues en el primer lustro del siglo XXI no se tomaron las decisiones políticas necesarias para romper la tendencia creciente de la contaminación del agua y la caída de su oferta. “En los últimos 25 años no se ha alcanzado prácticamente ninguno de los objetivos trazados para mejorar la gestión de los Recursos Hídricos” (ONU)

Es evidente un alto grado de desinterés de la mayoría de los dirigentes mundiales por la ocurrencia de esta crisis del agua, la que según las Naciones Unidas gravita sobre el planeta y causará grandes penurias a las personas que viven en los países en vía de desarrollo.

La carencia del liquido se ha extendido a tal velocidad, que incluso afecta a aquellos países con grandes reservas, que no las pueden consumir dados los altos niveles de contaminación y la imposibilidad económica para enfrentar la potabilización.

Esta realidad política que encierra el tema del agua, tendrá repercusiones drásticas en todo el mundo, al punto de disminuir la capacidad de muchos países para alimentar a las familias y prevenir daños en su salud.

El abastecimiento cada vez menor, unido al crecimiento constante de las ciudades por la presión de un número mayor de habitantes, ha llevado a que muchos analistas consideren que es posible que se desate un conflicto mundial para tener el dominio de las fuentes de agua. El botín ya no sería el petróleo.

En la comunidad internacional es claro que el agua sirve como un arma estratégica en términos políticos y económicos. La siguiente historia es muy ilustrativa: Turquía realiza grandes proyectos hidroeléctricos utilizando las aguas del Tigris y el Éufrates y no le permite a su vecino Irak (aguas abajo) acceder fácilmente al líquido si este no le oferta petróleo a bajo precio. Dicho de una manera más clara: si hay petróleo barato se permite que las aguas fluyan. Si aquello no sucede, simplemente se represa el caudal de esos dos importantes ríos.

Los ríos que tienen más posibilidades de convertirse en focos de hostilidad son aquellos que no garantizan la mínima cantidad de agua para satisfacer toda la demanda y, además, que no están regulados por tratados relacionados con la distribución equitativa del líquido entre los países que hacen parte de una misma cuenca. Los ejemplos más sobresalientes de esos posibles focos son: Ganges, Nilo, Jordán, Tigris-Eufrates, Amy Dar’ya y Syr Dar’ya.

Naciones Unidas ha alertado sobre la necesidad de que los políticos y la sociedad civil se enteren sobre cuáles son las causas de la crisis, para que tomen mejores decisiones, pues si eso no ocurre, este recurso se volverá más escaso, costoso y centro neurálgico de conflictos.

PEDANTES ARRINCONADOS

Por Humberto Tobón y Tobón

El gobierno de los Estados Unidos reiteradamente ha asumido una actitud pedante frente a los temas relacionados con el medio ambiente, haciendo gala ante el mundo de que por el hecho de ser la más grande potencia económica y militar tiene licencia para hacer lo que se les viene en gana, incluso, emitir el 25% de gases que incentivan el calentamiento global, a pesar de sólo tener el 5% de la población.

La arrogancia de los funcionarios americanos se puede sintetizar en la siguiente frase pronunciada en 2005 por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, al referirse a las posibilidades de que Estados Unidos reconsiderara su posición frente al Protocolo de Kioto y lo suscribiera en el futuro cercano: “Es muy dañino y negativo para la economía de los Estados Unidos. No es parte de nuestro futuro”.

Lo que dijo la señora Rice se une a los planteamientos hechos por los presidentes Clinton y Bush, y por un centenar de científicos y escritores pagados por las industrias petrolera, automotriz y química, para quienes el calentamiento global hace parte de un discurso político que intenta afectar la economía capitalista y restarle importancia al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, después del desastre del Katrina que afecto a Florida, Bahamas, Luisiana y Misisipi, donde murieron 1.422 y se produjeron pérdidas por 80 mil millones de dólares, la base social norteamericana empezó a presionar explicaciones oficiales y encontró que los 29 ciclones que golpearon con especial fiereza el sur y el centro de los Estados Unidos en 2005 fueron ocasionados por el calentamiento global, el mismo fenómeno que las autoridades habían menospreciado durante tanto tiempo.

El gobierno norteamericano se vio presionado a analizar con detenimiento el problema climático y ha tenido que empezar a entregar más información pública sobre el tema. Por esta razón, la gente sabe que no son elucubraciones las conclusiones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y que el futuro se muestra bastante sombrío si no se toman las medidas de choque correspondientes. Una de esas situaciones críticas afectaría a Nueva York, donde las mediciones de los científicos aseguran que ocurrirán inundaciones hasta de nueve metros de alto que acabaría con gran parte de la base económica de Estados Unidos. Es menester recordar que en el área metropolitana de esta ciudad financiera ya hubo hace 70 años vientos con velocidades internas de 200 kilómetros e inundaciones por oleajes de casi cuatro metros, que ocasionaron la muerte de 600 personas. También ocurrirán desastres en las décadas próximas en ciudades costeras como Atlantic City, New Jersey, Portland, Georgia y Carolina del Sur.

Y claro, cuando a los gringos se les habló de que podrían ver afectada su economía por estos fenómenos naturales, entonces empezaron a auscultar soluciones drásticas, entre ellas, según lo dijo Bush, reducir en los próximos diez años un 20% de los combustibles que utilizan actualmente los automotores, los que serán reemplazados con biocombustibles. Esa fue la razón para que el presidente de ese país viajara a Brasil y Colombia, buscando que estos conviertan sus biomasas en etanol y se lo vendan a bajos precios.

Estados Unidos no está preparado acordemente para enfrentar el actual desmadre meteorológico que se traducirá en más potentes huracanes, desertización, deshielos de los polos, crecimiento del nivel del mar y redistribución de las lluvias y del régimen hídrico. Los gringos creyeron equivocadamente que los fenómenos de la naturaleza sólo afectarían a la pobrería mundial. Ahora sus acciones de emergencia tienen costos muy elevados para la economía, la que incluso podría entrar en crisis y perder niveles de competitividad frente a Europa, continente que desde hace más de seis años se están preparando para enfrentar la crisis del clima.

EL HAMBRE ATACA

Por Humberto Tobón y Tobón[1]

Naciones Unidas y el Banco Mundial coinciden en que el mundo tiene 3.000 millones de personas viviendo en la pobreza y que 700 millones de ellas cabalgan sobre la línea de la indigencia, padeciendo entre muchos problemas el del hambre, que le cobra la vida a 12 millones cada año. Mientras esto ocurre, el 17 por ciento de los alimentos se pierden por problemas de manipulación en la cosecha y la poscosecha y un 3% son destruidos por los productores para controlar los precios y garantizar sus utilidades.

Las personas hambrientas viven mayoritariamente en los países marginados, los que no tienen acceso a tecnologías apropiadas para la producción, y donde los habitantes, en su afán de conseguir alimento, han utilizado técnicas predatorias del suelo y arrasamiento del bosque, que hacen que la miseria se reproduzca a velocidad inverosímiles. Se piensa que debido a esta situación, la pobreza podría incrementarse un 70% en los próximos 50 años, cuando la población mundial llegue a los 10.700 millones de personas[2].

La evidencia muestra que el mundo produce alimento suficiente para atender las necesidades de todos sus habitantes, pero no existe una eficiente política distributiva que garantice que todos tengan acceso en igualdad de condiciones a la comida. Las famélicas figuras de los pobres de África, Asia y centro y sur América, ponen sobre la caldera una discusión ética y política de gran trascendencia: ¿cómo se puede romper la espiral de pobreza en el mundo?

La respuesta parece encontrarse inicialmente en la adopción de una política de producción de alimentos en los países más pobres, mediante la utilización de tecnologías avanzadas y el uso de semillas mejoradas, que debe ser liderada y financiada por las naciones más desarrolladas. En el entre tanto, se debe aplicar un plan eficiente de distribución de comida.

Complementariamente, los países ricos y los organismos internacionales de crédito, deberían cambiar la deuda externa de las naciones pobres por seguridad alimentaria y aire puro, obligando a los gobiernos receptores de esta ayuda a redireccionar tanto su modelo de desarrollo como las prioridades de la inversión, buscando con ello, esencialmente, que sean autosostenibles y cuenten con infraestructuras modernas.

Hace un lustro, los líderes mundiales anunciaron un plan de ocho puntos como los Objetivos del Tercer Milenio, siendo el del combate a la pobreza, el eje central. Se pusieron como meta que antes de 2015 la pobreza mundial tendría que disminuir un 50%. Pero los avances son insignificantes, primero, por falta de voluntad política de los gobiernos que suscribieron dichos Objetivos; segundo, porque las administraciones públicas de los países del tercer mundo no los han acogido internamente en sus planes de desarrollo; y tercero, porque el crecimiento poblacional, aunque cedió en términos relativos, las cifras absolutas son aterradoras: el planeta debe soportar 90 millones de nuevos habitantes cada año.

En el caso colombiano, aunque las cifras oficiales son “estadísticamente optimistas” sobre la reducción de la pobreza, la realidad muestra unos interminables cordones de miseria en las grandes ciudades, en tanto departamentos como Córdoba, César y Chocó, para sólo mencionar algunos, tienen una población urbana de pobres cercana al 90%. El área rural del país, por su lado, evidencia indicadores críticos en todas las variables sociales.

La pobreza, la miseria, la desnutrición y la muerte por hambre, son tragedias sociales que desdicen mucho del género humano.

[2] Cálculos del Fondo para la Población de las Naciones Unidas
BIOCOMBUSTIBLES: UN NUEVO FOCO DE CONFLICTO

Por Humberto Tobón y Tobón

El presidente Bush salió a buscar biocombustibles en el mundo, con el fin de enfrentar los altos precios del petróleo y asegurarse un puesto privilegiado en el mercado de nuevos carburantes, donde sin duda pondrá las condiciones de calidad, precios y producción, y de paso beneficiará a varias transnacionales productoras de semillas genéticamente mejoradas.

La decisión del presidente de Estados Unidos no se puede entender como un cambio de posición oficial con relación al calentamiento global o una actitud benévola frente al desastre ecológico del mundo. Los temas ambientales poco le importan al gobierno americano. Su determinación de buscar combustibles de origen vegetal obedece a una lógica política que pretende restarle poder a las naciones productoras de petróleo, la mayoría de ellas contrarias a los intereses del imperio.

Bush ya visitó varias naciones, entre ellas Brasil y Colombia, las cuales serán proveedoras del etanol que Estados Unidos requiere para mover su impresionante parque automotor. Los gobiernos de estos dos países se sintieron halagados de que el coloso les ofreciera un negocio muy rentable. El presidente colombiano Álvaro Uribe anunció que tiene seis millones de hectáreas listas para ponerlas a producir en pro de las energías renovables.

Sin embargo, la rentabilidad de los biocombustibles hay que evaluarla con mucho cuidado desde varios ángulos: ambiental, productivo, social y económico. En el ambiental, hay certeza de que el etanol, por ser de origen vegetal, no afectará el entorno natural, pero sus promotores obvian de manera subrepticia explicar que todo el ciclo mecanizado de procesamiento, refinación y transporte se hace utilizando, en la mayoría de los casos, carbón, originando impactos negativos en la atmosfera y contribuyendo al calentamiento global. Los impactos ambientales son igualmente negativos debido a la homogenización de la producción, para lo cual es necesario utilizar semillas transgénicas, reduciendo dramáticamente la diversidad biológica y haciendo desaparecer muchas especies endógenas, sometiendo de paso a los cultivos a graves amenazas fitosanitarias r induciendo el uso indiscriminado de fungicidas y plaguicidas. A los carros poco les importa si la materia prima es el resultado o no de una producción limpia. También hay efectos negativos en la presión que se ejerce sobre los bosques para ampliar el área cultivable, el daño de los suelos y el sobreuso del agua.

En lo productivo, se ha comprobado en Estados Unidos, el segundo productor mundial de biocombustible, que para poder lograr un litro de etanol es necesario utilizar una gran cantidad de materia prima. Por ejemplo, allí se destinaron el año pasado 500 mil toneladas de maíz para producir 90 millones de litros de etanol. Datos como este llevan a la convicción de que “con la cantidad de cereales que se necesitan para llenar el tanque de una camioneta se puede alimentar una persona un año entero”[2] Esta realidad productiva obliga a que se deba recurrir a una agricultura intensiva y homogénea que acabará con la diversidad alimenticia y podría poner en serio riesgo la seguridad alimentaria de los países.

En lo social, el mundo asistirá a un espectáculo deprimente: millones de toneladas de cereales, tubérculos y oleaginosas pasarán en camiones con destino a las refinerías, mientras millones de seres humanos no tendrá qué comer, y los pocos alimentos a los que puedan acceder serán a precios inalcanzables. Hace poco al hablar sobre este tema, un experto economista me refutaba mi teoría sobre los peligros de los biocombustible, señalando que por fin los cultivadores podrán tener un mejor precio por su producción. Pero a él se le olvidó que en sociedades tan pobres como las latinoamericanas no es posible que haya un número significativo de compradores de alimentos costosos. Además, la ineficiencia de las políticas públicas hará que sea imposible controlar el volcamiento de los productores en favor de aquellos cultivos que tienen, por lo menos en teoría, un mercado seguro y abandonarán los renglones de pan coger, que aunque podrían experimentar un aumento de su precio, la experiencia les dirá que no tendrán ventas garantizadas.

En lo económico, es evidente el espejismo que se está vendiendo relacionado con precios muy remunerativos para los campesinos al momento de negociar aquellos cereales que son óptimos para la producción de etanol. Sin embargo, la lógica de la economía enseña que es en los procesos de transformación y comercialización donde se logran los mejores resultados económicos, mientras que los productores de materias primas no tienen la capacidad suficiente para imponer condiciones de intercambio[3]. De otro lado, los economistas públicos tienen la convicción de que se podría originar una revolución de sustitutos para aquellos alimentos que se destinen a los biocombustibles, tal es el caso de la estevia para el azúcar, lo que podría funcionar, pero ¿qué ocurrirá con el trigo, el maíz y la yuca?

Otra consecuencia económica negativa de la producción de biocombustibles se verá en el comportamiento de la inflación. En Colombia, por ejemplo, el maíz tuvo un crecimiento en el precio al consumidor del 125% entre octubre de 2006 y marzo de 2007. Cosa similar ocurrió con la yuca, la papa, la soja y el azúcar, con graves impactos para la dieta de los compradores, especialmente los más pobres. Este comportamiento del mercado fue el causante de que la inflación del primer trimestre de 2007 excediera todos los cálculos de las autoridades económicas colombianas. El fenómeno inflacionario no sólo se produjo por la competencia surgida en el mercado por las leguminosas, gramíneas, liliáceas y tubérculos para utilizarlas como alimentos o energía, sino porque muchas hectáreas que se dedicaban a producir una gran variedad de productos para la alimentación humana y animal, fueron desplazados por sistemas homogéneos e intensivos para garantizar la comida de los carros.

[2] Silvia Ribeiro, periódico La Jornada de México, marzo de 2007
[3] El Ministro de Agricultura de Colombia dijo en 2006 que el gobierno disminuirá el impuesto a la renta de las plantas de etanol al 15% y no se expresó en el mismo sentido con relación a los productores de la materia prima.

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO DE LA TIERRA

EFECTOS DEL CALENTAMIENTO DE LA TIERRA

Por Humberto Tobón y Tobón

Es casi seguro que en el momento en que se produzca un incremento de 40 centímetros en el nivel del mar por el derretimiento de grandes casquetes polares, lo que podría ocurrir en las próximas tres décadas, cerca de 50 millones de personas en todo el mundo se verán afectadas por inundaciones, y los gobiernos tendrán que hacerle frente a un problema de dimensiones sociales y económicas apocalípticas.

Miles de personas morirán ahogadas. Millones se desplazarán y romperán cualquier tipo de barrera limítrofe para ponerse a salvo, creando situaciones geopolíticas complejas entre países vecinos, que incluso podrían conducir a la guerra. Se presentarán enfermedades mortales y habrá hambre y sed generalizadas, tal como se vivió en New Orleans en 2005.

Para quienes crean que este es un panorama que sólo se puede ver en películas, es bueno recordar que el exjefe del Estado Mayor del Ejército Norteamericano, Gordon Sullivan y otros generales retirados[2] emitieron una declaración donde advierten que "Vamos a pagar por esto de una manera u otra. O pagamos ahora reduciendo las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, y afrontamos las consecuencias económicas de ello, o pagamos más tarde en términos militares. Eso supone vidas humanas".

Las consecuencias del calentamiento global son tan graves, que gran parte de los políticos norteamericanos y los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se han pronunciado en el sentido de que ellas representan un problema de seguridad nacional para los distintos países y que se requiere actuar de emergencia. Un primer ejemplo de esto lo presentó Basile Ikouebe de la república del Congo, quien afirmó que “Por primera vez en la historia, los hombres y las mujeres de mi país han empezado a luchar por alimento, energía y agua, debido a los efectos desastrosos que trajo el cambio del clima”. Un segundo ejemplo fue mostrado por la Comisión Económica de Naciones Unidas en África, que reveló que en el desierto del Sahara se han presentado graves enfrentamientos entre tribus por el uso del agua y los pastizales para el ganado.

Los voceros de las naciones del primer mundo ahora sí creen que las conclusiones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático son ciertas y muchos de ellos reconocen que grupos de presión, especialmente relacionados con las industrias petrolera, petroquímica y automotriz pagaron a científicos para que crearan confusión sobre los efectos ambientales de los combustibles fósiles, al punto de que lograron adormecer y aislar las reacciones sociales por lo menos durante dos décadas.

Los gobernantes y los científicos consideran que aun es posible frenar el calentamiento global dándole paso a nuevas fuentes de energía y restringiendo al máximo el uso de aquellos combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, lo cual se puede lograr a través de grandes consensos nacionales. Sin embargo, se requiere, adicionalmente, un altísimo nivel de compromiso ciudadano, especialmente en cuanto a la modificación de los hábitos de consumo, variable que ha sido la causante de la desbocada demanda de energías contaminantes.
El mundo entero debe cambiar su relación con el medio ambiente, llegando incluso a adoptar medidas de choque como la propuesta por el subsecretario de Estado para los asuntos exteriores de Italia, Vittorio Craxi, en el sentido de llegar a un acuerdo post-Kioto para disminuir de un golpe las emisiones atmosféricas de CO2 en un 30% y acudir de inmediato a la utilización de fuentes renovables de energía.


[2] Ver http://securityandclimate.cna.org/mab/
LAS BASURAS NOS ESTÁN CERCANDO

Por Humberto Tobón y Tobón

Las autoridades ambientales de Colombia tienen frente a sí un problema gravísimo: cómo asegurar una gestión adecuada de los residuos sólidos, luego de comprobarse que en cerca de 800 municipios se depositan las basuras a cielo abierto y que las tareas de barrido y recolección son ineficientes.

Sin embargo, el Ministerio del Ambiente (y de la vivienda y el desarrollo territorial) no tiene dentro de sus prioridades el manejo de este tema en un país que produce diariamente 26.000 toneladas de residuos, muchas de las cuales se lanzan a las fuentes de agua, otras se botan en lotes baldíos y una parte importante llega a los rellenos sanitarios, los cuales están a punto de copar su capacidad de carga y evidencian manejos antitécnicos (v.g. el Relleno de Doña Juana en Bogotá).

Las acciones de dicho Ministerio se reducen a la expedición de normas en las cuales se hace obligatorio para los municipios elaborar los PGIR (Planes de Gestión Integral de Residuos) y buscar acuerdos subregionales para manejar los desechos. Sin embargo, estos mandamientos no se han acatado por falta de recursos económicos y/o desinterés administrativo de las localidades.

La reacción oficial sólo se ha traducido en el cierre de botaderos y rellenos, pero el problema de fondo no se ha solucionado, porque el número de toneladas de basuras sigue creciendo a una tasa del tres por ciento anual, mientras que los planes de reuso, reutilización y reciclaje únicamente actúan sobre 2.500 toneladas diarias y son emprendidos por personas que ven en esta actividad una forma de ganarse la vida, pero no responden a una política de Estado que tenga como prioridad disminuir los impactos ambientales y sociales de un inadecuado manejo de los residuos.

El Ministerio muestra, así mismo, muy poco interés por controlar la ruta de uso de artículos como baterías de carros, pilas, llantas y aceites combustibles, cuyos efectos sobre el entorno natural son desastrosos. La entidad se ha negado a adoptar medidas de choque probadamente efectivas en otros países como la de Depósito – Reembolso, que se relaciona con un pago de dinero extra por cada uno de estos elementos, el cual se devuelve una vez ellos se entregan ya usados en sitios previamente definidos. Este mismo Ministerio no tiene control en sobre aquellos elementos peligrosos y altamente tóxicos que se originan en hospitales, centrales de energía, industrias y laboratorios químicos, al punto de que no se sabe con certeza a dónde van a parar.

Es tal el grado de ineficiencia al que se ha llegado, que no existe una caracterización real de los residuos que se producen en Colombia. Se tiene una distribución caprichosa desde los años ochenta que dice que los residuos orgánicos son aproximadamente el 65% y los papeles y cartones el 20%, sin haberse incluido en los últimos cuatro lustros dos variables sustanciales: el cambio de hábitos de consumo (generalización de enlatados y comidas precocidas) y el uso de nuevos materiales (icopor y tetrapack) no biodegradables.

El control y la buena gestión de los residuos sólidos no sólo se logran con la represión normativa de las autoridades ambientales, sino a través de un plan de sensibilización y educación social en el que interactúen los ciudadanos y los empresarios, con el fin de que ellos le den un tratamiento adecuado a los sobrantes para reinsertarlos en el ciclo económico, con lo cual se mejorará el entorno y se le restará presión a la explotación irracional de los activos naturales.

COMPETITIVIDAD AMBIENTAL DE COLOMBIA

COMPETITIVIDAD AMBIENTAL DE COLOMBIA

Por Humberto Tobón y Tobón[1]

La posición de la mayoría de los empresarios colombianos frente al tema ambiental, según el estudio de Competitividad realizado por la CEPAL, es bastante negativa y reticente y creen que ese es un obstáculo para sus proyectos productivos. En la encuesta aplicada a inversionistas de La Guajira, Cauca, Norte de Santander, Chocó, Boyacá, Meta y Sucre la respuesta fue contundente: los estándares ambientales legales vigentes influyen negativamente en la ventaja competitiva de las empresas.

Estos empresarios se refirieron a que las regulaciones de tipo legal son perjudiciales y abogaron por una libertad de acción no controlada por el Estado. Una posición que contrasta con una realidad evidente presentada en el estudio de la CEPAL: Colombia se encuentra en un punto bajo en regulación, uso de tecnologías y estándares ambientales para intervenir la contaminación. Esta combinación de hechos ha influido para que crezcan tanto las emisiones de residuos como el consumo y la contaminación del agua, variables que atentan contra la competitividad.

Con esto se nota un desconocimiento de los empresarios frente al tema ambiental, aunque se debe reconocer que un grupo minoritario, compuesto por inversionistas de Caldas, Risaralda, Magdalena y Bolívar dijeron estar de acuerdo con la importancia que tiene el medio ambiente dentro del esquema económico y fueron consientes de la importancia que él representa en un mercado competitivo. En tanto, otros más de Risaralda, Bolívar, Bogotá y Atlántico, dijeron que la regulación ambiental aplicada en sus departamentos ha incentivado ligeramente el diseño de programas ambientales de producción limpia en las empresas y que ello no ha sido factor de rechazo para la inversión empresarial.

Este estudio de la Comisión Económica para América Latina, indica que Colombia tiene una política ambiental basada en el control y no brinda espacios para combinar sus preceptos jurídicos con una gama de instrumentos modernos que incentivan el manejo de la contaminación y el uso eficiente de los recursos naturales.
[1] Comunicador Social y Economista. Especialista en Medio Ambiente, Finanzas Privadas y Ciencias Políticas