Los ciudadanos tienen el derecho legal y constitucional de
protestar. Y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho,
incluyendo evitar el vandalismo y asegurándose que sus agentes no infiltren las marchas para causar
desórdenes. La función de la Policía es proteger a los marchantes y
garantizarles su seguridad.
Los colombianos, en su mayoría, han dicho estar de acuerdo
con la protesta social el 21 de noviembre, por la sencilla razón de que sí hay
situaciones que están afectando su calidad de vida y su seguridad.
Un primer motivo es que se ha desatado una ola de violencia
que le ha costado la vida a centenares de líderes sociales, que han acogido la
vía de la paz y la reclamación institucional de sus derechos, pero a cambio han
recibido un ráfaga de balas, sin que el gobierno haya hecho lo suficiente para
detener la masacre, a pesar de los ruegos de las familias, el reclamo de las
organizaciones civiles y el señalamiento de los organismos internacionales.
Un segundo motivo, es el recrudecimiento de la pobreza en
Colombia y el incremento paulatino del desempleo. Frente a los dos problemas el
gobierno del presidente Duque no tiene políticas definidas para hacerle frente,
al punto que los niveles de hambre han crecido desproporcionadamente, por
ejemplo.
La falta de oportunidades para los jóvenes, es otra
situación que crea las condiciones para reclamarle al gobierno nacional una
política seria y contundente. No es posible que el 13% de los hombres y el 22%
de las mujeres menores de 25 años, estén desempleados, y que una fracción muy
alta de ellos sea profesionales, tecnólogos o técnicos. Y que alrededor del 75%
de quienes están ocupados, lo hagan en la informalidad.
Otro motivo, es la incredulidad de los colombianos frente a
su futuro laboral y pensional. Los mensajes que ha enviado el gobierno, el jefe
del partido de gobierno y los empresarios más cercanos a la administración, es
que se impondrán nuevas formas de contratación, desaparición del salario
mínimo, afectación al subsidio familiar y modificaciones a la seguridad social.
Además, la amenaza constante de acabar con el régimen de prima media y la
promoción de un sistema pensional privado injusto. El presidente Duque ha
intentado desmentir lo que sus ministros y su jefe político han dicho, para
apaciguar la protesta social, pero la gente no le cree, porque se ha vuelto costumbre
en él mentir.
Muchos otros colombianos saldrán a la calle a protestar por el
incumplimiento de la palabra del presidente Duque frente al fracking. Su
reiterado anuncio en campaña de liderar una posición en contra de esta técnica
ampliamente cuestionada en gran parte del mundo, la cual cambió una vez se
posesionó, fue un detonante para que su credibilidad cayera y aumentara el
desencanto frente a él y se creara una barrera social para impedir que el
fracking y la explotación minera en zonas de páramos afecten la calidad del
vida de las personas por la contaminación del agua, principalmente.
Miles de ciudadanos saldrán a las calles para gritarle al
presidente Duque que la inseguridad se tomó los campos y las ciudades, sin que
las autoridades trabajen lo necesario para contener fenómenos recurrentes como
el atraco, el raponazo, el secuestro exprés, los paseos millonarios y el asalto
a residencias.
Hay colectivos que están indignados porque el gobierno ocultó
información frente a la muerte de menores de edad en bombardeos ejecutados por
el Ejército y por el regreso de las ejecuciones cometidas por agentes del
Estado. Unas situaciones penosas e inadmisibles, que crean un manto de duda
frente a las políticas de seguridad y protección de los derechos humanos del gobierno
Duque.
Las marchas de protesta en Colombia son incontenibles, como
lo han sido en Hong Kong, Paris, Barcelona y 116 ciudades de USA, y en países
como Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Irán, Egipto, Haití, Israel y Chile. No hay que tenerle temor a estos
movimientos sociales. A lo que hay que tenerle miedo es a que las autoridades
no garanticen la protesta, no protejan a los marchantes y el gobierno no actúe
pronto en la toma de decisiones para encontrarle solución a los problemas que
originan el descontento ciudadano.
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