Si usted es mujer
colombiana, joven, indígena o negra, campesina y tiene la condición de víctima
de la violencia, está enfrentada a graves problemas en términos de desarrollo
humano. Su probabilidad de vivir en la pobreza extrema es altísima. La opción
de tener un empleo digno es muy baja. El acceso a los bienes públicos es
limitado. Es casi seguro que sus hijos y nietos quedarán atrapados en la
pobreza intergeneracional.
Esta es la cruda
realidad social del país, donde alrededor de 13 millones de personas son pobres
y de estas 4 millones están en la línea de la pobreza extrema, y salir de allí
y escalar en la pirámide social es una proeza que muy pocos alcanzan a lo largo
de su vida.
Las mujeres son
las más golpeadas por la pobreza, el abandono y la marginalidad, lo cual las
pone en condiciones de vulnerabilidad crítica. Algunos indicadores nos
demuestran que esta afirmación es cierta.
El desempleo
femenino en Colombia es un 30% más alto que el de los hombres. Si se trata de
mujeres jóvenes, la tasa de desempleo es el doble del promedio general del
país. La remuneración femenina es un 20% menor que la que le pagan a sus pares
masculinos. El Estado no reconoce la ocupación de las mujeres en el cuidado del
hogar. La pobreza femenina es un 25% más alta que la de los hombres cuando
ellas son cabezas de familia y aumenta hasta el 40% cuando ellas son
desplazadas por el conflicto interno. Si las mujeres son campesinas no tienen
posibilidades de una pensión de vejez y corren, además, el riesgo de ser
analfabetas. Y como si fuera poco, ellas también son las principales víctimas
de la violencia física, sexual y armada.
Con un panorama
de estas dimensiones, se entiende por qué Colombia figura entre los quince
países más desiguales del mundo y el que menos avances muestra en la lucha
contra la pobreza y la equidad en América Latina, de acuerdo con la CEPAL.
Las soluciones
están en la definición y aplicación de políticas públicas que permitan zanjar
las brechas de género en el país; una mayor participación política femenina;
políticas públicas de inserción de las mujeres en el mundo laboral y
empresarial; prevención de la violencia de género; protección a las mujeres
cabeza de hogar; reconocimiento laboral y pensional del trabajo que realizan
las mujeres al interior de sus hogares; eliminación de la brecha salarial; y
castigo judicial para quienes propicien la discriminación por género.
Todas estas
acciones se pueden lograr, siempre y cuando haya voluntad y liderazgo de las cabezas
de los poderes públicos y de los partidos y movimientos políticos; de los
dueños de los capitales productivos y de las organizaciones femeninas.
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