LA POBREZA MONETARIA CRECERÁ COMO ESPUMA

Todos los estudios de las entidades públicas nacionales, los centros académicos especializados y los organismos internacionales, coinciden en que una vez concluya la pandemia de la Covid19, la pobreza crecerá, aunque difieren en su magnitud.

La última cifra de pobreza monetaria revelada por el DANE, da cuenta de que en 2018 esta llegó al 27%, creciendo 0,1 punto porcentual (pp) frente a 2017 (un primer signo de alarma). En cifras redondas, los pobres sumaban 13 millones.

Frente a la ocurrencia de la Covid19, Planeación Nacional hizo público entre los especialistas un estudio (primero de mayo de 2020) sobre los impactos de esta pandemia en las cifras de pobreza. El escenario más positivo es que la pobreza monetaria crecería 3,5 puntos porcentuales y los pobres serían 15,4 millones al finalizar 2020. El escenario más negativo (aunque es el más realista), concluye que habría un aumento de la pobreza de 9,6 puntos porcentuales, lo que significa que Colombia tendría 18,4 millones de pobres.

La  Comisión Económica para América Latina, prefirió irse por una línea intermedia y dice que la pobreza aumentaría 5.5 puntos porcentuales y que el país finalizaría el año con 16,4 millones de pobres.

Mientras que la Universidad de Los Andes a través del Observatorio de Coyuntura Económica y Social, concluyó que la pobreza nacional por ingresos aumentaría 15 puntos porcentuales y esto afectaría a 21,2 millones de personas.

Dicho de manera más sencilla, los estudios consideran que llegarían a la línea de la pobreza entre 1,8 millones y 7,5 millones de nuevas personas. Un hecho histórico que hace que los avances logrados por Colombia en la última década prácticamente se pierdan en tres meses.

Las razones de este dramático aumento de la pobreza tienen que ver con las consecuencias generadas por el confinamiento obligatorio ordenado por las autoridades gubernamentales, que paralizó alrededor del 80% de las actividades económicas e hizo que se perdieran 1,6 millones de puestos de trabajo formal (dato DANE de enero a marzo de 2020) y que la mayoría de la población en condición de informalidad se quedara prácticamente sin ingresos, golpeando especialmente a aquellos considerados como de clase media-baja (muy vulnerables), o sea familias con ingresos mensuales cercanos a $1,2 millones.

Teniendo como base el informe de Planeación Nacional (mayo 2020), los departamentos del eje cafetero, por ejemplo, tendrían impactos severos. En el mejor escenario Caldas aumentaría la pobreza de 22.1% (2018) a 25% (2020), Quindío de 24,1% a 28,3% y Risaralda de 17,7% a 21,3%, respectivamente.

En el peor escenario, pero más realista, la pobreza aumentaría con base en los datos de 2018 en 11,6 puntos porcentuales (pp) en Caldas; 11,3 pp en Quindío; y 12,3 pp en Risaralda, lo cual dejaría el índice de pobreza monetaria al finalizar 2020 en 33,7%, 35,3% y 30,1%, respectivamente, en cada uno de estos tres departamentos.

La solución a estos gravísimos impactos está en las decisiones macroeconómicas del gobierno nacional y en el comportamiento de la economía general del país. Las autoridades municipales y departamentales tienen una contribución marginal en los temas de pobreza monetaria.

EL REVOLCÓN QUE CAUSA LA COVID19

La Covid19 llegó para convulsionar la sociedad. Nadie se salva de su espectacular y terrorífica irrupción. Todos los sectores han sufrido el impacto demoledor de esta pandemia, que recorre los confines de la Tierra, dejando a su paso desolación, pobreza, miedo y muerte.

Con la aparición del coronavirus se aceleró con excepcional rapidez el destape de nuestras heridas sociales, que estaban cubiertas por el maquillaje de las estadísticas y de los sonoros discursos que pregonaban una realidad esplendorosa y un futuro brillante y colorido.

La pandemia dejó al desnudo que nuestra realidad es crítica. Que los que posaban como “clase media” enfrentan una crisis de liquidez que los pone contra las cuerdas en condición de vulnerabilidad. Que quienes habían creído que se habían librado de la pobreza, con seguridad volverán a caer en ella. Que los ricos, saben que tendrán que pagar la reconstrucción social y económica del país y que si no lo hacen se enfrentarán a una crisis sin precedentes y con consecuencias inenarrables.

También la Covid19 apabulló la economía y está a punto de demoler el equilibrio de las finanzas públicas. Además, mostró la cara cínica y el comportamiento impúdico de unos banqueros que están pavimentando el camino ardiente que recorrerán hacia el infierno.

Igualmente, la pandemia proyectó la conducta estúpida de líderes como Trump y Bolsonaro, la imprevisión de Johnson y la decepción que produjo en millones de latinoamericanos la actitud de López Obrador.

El abandono, el hambre y el sufrimiento de millones de personas no han sido óbice para que la malignidad de los corruptos aparezca por todas las hendijas, tal como ocurre en Colombia, donde hasta los militares aprovechan para desangrar las finanzas públicas y echarse a la bolsa muchos pesos (dólares y euros), sabiendo que ese dinero hace falta para paliar las necesidades de esas familias que están obligadas a una repetición de cuarentenas, sin que tengan la seguridad de sus alimentos y para garantizar el funcionamiento de los hospitales, carentes de medicamentos y equipos para atender a los infectados.

Covid19, sin embargo, también ha puesto de presente la solidaridad de millones de personas que trabajan por el bienestar de los más desvalidos y el desprendimiento y el compromiso del personal médico, que a pesar del desprecio de algunos sectores de la sociedad y del gobierno nacional, siguen dando la batalla por arrebatarle a la parca miles de enfermos.

Además, la naturaleza ha tenido un respiro. El aire está muy limpio, el agua es más cristalina y los animales menos amenazados.

La pandemia nos ha cambiado el presente. ¿Ocurrirá lo mismo con el futuro?

LOS ESTRATOS MEDIO-ALTOS ATRAPADOS EN CUATRO PAREDES

Un destacado consultor me expresó su arrepentimiento de haberse trasladado de su casa campestre en un condominio de la Sabana, a un bellísimo y muy bien ubicado apartamento del norte de Bogotá, en el sector de La Cabrera, “que me costó un ojo de la cara… ni te imaginas”.

-          Cómo te puedes arrepentir, si los apartamentos de ese sector son muy amplios, le dije

-          Tienes razón, me contestó. Pero en estas condiciones de cuarentena, son una pesadilla. Estás encerrado en una jaula lujosa, pero al fin y al cabo una jaula donde no puedes moverte con total libertad, y especialmente cuanto tienes niños, como en nuestro caso, manifestó con cierto acento de dolor y de resignación.

Mi amigo consultor sigue respondiendo por sus responsabilidades laborales desde su casa, a través del teletrabajo. Atiende no menos de ocho reuniones virtuales al día.

Tiene dos hijos, una niña de 13 años y un niño de 7 años. La empleada doméstica no pudo volver por las restricciones de movilidad. Esto quiere decir que tanto a mi amigo como a su esposa, les toca realizar las labores de limpieza y de cocción de alimentos.

La esposa de mi amigo consultor, es fisioterapeuta y dado que no puede atender personalmente a sus pacientes, lo hace a través de una plataforma virtual. Los dos hijos reciben clase casi 8 horas diarias a través de internet.

-          No te imaginas esta locura. Los cuatro hablando al tiempo. Ninguno se concentra y eso nos produce, a veces, irritación y genera algunos conflictos.

El único alivio para el matrimonio, es la salida al supermercado de acuerdo con el “pico y género”. Cada uno, cuando le toca el turno, camina hasta la tienda más lejana que pueden, sin salirse del perímetro definido por la Alcaldía Mayor. Lo hacen despacio. Normalmente se toman una hora.

-          Me conozco casi toda la arquitectura de séptima y de la 82. Detallo cada edificio. Estoy seguro de saber cuántas ventanas hay en cada uno, dijo irónicamente.

-          Hubieras estado mucho mejor allá en el condominio de Chía, repliqué.

-          Pues claro. La casa tiene un lote grande y el condominio cuenta con senderos peatonales que eventualmente se pueden utilizar. Allá se podía pasar mejor esta penuria. Ala, no me hagas recordar.

Los grandes constructores y los expertos en urbanismo, han expresado en los últimos días que el mercado inmobiliario tendrá cambios sustanciales en los próximos años a raíz de esta pandemia, y la posibilidad de que un evento de estas mismas características se pueda repetir.

Creen los especialistas y los inversionistas del sector de la construcción, que la gente va a preferir vivir en espacios más amplios, preferiblemente en casas, y tratarán de encontrar, los que lo puedan pagar, sitios fuera de la ciudad, donde cuenten con una oferta de parques, senderos, áreas recreacionales y de ocio.

La mayor parte de las casas campestres para estratos medio-altos cercanas a Bogotá, están ubicadas en Chía, Cajicá, Tabio, Sopó, La Calera y Guasca. Su valor oscila entre US$350.000 y US$1.000.000. Las inmobiliarias reportan que han aumentado ampliamente las solicitudes de información respecto a estas propiedades. Y que hay inversionistas pensando en desarrollar proyectos de vivienda unifamiliar, no necesariamente campestre, con valores que iniciaría en US$230.000.

COVID 19 MATÓ UNA RELIGIÓN ECONÓMICA

El Neoliberalismo es “una religión” para un amplio grupo de economistas y empresarios que creen que la economía debe ser totalmente libre, sin ninguna atadura o restricción por parte del Estado. No tiene nada que ver con el pensamiento político Liberal.

Los neoliberales son defensores a ultranza de que el gasto público sea mínimo y que bienes y servicios que tradicionalmente han estado en manos del gobierno como la salud y las pensiones, pasen a los privados sin mayores restricciones.

También presionan los neoliberales que los impuestos sean pagados por las clases trabajadoras y se libere de ello a los grandes capitales y a las empresas, con el argumento de que generan riqueza y empleo. “Privatizar el Estado”, es su lema.

La concepción neoliberal es que el gobierno se encargue de la Seguridad Nacional y de atender sectores muy pobres de la sociedad, ofertándoles servicios reducidos en salud (régimen subsidiado), en acueducto (mínimo vital) y en educación (siempre deficitaria, sin equipamiento y en instalaciones derruidas).

Con la ocurrencia de la pandemia de Covid19, esos economistas y empresarios implacables en favor de la libertad del mercado y de la mano invisible que orienta la economía, hacen fila para suplicarle al gobierno que intervenga, que les preste o regale dinero, que les compre su cartera o perdone sus deudas, que pague la nómina de sus trabajadores, que presione la emisión de moneda… que no los deje morir.

Si no fuera por la gravedad de la situación social y económica originada por Covid19, las declaraciones de los líderes empresariales y gremiales, y de distinguidos e inteligentísimos economistas, darían para escribir el guion de una comedia.

Se derrumbó el Neoliberalismo. Muchos gobiernos de países desarrollados están tomando posesión de las empresas privadas para poder salvarlas. Las autoridades monetarias le están poniendo freno a la especulación bancaria y los están metiendo en cintura. Incluso, algunas autoridades no usan el sistema financiero para intermediar las colocaciones de crédito o la oferta de ayuda a los empresarios, lo hace de manera directa.

JOHN JAIRO VELÁSQUEZ UN HOMBRE DECENTE

John Jairo Velásquez Cárdenas tiene una historia de servicio a Pereira y Risaralda desde la política, la administración pública y el deporte.

Su largo recorrido profesional ha estado marcado por los éxitos y por una hoja de vida intachable, sin ningún escándalo de corrupción o nada que se le parezca.

Conocí a John Jairo Velásquez mientras yo era el redactor político del periódico La Tarde. Fungía entonces como jefe del Nuevo Liberalismo. Luego seguí de cerca su actividad como director del Sena y como Gobernador de Risaralda, además como líder de la estructuración de la remodelación del aeropuerto Matecaña y la renovación del estadio olímpico. Lo ví actuando como concejal, diputado y parlamentario.

Siempre sobrio y amable, se ganó la confianza de la dirigencia deportiva nacional. Ha estado al frente de los grandes eventos deportivos realizados en Pereira y Risaralda durante las últimas tres décadas. Fue presidente del comité organizador de la copa mundial de la FIFA en Colombia (2011); miembro del comité que organizó la copa América en 2001; presidente del comité organizador de los primeros juegos de los países del Pacífico; director general de la vuelta a Colombia juvenil (1987) y de la vuelta a Colombia para mayores (1989); presidente del comité organizador del suramericano de baloncesto juvenil (1983); presidente de las ligas de ciclismo y baloncesto en Risaralda; y presidente del Deportivo Pereira, amén de otras muchas responsabilidades.

John Jairo Velásquez figura en la terna para dirigir los Juegos Nacionales de 2023. Es el candidato más opcionado y quien posee la mejor hoja de vida. En sus manos quedaría muy bien la organización de este evento que se realizará en el eje cafetero y seguramente será manejado con total transparencia, para que no se repita en Colombia la vergonzosa historia que sucedió en Ibagué en años pasados.

John Jairo es un hombre decente y eficiente. Acertará el gobierno nacional al designarlo en esta responsabilidad.

¿LA CLASE MEDIA COLOMBIANA CAMINO A LA POBREZA?

Hubo mucha emoción entre las autoridades colombianas y entre los comentaristas cercanos al gobierno, cuando el BID dijo, a mediados de 2015, que más de la mitad de los habitantes pertenecían a la clase media. Un éxito, gritaron todos.

Para el DANE la definición técnica dice que pertenecen a la clase media las personas que tienen ingresos mensuales entre $450.000 y $2.250.000 y que por lo menos tres miembros del hogar estén en este promedio. Con base en estas cifras y en las perspectivas futuras de crecimiento y de desarrollo, Colombia pensó que podría lograr en 2030 tener el 64% de su población en esta categoría.

Pero todas estas ilusiones de mantener en crecimiento una clase media a la colombiana, donde una persona gana diariamente entre $15.000 y $75.000, se han esfumado con la actual crisis originada por la pandemia del coronavirus y deja al desnudo la realidad en que viven alrededor de 26 millones de colombianos, quienes enfrentan dificultades para garantizar su sostenimiento y son vulnerables.

Los expertos en economía y voceros gremiales, confirman que una disminución del empleo es inevitable y que las cifras de desocupación irán en aumento, debido a que sectores altamente demandantes de fuerza laboral y que son el motor de la economía como, por ejemplo, la construcción y el turismo, se demorarán en reaccionar, dadas las dificultades de adaptarse a las normas de bioseguridad, que exigen distanciamiento social y altas inversiones en procesos de prevención, adaptación y desinfección.

El gobierno colombiano ha dictado muchos decretos en el marco de la emergencia sanitaria y ha tratado de reaccionar de manera oportuna. Pero a pesar de la cantidad de normas, estas están resultando insuficientes y en ocasiones ineficaces, porque los tomadores de decisiones siguen apegados a fórmulas que sólo funcionan en la teoría o en condiciones de normalidad, pero no tienen la misma vigencia en situaciones excepcionales.

Una economía con menor demanda tendrá consecuencias gravísimas y un proceso de recuperación muy lento. Por esto, la tarea del gobierno es garantizar que los ciudadanos mantengan su nivel de ingresos y su capacidad de gastos, colaborando con las empresas para el pago de las nóminas e irrigando dinero entre los informales y las poblaciones vulnerables, asegurándose, de paso, que los sectores agropecuario y agroindustrial estén en plena marcha y los productores tengan la certeza que sus cosechas las van a vender con un margen que les permita obtener utilidad.

Para mantener en operación la economía colombiana, el gobierno tendrá que acudir a todas las formas de financiamiento, incluida emisión primaria del Banco de la República. En las actuales condiciones, lo que menos importa es la regla fiscal y el nivel de riesgo que otorguen las calificadoras.

Japón, Alemania, Estados Unidos, España y muchos otros países del mundo les están entregando a sus habitantes dinero permanente para que gasten en sus necesidades básicas e intentan proteger el nivel de vida, para que no crezca el número de personas atrapadas en la pobreza, usando todos los instrumentos a su disposición y rompiendo con la ortodoxia en el manejo fiscal.

EL VIACRUCIS FISCAL DE LOS DEPARTAMENTOS

Los departamentos colombianos están urgidos en este momento a realizar modificaciones sustanciales (y dolorosas) en la focalización de la inversión de los planes de desarrollo para el cuatrienio 2020 – 2023. Las razones son de carácter fiscal.

El primer impacto negativo surge de los efectos de la cuarentena por coronavirus, dado que las fuentes de financiación de recursos propios de las gobernaciones se afectaron gravemente: bajaron los consumos de cerveza, licores y cigarrillos y, por tanto, el recaudo del impuesto de estos productos. Adicionalmente, cayó la venta de lotería, chance y otros juegos de azar, con los cuales se financia parte de la salud. El impuesto de registro y anotación no se mueve por la falta de negocios de bienes raíces. Los ingresos por estampilla se resienten ante la disminución de la contratación pública en las gobernaciones. Y el porcentaje que se obtiene del impuesto a la gasolina es mínimo, debido a que la mayoría de automotores están parados.

Un primer análisis a nivel nacional indica que si se logra regresar a la normalidad a finales de abril, la caída anual de los ingresos de los departamentos podría estar rondando el 27%. Pero la situación se complica si la cuarentena se alarga hasta mayo, pues el efecto en las finanzas sería un bajonazo aproximado al 50%, sin contar el coletazo para 2021.

El segundo impacto negativo surge de la caída de los precios internacionales del petróleo, lo cual afectará los fondos de regalías, que es de donde los territorios toman dinero para ejecutar muchos de sus proyectos de inversión. En el bienio 2021-2022 se verán las consecuencias de los menores recursos que se tendrán disponibles en Regalías.

El tercer efecto negativo está en la poca disponibilidad que tendrá el gobierno nacional, en los próximos 18 meses, de girar dinero para apalancar o cofinanciar proyectos de inversión en los departamentos, ya que se presentará una caída de por lo menos $10 billones en el recaudo impositivo por la inactividad de la economía durante las cuarentenas que el gobierno ha tenido que decretar y que ha afectado a casi todos los sectores.

La consecuencia lógica de toda esta problemática es que el plan plurianual de inversión de cada departamento, que normalmente se elabora con ciertos niveles de seguridad, dados los comportamientos históricos de los ingresos, ahora está cubierto por un manto de total incertidumbre.

UN MOMENTO DIFÍCIL Y UN FUTURO INCIERTO

No han sido días fáciles. De un momento para otro, los planes institucionales y personales sufrieron un vuelco total. En vez de estar en las reuniones, en el desplazamiento hacia las oficinas, trabajando en las fábricas y en los almacenes, o recibiendo clases en los colegios y universidades, todos quedamos atrapados en la casa, adaptándonos a nuevas rutinas y con la incertidumbre de lo que va a ocurrir mañana y el sufrimiento de lo que está pasando hoy.

Miles de familias no tienen cómo garantizar el alimento diario y aspiran que los anuncios de ayuda hechos por el gobierno nacional se concreten rápidamente. Algunos empresarios, la minoría, por fortuna, han tomado la decisión de cancelar o suspender los contratos de sus trabajadores, creando un gran drama social. Los banqueros, en su mayoría, están listos para recibir los dineros que el gobierno les entregará para fondear el sistema financiero, pero se abstienen de comprometerse frente a sus clientes con decisiones de fondo sobre créditos, intereses y plazos. La especulación y el acaparamiento de productos básicos de la canasta familiar y de artículos esenciales para la salud, dejan al descubierto la malignidad de algunos comerciantes, que con sus acciones están pavimentando su camino hacia el infierno. La improductividad de la economía pasará una cuenta de cobro, que tendrá efectos duraderos sobre el empleo, la generación de ingresos y la sostenibilidad de los emprendimientos empresariales.

La terrible coincidencia de la aparición del Covid 19 con la caída estruendosa del precio del barril de petróleo y el aumento asombroso de la cotización del dólar, han permitido que se cocine una sopa amarga, que millones de colombianos tendremos que tomar. Y si a esto se le suma el hecho de que las remesas procedentes de Europa y Norteamérica disminuyeron sustancialmente, entonces habremos de asistir a un aumento dramático de la pobreza de las familias, que se cuentan por millones, que no tienen ingresos adicionales al giro mensual que mandan los migrantes y que hoy también están encerrados y sin trabajo.

Hay mucho dolor, sufrimiento y desesperanza con las consecuencias de esta pandemia, que muy seguramente no será la última ni la más grave, y que implica que los humanos tendremos que adoptar nuevos comportamientos sociales; que la economía deberá evolucionar de la mano de las comunicaciones y la virtualidad; que los gobiernos estarán obligados a ponerle mayor atención a los sistemas de salud; que habrá nuevas tendencias en el consumo; que la ética social dará un gran salto en favor de la solidaridad; que la geopolítica sepultará las naciones gobernadas por la estupidez; y que en definitiva, el mundo no será el mismo.

LA TRASCENDENCIA DE LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS Y DE PLANEACIÓN

Muy seguramente en veinte años Colombia estará sumida en la discusión sobre la trascendencia de las Regiones como Entidades Territoriales, un cambio que tendrá que dar la institucionalidad democrática colombiana. Pero para llegar a ello, es necesario consolidar las Regiones Administrativas y de Planeación, cuya ley de fortalecimiento fue sancionada por el presidente Duque el año pasado.

Tanto las Regiones de Planeación como las Regiones Entidad Territorial, fueron definidas en la Constitución Política de 1991, la misma que ordena la descentralización y la autonomía regional, pero que no ha podido concretarse plenamente debido a la vigencia de intereses que intentan que la vida política y administrativa siga siendo ordenada desde Bogotá, en un centralismo asfixiante, que no tiene por qué seguir sucediendo.

La ley 1962 de 2019 es un paso en la dirección correcta de darle viabilidad a la descentralización y a la autonomía territorial. Y en este sentido, las RAP que ya están en funcionamiento deben demostrar que sí son el instrumento para rediseñar la arquitectura política y administrativa de Colombia, y que están en capacidad, desde las regiones, para orientar su desarrollo de manera armónica y efectiva.

Y aquellos que apenas están avanzando en la constitución de sus RAP, deben hacerlo de manera rápida, para que el país sienta que efectivamente ya hay un primer cambio del modelo tradicional de gobierno, donde el centro ordena y las regiones obedecen.

El hecho de que las RAP no tuvieran en el ordenamiento anterior la posibilidad de acceder a recursos para liderar iniciativas regionales, había convertido estos organismos en espacios inanes, que con seguridad se iban a marchitar y su desaparición estaba anunciada. La nueva Ley les da a estas organizaciones un nuevo aire.

La nueva realidad debe conducir a las regiones a sostener un diálogo horizontal con el gobierno central, y tener, además, la suficiente capacidad política y técnica, para influir en las decisiones, especialmente aquellas relacionadas con la inversión.

La capacidad técnica de las Regiones Administrativas y de Planeación está a prueba y no pueden fracasar, porque el fracaso es el hundimiento de la posibilidad de una verdadera autonomía territorial.

Los gobernadores que tienen la responsabilidad de representar los colombianos que habitamos las distintas regiones del país, saben que desde los territorios se produce la riqueza y se generan los ingresos públicos que sustentan el desarrollo y el crecimiento nacional y, por esa misma circunstancia, tienen el derecho de ser interlocutores en las decisiones de política pública que el gobierno central adopte.

Promover la descentralización no ha tenido el propósito de romper la unidad nacional. Pero sí busca que desde el Centro, o sea, desde el gobierno nacional, no se siga tratando con desdén a las regiones, que es donde se viven los problemas, pero también se ejecutan las grandes transformaciones.

Con la descentralización no se está hablando de autonomía para destruir la Nación, como lo quieren hacer creer ciertos círculos de poder en Bogotá. Se está hablando de una autonomía creativa, que permita que se pueda hacer el mejor uso de los recursos, a través de la colaboración, la complementariedad y la solidaridad entre los territorios que se han unido para buscar las mejores soluciones y crecer juntos.

Para llegar a la consolidación de las RAP tuvieron que pasar muchos años desde la proclamación de la Constitución de 1991. Y se debe seguir trabajando para llegar a las Regiones Entidad Territorial.

EL SEGUNDO TIEMPO DE TAMAYO

Los risaraldenses sentimos un gran orgullo de nuestro pasado y agradecemos los esfuerzos de los padres fundadores por librar las batallas que le dieron forma y lustre al departamento. Pero hoy, nuestra mirada está puesta en el horizonte. Tenemos la obligación moral y política de otear el futuro y tratar de encontrar el camino que nos conduzca a nuevos escenarios de desarrollo, donde además de apropiarnos de las nuevas tecnologías y de beneficiarnos de la cuarta revolución industrial, conquistemos un mayor bienestar humano.

A partir del primero de enero de 2020, Risaralda tendrá un nuevo timonel. Se trata de Víctor Manuel Tamayo, quien ha dado muestras de querer propiciar la construcción de consensos políticos para formar un gobierno que trabaje para que la gente viva mucho mejor. Para que más niños y ancianos tengan una alimentación segura. Para que más adolescentes y jóvenes puedan ingresar al sistema educativo. Para que más padres y madres de familia cuenten con la garantía de un trabajo permanente y seguro. Para que los enfermos tengan alivio a sus dolencias con una atención oportuna y humanitaria. Para que las familias vivan tranquilas y sin miedo. Para que en el campo los agricultores y sus familias sean sujetos de derechos. Para que los deportistas sientan orgullo de portar la bandera y escuchar las notas de su himno. Para que los cultores del arte cuenten con el respaldo para seguir creando. Para que las mujeres sepan que tienen oportunidades igualitarias y que son respetadas. Para que las minorías étnicas conserven su cultura, sus costumbres y sean tratados como ciudadanos de primera.

Víctor Manuel Tamayo será gobernador por segunda vez y podrá impulsar muchos de los proyectos que emprendió y no fueron continuados. Podrá fortalecer aquellos proyectos que lideró y que ahora son una realidad pública. Tendrá la oportunidad de promover las iniciativas de los gobernadores que lo precedieron. Quienes lo conocen, aseguran que abrazará con emoción los nuevos retos que impone su cargo, luego de ocho años de haber terminado su primera tarea al frente del Departamento.

Durante una charla que tuve con el gobernador Tamayo, me dijo que el desarrollo humano será la prioridad de su gestión. Que los instrumentos que usará para mejorar las condiciones de vida de miles de risaraldenses serán los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Que su gran esperanza es que Risaralda pueda crecer más rápidamente, pero que ese crecimiento toque a muchas más personas y beneficie a la mayoría de familias.

Ojalá le vaya muy bien en esta nueva travesía.

DUQUE SIGUE HACIENDO PIRUETAS CON EL IVA

Hace un año el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, propuso  gravar toda la canasta familiar con IVA, con lo que mejorarían los ingresos fiscales, pero se le devolvería este impuesto a los más pobres, calculando que podrían recibir, cada una de las familias, alrededor de $51.000 mensuales. Y su propuesta se complementaba con bajarles a todos los contribuyentes el impuesto del 19% al 17%.

Esa propuesta resultó siendo el principio de la monumental caída de la popularidad del presidente Duque, quien ahora, en el peor momento de su gobierno, vuelve a insistir en la devolución del IVA al 20% de los pobres colombianos (quedarían por fuera cerca del 9% de la totalidad de los pobres), pero sin  que se afecten los precios de la canasta familiar con este impuesto.

Duque busca que la propuesta que ayer lo castigó tan duramente, ahora sea la que lo ponga en sintonía con alrededor de 3,5 millones de familias que se beneficiarían de una devolución mensual cercana a $60.000 por parte del Ministerio de Hacienda, pues según los cálculos del gobierno, una familia pobre destina cerca de $316.000 de sus ingresos a comprar productos que tienen IVA.

Lo que el gobierno no ha explicado con claridad, es de dónde van a salir cerca de $3 billones anuales que cuesta esta devolución, y cuáles programas sociales se van a ver afectados para financiar esta propuesta gubernamental. Como dicen los expertos en economía “nada es gratis”. Para devolver $3 billones, lo más seguro es que le recortarán esta cifra a muchos programas sociales que benefician a esas 3,5 millones de familias atrapadas en la pobreza. Aunque queda la alternativa, de no recortar nada, pero subir drásticamente algunos impuestos o contribuciones a quienes no están en esa bolsa de la pobrería.

De otro lado, las piruetas del presidente Duque con el IVA pretenden, también, tener tres días al año sin que se pague este impuesto, para que las familias compren útiles escolares, algunas tecnologías, calzado, electrodomésticos y confecciones, con el fin, dice el gobierno, que se liquiden las existencias de los comerciantes y se dinamice la producción.

Esta fórmula, que surge del sombrero de mago del Presidente, es una improvisación mayúscula, que puso felices a los comerciantes y que debe, si se aprueba la ley de financiamiento, poner en alerta a las ligas de consumidores, para que no ocurra que se manipulen los precios con anterioridad, y los dueños de las mercancías se apropien del IVA y terminen perdiendo las finanzas públicas y los compradores.

LA CARDER REQUIERE UN EXCELENTE DIRECTOR EN PROPIEDAD

Durante veinte meses, la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ha sido liderada a través de una funcionaria encargada, porque no ha sido posible nombrar un director en propiedad.

Pero los problemas se vuelven más complejos, al saberse que en el actual periodo legal, la institución ha sumado cuatro directores, lo que tiene en serio cuestionamiento la seriedad del manejo de los asuntos legales y la eficacia técnica de la entidad.

La que era una Corporación emblemática regional y nacionalmente, pasó a ser una entidad diezmada por escándalos de corrupción, nombramientos amañados, toma burocrática y una estrategia legal para evitar que se nombraba un Director que pudiera líderar el proceso de recuperación institucional.

El próximo lunes se citó al Consejo Directivo para elegir Director de la CARDER. Hay 55 nombres que llenan los requisitos. De ellos, dos profesionales son los que han logrado despertar el mayor interés entre los consejeros. Uno de ellos es Julio César Gómez, quien ya ocupó la dirección de la Corporación, destacando su capacidad de gestión y de ejecución. El otro es Francisco Uribe Gómez, quien fue jefe de Planeación de la CARDER durante veinte años y fue el encargado de liderar varios de los proyectos más emblemáticos en materia ambiental, entre ellos la internacionalización de la Corporación.

Ojalá sea posible que la CARDER tenga un Director en propiedad, que pueda reorientarla administrativa, operativa y financieramente y, por encima de todo, que logre recuperar la credibilidad institucional y la confianza de los ciudadanos.

EL CASO GALLO: CUANDO GANAR ES PERDER UN POCO

El suspendido alcalde de Pereira, Juan Gallo, no podrá regresar a su cargo, porque ni la Procuraduría ni un Juez acogieron sus explicaciones y porque la ley no lo permite.

Gallo acusó a la Procuraduría de haber usado una prueba ilícita para suspenderlo provisionalmente y, por tanto, el funcionario de la Entidad violó el debido proceso.

También explicó el saliente alcalde, que el audio fue grabado sin su consentimiento y en una reunión absolutamente privada, a pesar de que ella se realizó en su despacho, que es un espacio de propiedad pública e implicó a una persona contratada por la administración local, donde se habló temas de la gestión cumplida por el contratista.

Gallo cree que la divulgación de la conversación donde presionaba a un contratista para que definiera su voto por algunos de sus prohijados, violó su derecho a la intimidad.

El sancionado alcalde de Pereira, no cree que sea procedente que su suspensión provisional se base en una nota periodística. Y sostiene el argumento de que “la suspensión provisional vulnera mi derecho a elegir y ser elegido, por ser una medida desproporcionada”.

Dice Gallo que  “la decisión de la Procuraduría es totalmente desproporcionada, puesto que ya cesaron los motivos que dieron su origen”, restándole importancia a la probabilidad de que exista un delito mucho más grave que es el constreñimiento al elector.

Y, finalmente, considera que la suspensión emitida por la Procuraduría le está causando un perjuicio irremediable.

La jueza Tania Inés Jaime, dice al fallar la tutela interpuesta por Gallo, que “es preciso señalar que dicha decisión (de la Procuraduría) se encuentra plasmada en un acto administrativo de trámite, que no vulnera los derechos fundamentales del actor, sino que contrario a ello, es una manifestación de la voluntad de la administración, a través de la cual cumple con las funciones del Estado, entre las que se encuentra, garantizar las elecciones locales con la mayor transparencia posible; de tal suerte que la medida no fue adoptada en contravía de la Constitución y la Ley”.

Con total claridad, la jueza asegura que “la decisión del Procurador Segundo Delegado para la Moralidad Pública fue adoptada conforme a la ley, otorgándole el debido proceso a la parte actora”, y agrega que “dicha medida señalada por la Procuraduría General de la Nación, se efectuó no de manera irracional o desproporcionada, sino que contrario a ello, en apego a las disposiciones legales, esto es de conformidad con el artículo 157 de la ley 234 de 2002 que al respecto reza: "(...) el término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto…”

La jueza también revela un hecho más grave, que la decisión de la Procuraduría de no permitir el regreso de Gallo a su cargo, no se basó únicamente en un solo audio, cuando dice que “se escucharon nuevos audios y recaudaron nuevo material probatorio que determinó la viabilidad de continuar con la medida provisional”.

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Juan Gallo. Esto significa que este funcionario no podrá regresar a su despacho y debe afrontar una investigación disciplinaría que podría generarle una destitución que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por varios años y, además, tendrá que responderle a la justicia penal por el delito de constreñimiento.