EL GRAN PERSEGUIDOR

Es indudable que el Procurador General tiene la facultad de destituir a alcaldes, gobernadores y congresistas. Su poder es inmenso. Sería ideal que lo utilizara para combatir con denuedo a la corrupción. Lo grave, es que en el caso de Alejandro Ordoñez se usa despiadadamente contra sus contradictores políticos, religiosos y morales.

Ordoñez no se ha pronunciado oportunamente contra gobernadores acusados de homicidio, ni contra quienes tienen relaciones estrechas con paramilitares, menos contra políticos sentenciados por beneficiarse del narcotráfico, casi nunca contra los alcaldes que han llenado sus bolsillos con dineros del erario. Lo que sí ha hecho es sancionar personas porque se han metido con él o porque han desafiado el orden establecido por muchos de sus más íntimos amigos, o simplemente porque son funcionarios sin mayor importancia pero ayudan a mejorar las estadísticas disciplinarias.

Ordoñez es implacable contra quienes defienden el aborto y las relaciones homosexuales.  Pero es bondadoso con los miembros de su partido político y con funcionarios que delinquen o han delinquido. Su casa ha sido la sede de encuentro de los peor de la clase política colombiana, algunos de los cuales habían sido condenados o tenían orden de captura por parte de los jueces.

El Procurador actual ha puesto en peligro la institucionalidad y muchas de sus decisiones, con seguridad, están mediadas por el prevaricato, pero nadie se había querido levantar en rebeldía contra su poder, hasta que sucedió la sanción contra Gustavo Petro.

Petro no ha sido un buen Alcalde. Su estilo de gobierno es desafortunado. Evidentemente ha improvisado y gran parte de su equipo de trabajo es más teórico que práctico y se encarniza en discusiones académicas mientras la ciudad se hunde.

Pero la sanción contra el alcalde Petro es desproporcionada, porque en muchas otras ciudades de Colombia el tema de las basuras es un caos y la Procuraduría nunca ha sido nada. En muchas ciudades los ciudadanos dicen en encuestas (por ejemplo en ¿Cómo Vamos?) que no tienen confianza sobre la manera como se manejan los recursos públicos y el Ministerio Público guarda silencio. En charlas informales la gente asegura que sus gobernantes se están robando la plata, pero los procuradores regionales militan en el mismo grupo político y, por lo tanto, nunca hay avances en las investigaciones de las denuncias ciudadanas.

El procurador Ordoñez tiene diferentes raseros para aplicar las sanciones disciplinarias y eso le resta objetividad y credibilidad. Además, hace que miles de personas, como las que han marchado en Bogotá en las últimas semanas, se sientan ofendidas. La opinión pública mayoritariamente está castigando al Procurador: su imagen es la peor calificada de todos los dirigentes colombianos. Representantes de organismos internacionales ven con horror las actuaciones del Procurador.

Todavía le quedan tres años a Ordoñez al frente de la Procuraduría y en este tiempo temblarán todos sus contradictores y las minorías sexuales seguirán siendo perseguidas por quien tiene la obligación constitucional de proteger el derecho de las personas sin importar sus creencias religiosas ni sus inclinaciones sexuales. Y muy seguramente, se conformará un gran grupo para defender su derecho a una segunda reelección en 2016.