Hubo mucha emoción entre las
autoridades colombianas y entre los comentaristas cercanos al gobierno, cuando
el BID dijo, a mediados de 2015, que más de la mitad de los habitantes pertenecían
a la clase media. Un éxito, gritaron todos.
Para el DANE la definición técnica
dice que pertenecen a la clase media las personas que tienen ingresos mensuales
entre $450.000 y $2.250.000 y que por lo menos tres miembros del hogar estén en
este promedio. Con base en estas cifras y en las perspectivas futuras de
crecimiento y de desarrollo, Colombia pensó que podría lograr en 2030 tener el
64% de su población en esta categoría.
Pero todas estas ilusiones
de mantener en crecimiento una clase media a la colombiana, donde una persona
gana diariamente entre $15.000 y $75.000, se han esfumado con la actual crisis
originada por la pandemia del coronavirus y deja al desnudo la realidad en que
viven alrededor de 26 millones de colombianos, quienes enfrentan dificultades
para garantizar su sostenimiento y son vulnerables.
Los expertos en economía y
voceros gremiales, confirman que una disminución del empleo es inevitable y que
las cifras de desocupación irán en aumento, debido a que sectores altamente demandantes
de fuerza laboral y que son el motor de la economía como, por ejemplo, la construcción
y el turismo, se demorarán en reaccionar, dadas las dificultades de adaptarse a
las normas de bioseguridad, que exigen distanciamiento social y altas
inversiones en procesos de prevención, adaptación y desinfección.
El gobierno colombiano ha dictado muchos decretos en el marco de la emergencia sanitaria y ha tratado de reaccionar de manera oportuna. Pero a pesar de la cantidad de normas, estas están resultando insuficientes y en ocasiones ineficaces, porque los tomadores de decisiones siguen apegados a fórmulas que sólo funcionan en la teoría o en condiciones de normalidad, pero no tienen la misma vigencia en situaciones excepcionales.
Una economía con menor
demanda tendrá consecuencias gravísimas y un proceso de recuperación muy lento.
Por esto, la tarea del gobierno es garantizar que los ciudadanos mantengan su
nivel de ingresos y su capacidad de gastos, colaborando con las empresas para
el pago de las nóminas e irrigando dinero entre los informales y las
poblaciones vulnerables, asegurándose, de paso, que los sectores agropecuario y
agroindustrial estén en plena marcha y los productores tengan la certeza que
sus cosechas las van a vender con un margen que les permita obtener utilidad.
Para mantener en operación la
economía colombiana, el gobierno tendrá que acudir a todas las formas de
financiamiento, incluida emisión primaria del Banco de la República. En las actuales
condiciones, lo que menos importa es la regla fiscal y el nivel de riesgo que otorguen
las calificadoras.
Japón, Alemania, Estados Unidos,
España y muchos otros países del mundo les están entregando a sus habitantes dinero
permanente para que gasten en sus necesidades básicas e intentan proteger
el nivel de vida, para que no crezca el número de personas atrapadas en la
pobreza, usando todos los instrumentos a su disposición y rompiendo con la
ortodoxia en el manejo fiscal.
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