LA CARDER REQUIERE UN EXCELENTE DIRECTOR EN PROPIEDAD

Durante veinte meses, la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ha sido liderada a través de una funcionaria encargada, porque no ha sido posible nombrar un director en propiedad.

Pero los problemas se vuelven más complejos, al saberse que en el actual periodo legal, la institución ha sumado cuatro directores, lo que tiene en serio cuestionamiento la seriedad del manejo de los asuntos legales y la eficacia técnica de la entidad.

La que era una Corporación emblemática regional y nacionalmente, pasó a ser una entidad diezmada por escándalos de corrupción, nombramientos amañados, toma burocrática y una estrategia legal para evitar que se nombraba un Director que pudiera líderar el proceso de recuperación institucional.

El próximo lunes se citó al Consejo Directivo para elegir Director de la CARDER. Hay 55 nombres que llenan los requisitos. De ellos, dos profesionales son los que han logrado despertar el mayor interés entre los consejeros. Uno de ellos es Julio César Gómez, quien ya ocupó la dirección de la Corporación, destacando su capacidad de gestión y de ejecución. El otro es Francisco Uribe Gómez, quien fue jefe de Planeación de la CARDER durante veinte años y fue el encargado de liderar varios de los proyectos más emblemáticos en materia ambiental, entre ellos la internacionalización de la Corporación.

Ojalá sea posible que la CARDER tenga un Director en propiedad, que pueda reorientarla administrativa, operativa y financieramente y, por encima de todo, que logre recuperar la credibilidad institucional y la confianza de los ciudadanos.

EL CASO GALLO: CUANDO GANAR ES PERDER UN POCO

El suspendido alcalde de Pereira, Juan Gallo, no podrá regresar a su cargo, porque ni la Procuraduría ni un Juez acogieron sus explicaciones y porque la ley no lo permite.

Gallo acusó a la Procuraduría de haber usado una prueba ilícita para suspenderlo provisionalmente y, por tanto, el funcionario de la Entidad violó el debido proceso.

También explicó el saliente alcalde, que el audio fue grabado sin su consentimiento y en una reunión absolutamente privada, a pesar de que ella se realizó en su despacho, que es un espacio de propiedad pública e implicó a una persona contratada por la administración local, donde se habló temas de la gestión cumplida por el contratista.

Gallo cree que la divulgación de la conversación donde presionaba a un contratista para que definiera su voto por algunos de sus prohijados, violó su derecho a la intimidad.

El sancionado alcalde de Pereira, no cree que sea procedente que su suspensión provisional se base en una nota periodística. Y sostiene el argumento de que “la suspensión provisional vulnera mi derecho a elegir y ser elegido, por ser una medida desproporcionada”.

Dice Gallo que  “la decisión de la Procuraduría es totalmente desproporcionada, puesto que ya cesaron los motivos que dieron su origen”, restándole importancia a la probabilidad de que exista un delito mucho más grave que es el constreñimiento al elector.

Y, finalmente, considera que la suspensión emitida por la Procuraduría le está causando un perjuicio irremediable.

La jueza Tania Inés Jaime, dice al fallar la tutela interpuesta por Gallo, que “es preciso señalar que dicha decisión (de la Procuraduría) se encuentra plasmada en un acto administrativo de trámite, que no vulnera los derechos fundamentales del actor, sino que contrario a ello, es una manifestación de la voluntad de la administración, a través de la cual cumple con las funciones del Estado, entre las que se encuentra, garantizar las elecciones locales con la mayor transparencia posible; de tal suerte que la medida no fue adoptada en contravía de la Constitución y la Ley”.

Con total claridad, la jueza asegura que “la decisión del Procurador Segundo Delegado para la Moralidad Pública fue adoptada conforme a la ley, otorgándole el debido proceso a la parte actora”, y agrega que “dicha medida señalada por la Procuraduría General de la Nación, se efectuó no de manera irracional o desproporcionada, sino que contrario a ello, en apego a las disposiciones legales, esto es de conformidad con el artículo 157 de la ley 234 de 2002 que al respecto reza: "(...) el término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto…”

La jueza también revela un hecho más grave, que la decisión de la Procuraduría de no permitir el regreso de Gallo a su cargo, no se basó únicamente en un solo audio, cuando dice que “se escucharon nuevos audios y recaudaron nuevo material probatorio que determinó la viabilidad de continuar con la medida provisional”.

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Juan Gallo. Esto significa que este funcionario no podrá regresar a su despacho y debe afrontar una investigación disciplinaría que podría generarle una destitución que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos por varios años y, además, tendrá que responderle a la justicia penal por el delito de constreñimiento.

NO LES ESTÁ FUNCIONANDO LA ESTRATEGIA DE SEMBRAR TERROR

La estrategia de sembrar terror para deslegitimar la protesta social es muy vieja, y normalmente ha sido muy efectiva. Se intentó en los hechos ocurridos en Bogotá y Cali esta semana, donde planes estructurados y muy bien coordinados crearon el caos, buscando que la opinión pública pusiera en duda la eficacia de la movilización y la protesta social.

Lo que siempre fue tan efectivo en el pasado, empieza a no serlo ahora, cuando la gente supera la tergiversación de la información de los medios tradicionales de comunicación, con la exposición de los hechos de manera directa y categórica.

Los ciudadanos en Bogotá, principalmente, pudieron mostrar en la noche del viernes (22N) que extrañamente se desató el caos en varias localidades, con un mismo libreto, donde camiones iban dejando decenas de vándalos, que entraban en las unidades residenciales, golpeaban vehículos, amedrentaban a los residentes y luego huían cuando la Policía, después de muchos minutos, hacía presencia, pero no capturaba a nadie.

Incluso, muchos videos evidenciaron la extraña relación entre los vándalos y las autoridades. El montaje resultó tan evidente, que hasta el alcalde Enrique Peñalosa dijo que existía “una campaña para crear terror en Bogotá”.

La tecnología de comunicaciones que tiene la gente a su disposición y la velocidad de transmisión de la información, hacen que los montajes de los gobiernos y sus estrategias de terror queden rápidamente al descubierto y no sea tan fácil desvirtuar la legitimidad de la protesta ciudadana.

El presidente Duque se equivoca al tratar de militarizar la protesta y reprimir las manifestaciones pacíficas. Parece que no se enteró del resultado de acciones similares en Chile, Ecuador y Perú, donde la represión lo que hizo fue exacerbar la reacción de la gente, que siguió en las calles reclamando por sus derechos.

Duque está demorando la búsqueda de soluciones (anunció para el 27 de noviembre el inicio de conversaciones), esperando tal vez que los ánimos se calmen, cosa que no ocurrirá, porque la gente seguirá haciéndose sentir en la calle. Y los ciudadanos usarán sus ventanas para crear, con ollas y cucharas, una ruidosa sinfonía de rechazo a las políticas del gobierno en materia económica, salarial, pensional, de seguridad y de paz. Las redes sociales continuarán poniendo en evidencia los burdos montajes de unos organismos de seguridad que han fracasado en su responsabilidad de preservar el orden público, la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus bienes.

SÍ HAY RAZONES PARA LA PROTESTA CIUDADANA

Los ciudadanos tienen el derecho legal y constitucional de protestar. Y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, incluyendo evitar el vandalismo y asegurándose  que sus agentes no infiltren las marchas para causar desórdenes. La función de la Policía es proteger a los marchantes y garantizarles su seguridad.

Los colombianos, en su mayoría, han dicho estar de acuerdo con la protesta social el 21 de noviembre, por la sencilla razón de que sí hay situaciones que están afectando su calidad de vida y su seguridad.

Un primer motivo es que se ha desatado una ola de violencia que le ha costado la vida a centenares de líderes sociales, que han acogido la vía de la paz y la reclamación institucional de sus derechos, pero a cambio han recibido un ráfaga de balas, sin que el gobierno haya hecho lo suficiente para detener la masacre, a pesar de los ruegos de las familias, el reclamo de las organizaciones civiles y el señalamiento de los organismos internacionales.

Un segundo motivo, es el recrudecimiento de la pobreza en Colombia y el incremento paulatino del desempleo. Frente a los dos problemas el gobierno del presidente Duque no tiene políticas definidas para hacerle frente, al punto que los niveles de hambre han crecido desproporcionadamente, por ejemplo.

La falta de oportunidades para los jóvenes, es otra situación que crea las condiciones para reclamarle al gobierno nacional una política seria y contundente. No es posible que el 13% de los hombres y el 22% de las mujeres menores de 25 años, estén desempleados, y que una fracción muy alta de ellos sea profesionales, tecnólogos o técnicos. Y que alrededor del 75% de quienes están ocupados, lo hagan en la informalidad.

Otro motivo, es la incredulidad de los colombianos frente a su futuro laboral y pensional. Los mensajes que ha enviado el gobierno, el jefe del partido de gobierno y los empresarios más cercanos a la administración, es que se impondrán nuevas formas de contratación, desaparición del salario mínimo, afectación al subsidio familiar y modificaciones a la seguridad social. Además, la amenaza constante de acabar con el régimen de prima media y la promoción de un sistema pensional privado injusto. El presidente Duque ha intentado desmentir lo que sus ministros y su jefe político han dicho, para apaciguar la protesta social, pero la gente no le cree, porque se ha vuelto costumbre en él mentir.

Muchos otros colombianos saldrán a la calle a protestar por el incumplimiento de la palabra del presidente Duque frente al fracking. Su reiterado anuncio en campaña de liderar una posición en contra de esta técnica ampliamente cuestionada en gran parte del mundo, la cual cambió una vez se posesionó, fue un detonante para que su credibilidad cayera y aumentara el desencanto frente a él y se creara una barrera social para impedir que el fracking y la explotación minera en zonas de páramos afecten la calidad del vida de las personas por la contaminación del agua, principalmente.

Miles de ciudadanos saldrán a las calles para gritarle al presidente Duque que la inseguridad se tomó los campos y las ciudades, sin que las autoridades trabajen lo necesario para contener fenómenos recurrentes como el atraco, el raponazo, el secuestro exprés, los paseos millonarios y el asalto a residencias.

Hay colectivos que están indignados porque el gobierno ocultó información frente a la muerte de menores de edad en bombardeos ejecutados por el Ejército y por el regreso de las ejecuciones cometidas por agentes del Estado. Unas situaciones penosas e inadmisibles, que crean un manto de duda frente a las políticas de seguridad y protección de los derechos humanos del gobierno Duque.

Las marchas de protesta en Colombia son incontenibles, como lo han sido en Hong Kong, Paris, Barcelona y 116 ciudades de USA, y en países como Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Irán, Egipto, Haití, Israel y Chile. No hay que tenerle temor a estos movimientos sociales. A lo que hay que tenerle miedo es a que las autoridades no garanticen la protesta, no protejan a los marchantes y el gobierno no actúe pronto en la toma de decisiones para encontrarle solución a los problemas que originan el descontento ciudadano.

EL MUNDO LABORAL Y ECONÓMICO VISTO DESDE LOS JÓVENES

Unos señores que ganan mucho dinero liderando instituciones financieras y centros de estudio, se unen para proponer que a los jóvenes universitarios les paguen durante su primer año de trabajo el 75% del salario mínimo y que en adelante, muy seguramente, los patrones les paguen el salario mínimo completo.

Esa idea “genial” de estos tecnócratas, es aplaudida y respaldada por políticos mediáticos, entre ellos, incluso, uno que ocupó la presidencia de la República y que ahora tiene un asiento en el Senado.

Estas propuestas lo que evidencian es un desprecio absoluto por la juventud y la ruptura de los vínculos entre los jóvenes y el sector empresarial. Observemos un ejemplo meramente académico, para entender esta realidad. Imaginemos que su hijo (a) o su sobrino (a) estudian en una universidad privada de una ciudad intermedia como Manizales, Armenia, Ibagué o Pereira, donde pagan $5 millones de matrícula por un semestre y la manutención mensual cuesta $1 millón. Durante los 10 semestres que dura la carrera (una exageración que se da en los países tercermundistas), la inversión realizada por la familia para que el joven tenga un diploma será de $170 millones a pesos de hoy, ello sin contar con que en muchas ocasiones los padres tuvieron que salir a buscar el dinero a través de un préstamo por el cual pagan intereses.

Cuando el nuevo profesional sale a conseguir empleo, cosa que logra entre 8 y 11 meses de intensa búsqueda, según los estudio sobre el mercado laboral, obtendría una asignación mensual inicial, de acuerdo con la propuesta de los “gurúes”, de $618 mil y después de un año de $822 mil, lo que significa que requeriría 17,3 años, sin gastarse un solo peso, para recuperar la inversión educativa realizada por la familia.

Con una realidad como esta se entiende que la matrícula universitaria en las instituciones privadas tienda a la baja, lo que tiene alarmados a los rectores. Y es evidente, que no es un buen negocio para nadie pagar tanto dinero por una formación de relativa calidad, cuando la tasa de retorno de esa inversión es tan baja.

Pongamos un ejemplo no tan dramático. Digamos que el recién graduado de una universidad privada obtiene un salario de $1,8 millones, que es lo que normalmente se le asigna hoy, y que en el transcurso de los años logra mejorar su ingreso a $3 millones. La recuperación de la inversión la haría en algo así como 6 años, eso sí, sin tener que pagar interés por un crédito al Icetex o a una institución financiera, y sin gastarse un solo centavo de lo que le consigna la empresa. Y, muy importante, que no haya realizado nuevas inversiones educativas en una especialización (bastante costosas), que sólo incrementan en un 20% la asignación básica mensual promedio del nuevo profesional.

Para los estudiantes que se gradúan de la universidad pública, donde la calidad de la educación es muy buena, baste mirar la Nacional, Antioquia, Valle, Tolima, Caldas o Pereira, para comprobar lo dicho, la relación costo / beneficio es mucho más alta que en una universidad privada, y la recuperación de la inversión es más rápida (alrededor de tres años), dado que el costo de la matrícula es menor, la manutención de los jóvenes cuesta menos, especialmente cuando estudian en la ciudad donde vive la familia, y con una remuneración de poco más de dos salarios mínimos mensuales.

Lo que es absurdo, en fin de cuentas, es que los líderes en Colombia sigan pensando que la única forma de vincular a los jóvenes al mercado laboral es a través de un salario de ruina, cuando lo que debería ocurrir es incentivar que los universitarios tengan una mejor remuneración relacionada con su productividad e innovación, con lo cual el país estaría dando pasos seguros y agigantados hacia el desarrollo y el crecimiento.

Se equivocan los empresarios creyendo que serán exitosos y competitivos pagando salarios de hambre a jóvenes con gran potencial, que lo único que estarán pensando es cómo encontrar una nueva alternativa laboral, lo que generará una movilidad permanente que hará que cualquier proyecto empresarial sea incapaz de consolidarse.


Entre tanto, los voceros de poderosos gremios empresariales y líderes de tanques de pensamiento económico, se quejan de los jóvenes, porque no aceptan las miserables condiciones salariales del mercado. No han entendido la realidad que vive esta “Generación Y” o “Millennials”, cuya principal característica es que no se comprometen con el trabajo mal pago. Y que en vez de encerrarse por años a trabajar ocho horas por un salario que en el mejor de casos les remunera 20 dólares al día, prefieren ahorrar durante varios meses, y salir a vivir nuevas experiencias, viajar y estar conectados a la virtualidad, y no tienen afán en consumir marcas (excepto tecnología), ni comprar carro (basta con la bicicleta), ni consignar para pensiones.

ADIÓS PACHO DIAZ

Por estos días, en 1980, acogí la invitación de Luis Francisco Diaz Cardozo para escribir una columna sobre atletismo en el tabloide La Tarde, con el beneplácito del innolvidable Hernán Castaño Hincapié. En esa época yo era un destacado atleta juvenil, con varios campeonatos nacionales a cuestas y muchos récords en mi haber.

Diaz hacía parte de una pléyade de excelentes comentaristas deportivos como Gonzalo Valencia, Henry Carvajal Castro, Daniel Alfonso Benítez y Hugo Ocampo Villegas, que tenían la característica de no haberse dejado atrapar únicamente por el futbol, y abrían la puerta para hablar de otras actividades deportivas.

Con Pacho, como todos lo llamábamos (creo que nunca hubiera contestado por su nombre de pila), entablé una excelente amistad, al punto que cuando me lesioné y tuve que abandonar la práctica del atletismo, me propuso que presentara mi hoja de vida para hacer parte del nuevo equipo de redactores de La Tarde, cuando en 1982 dio el salto de tabloide a tamaño universal y montó su propia rotativa.

Con apenas 20 años de edad tuve la entrevista de ingreso con Alejandro Galvis Ramírez, el nuevo socio mayoritario del periódico liberal y recuerdo que en la hoja de vida de forma Minerva, puso grande “campeón nacional”. Cuando salí, me dijo en la puerta, queda contratado y señaló a Pacho Diaz y le advirtió “usted se encarga de él”. Y sí que lo hizo.

Fueron muchos años de estrechas relaciones de compañerismo con él en la sala de redacción de La Tarde.

Tenía un sentido muy desarrollado para encontrar las palabras exactas que definieran un acontecimiento deportivo. Era justo en su análisis y un compañero excepcional, que no alimentó odios ni conflictos; por eso todos le tuvieron una especial estimación, y eso explica por qué la noticia de su fallecimiento, en la tarde de hoy (15 de noviembre), nos llenó de congoja a quienes tuvimos la ocasión de compartir con él. Y en mi caso particular, porque fue un excelente tutor en mi formación como periodista y como ser humano.

Pacho, descanse en paz y un abrazo fraterno para su esposa e hijas.

GANÓ EL QUE DIJO GALLO. ¿PERO A QUÉ PRECIO?

Ganó el candidato Carlos Alberto Maya, que fue el que dijo el alcalde Juan Pablo Gallo. Para lograrlo tuvieron que firmar 4.300 contratos de prestación de servicios en la Alcaldía de Pereira, por un valor de $140.000 millones, de los cuales 1.900 son los autodenominados por los “gallistas” como “contratos basura”.

Para asegurar el triunfo, Gallo ordenó la instalación de un software que garantizaba la adhesión de los contratistas y sus referidos, cuya existencia fue denunciada por un portal web nacional y una organización internacional de defensa de la protección de datos.

Para no correr muchos riesgos electorales, personalmente Gallo inquiría a los contratistas para que se mantuvieran firmes en la causa de elegir un diputado, varios concejales, el candidato a gobernador Diego Naranjo y a su preferido, Carlos Maya, para la Alcaldía. Una denuncia en torno a esta situación, tramitada por dos periodistas nacionales de Caracol y La W, hizo que el Procurador General suspendiera por tres meses al alcalde, por cometer presuntamente dos delitos: participación en política y constreñimiento al elector.

“El que dijo Gallo”, sí ganó. Pero para esto tuvo que inundar toda la ciudad de publicidad, violando las normas legales sobre el asunto. Además de gastarse miles de millones de pesos pagando un ejército de personas que recorrían diariamente la ciudad promocionando a Maya como el “Nuevo Gallo”. Nunca nadie dijo de dónde provino tanto dinero.

Entre tanto, Gallo y su esposa (quien usa bienes públicos), lideraban, sin vergüenza alguna por la violación de las reglas sobre no participación en política, una campaña mediática y virtual en favor de Maya, que horrorizó incluso a los más “gallistas” (como el exalcalde Álvaro Ramírez), que nunca habían asistido a un espectáculo tan denigrante de la acción proselitista desde la Alcaldía.

Gallo cumplió su palabra. Hizo elegir al que él dijo. Mantuvo la relación con los hermanos Merheg, jefes indiscutidos del Partido Conservador. Aun así, los números no cuadraban. Entonces llamó a los partidos que hace cuatro años no lo acompañaron: Partido de La U (Con el exalcalde Vásquez y el exsenador Soto, quienes públicamente anunciaron su voto por Maya), Cambio Radical y Mira y conformó una poderosa máquina electoral, que complementaron con agrupaciones cristianas unidas en torno a Colombia Libres Justa y Colombia Renaciente.

A esta poderosa alianza, le agregaron el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales y alternativos, al punto que el único periódico diario que circula en Pereira pregonaba en todas las noticias políticas que "Cuando se vota por Maya, la que gana es la ciudad". 

Y se llegó al día de las elecciones. “El que dijo Gallo, ganó”. Pero fue una victoria pírrica. Los candidatos al Concejo de Pereira de los siete partidos que respaldaron a Maya sumaron 118.180 votos. Pero por Maya apenas votaron 60.500 personas, cinco mil votos más que Mauricio Salazar, su más enconado contendor. Fueron 66.000 votos menos los que obtuvo Maya frente a los logrados por Gallo hace cuatro años, a pesar de que este decía que todos esos votos eran de él.

La victoria de Maya develó la realidad de un alcalde que se ha mantenido en la cumbre de la opinión pública, gracias a su habilidad para comunicar a través de las redes virtuales, pero que fue incapaz de liderar un proceso de inclusión social, lo que se evidencia en el rezago continuo, durante su mandato, de la casi totalidad de indicadores de desarrollo humano.

La gente de los barrios más pobres castigó la indiferencia del alcalde Gallo para con ellos: calles rotas, ausencia de alumbrado público, inseguridad galopante y pobreza creciente. La gente de estos sectores marginales buscó otras alternativas políticas, pues entienden que con Maya como alcalde la inversión se seguirá concentrando en aquellos espacios donde la imagen de la selfie tenga un mejor encuadre, un fondo más atractivo y personas con la capacidad de difundir con mayor eficacia los logros del gobierno.

Entonces, ¿quiénes votaron por Maya? La respuesta está en la poderosa maquinaria electoral desplegada por el alcalde Gallo (anunciada con antelación por el exalcalde Ernesto Zuluaga), basada en funcionarios y contratistas de la Alcaldía y en sus referidos. Algunos votaron con pasión por el aspirante, pero otros, la mayoría, lo hicieron por temor o por la necesidad de que su contrato, así fuera un “contrato basura”, le fuera renovado en el nuevo periodo de gobierno. Ah, además, mucha gente de los estratos altos cambio, al final, su voto en favor de Maya, con el argumento de que “tenemos miedo de que llegue Salazar, no tanto por él, como por su esposa María Irma, que será la que va a gobernar”.

A partir del primero de enero Pereira tendrá a Carlos Maya como Alcalde, que contará a su favor con una fuerte coalición política en el Concejo; pero en contra enfrentará la sombra de Gallo, las decenas de denuncias y demandas que tendrá que atender y que ya están en proceso de investigación, y la presión de miles de contratistas que reclamarán su derecho a tener una vinculación con el gobierno del MAS.

LINA ARANGO ES LA LÍDER DEL PARTIDO VERDE EN RISARALDA

Muy a pesar de que un sector de Compromiso Ciudadano en Risaralda, que no le interesó hacer visible la propuesta política de Lina Arango, candidata a la Gobernación por el partido Alianza Verde, ella obtuvo 40.491 votos, una cifra excepcionalmente alta para organizaciones políticas alternativas.

Con esta votación, la señora Arango Dávila se convierte en la líder más importante del Partido Verde en Risaralda y una voz muy autorizada para interlocutar políticamente en Pereira, donde alcanzó 26.797 sufragios, 266 menos que el candidato de esta organización política para la Alcaldía de la ciudad capital. Una verdadera proeza.

Adicionalmente, su resultado en Dosquebradas, donde sumó 8.026 votos, casi el doble del candidato a la alcaldía por los verdes, la ponen en un nivel superior de liderazgo en el área metropolitana.

Lina Arango participó activamente en la promoción de la campaña presidencial de Sergio Fajardo; en el voto en favor de la paz; y en la consulta anticorrupción, una actividad que no todos los líderes de Compromiso Ciudadano en Pereira y Risaralda asumieron con responsabilidad en el pasado inmediato.

Desconocer el logro electoral de Lina Arango es un infantilismo político, y tratar de ocultarla a ella es una jugada poco inteligente, porque su activismo es reconocido y su habilidad para conciliar posiciones la ponen un peldaño arriba de quienes gastan su tiempo en evitar que los risaraldenses la reconozcan como la vocera más importante de los verdes en esta región del país.

GAVIRIA DICE QUE LIBERALISMO GANÓ LAS ELECCIONES, PERO LOS RESULTADOS LO DESMIENTEN

El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, afirmó a El Tiempo que su colectividad fue la gran ganadora en las elecciones regionales del pasado 27 de octubre, porque “fue el partido que mejor leyó y mejor interpretará los deseos de la gente”. Pero la realidad electoral no le da la razón.

En 23 ciudades capitales, el Partido Liberal salió derrotado o no presentó candidatos. En 7 ciudades capitales el liberalismo se juntó con el ganador a través de coaliciones, figurando en varias de ellas de forma minoritaria. Sólo ganó una alcaldía en el país presentándose de manera individual, fue la de Leticia con Jorge Luis Mendoza (5.286 votos).

·         En Bogotá, el partido Liberal jugó con otros cinco partidos políticos en favor de Miguel Uribe. La derrota fue contundente 2,6 votos a 1 ante Claudia López de la alianza de los partidos Verde y Polo Democrático. Incluso, la coalición liberal fue derrotada 2,3 a 1 por Carlos Fernando Galán.

·         En Medellín el liberalismo no sacó candidato y sus huestes salieron a respaldar a Alfredo Ramos del CD. Los derrotó de manera apabullante Daniel Quintero Calle.

·         En Bucaramanga la liberal Claudia Lucero López, esposa de un senador y tía del gobernador de Santander, respaldada por una coalición de cuatro partidos, tuvo un resultado adverso de 4,5 votos a 1, y quedó rezagada al cuarto lugar. El ganador fue Juan Carlos Cárdenas del movimiento Ciudadanos Libres.

·         En Cúcuta el ganador fue Jairo Tomás Yañez del Partido Verde, mientras el liberal Ricardo Marthey tuvo una relación negativa de 6 votos a 1.

·         En Manizales el partido Liberal se unió con otros tres partidos para respaldar al conservador Jorge Hernán Mesa, pero se encontraron con el paso avasallador de Carlos Mario Marín del Partido Verde, que ganó sin atenuantes, produciendo una de las grandes sorpresas electorales del país.

·         En Sincelejo, una coalición de conservadores, La U, Cambio Radical y Centro Democrático, respaldaron el nombre de Andrés Gómez a la Alcaldía, y derrotaron al liberal Mario Alberto Fernández, cuya esposa es senadora por Cambio Radical.

·         En Ibagué ganó el conservador Andrés Fabián Hurtado, que duplicó en votos al liberal Camilo Ernesto Delgado, quien quedó cuarto en la contienda.

·         En Arauca ganó la ASI, con 2,5 veces más votos que el aspirante liberal.

·         En Florencia ganó Luis Antonio Ruiz del Partido Verde, mientras que la coalición liderada por el liberalismo de la que hacían parte CR, La U y Partido Conservador fue cuadruplicada en votos.

·         En Valledupar Mello Castro del Partido de la U, dio buena cuenta de una coalición de cuatro partidos políticos, incluido el Liberal.

·         En Pasto ganó Germán Chamorro de la coalición Corramos Juntos por Pasto. El candidato liberal en esta ciudad, el exparlamentario Javier Tato Alvarez, sufrió una derrota estruendosa, con una relación de 11 votos por 1.

·         En Armenia ganó José Manuel Ríos del MAIS, derrotando a la poderosa maquinaria representada por la liberal Piedad Correal, que tuvo el respaldo de otros cuatro partidos.

·         En Mocoa el candidato liberal sumó apenas 141 votos, en tanto el ganador, John Jairo Imbachi de AICO conquistó 8.187 sufragios.

·         En Cartagena William Jorge Dau Chamat de un movimiento significativo de ciudadanos acabó con las ilusiones liberales de recuperar su primacía política en esta ciudad con William García Tirado

·         En Yopal, la candidata liberal Fernanda Salcedo fue barrida por el candidato Eduardo Castro de la ASI.

·         En Popayán el liberalismo no presentó candidato y sus militantes se fueron plegando al aspirante de La U. El ganador fue Juan Carlos López del Partido Verde.

·         En Inirida triunfó el indígena Pablo Willan Acosta del partido AICO. Los liberales no presentaron candidato y la militancia apoyó un candidato del partido de La U.

·         En San José del Guaviare, el candidato de Cambio Radical, Ramón Guevara triplicó la votación de la coalición liberal-conservadora representada por Severo Guerrero.

·         En Neiva triunfó Gorky Muñoz de Cambio Radical. El otrora poderoso Partido Liberal en el Huila, no presentó candidato.

·         En Santa Marta Virna Lizi Johnson del movimiento Fuerza Ciudadana barrió electoralmente en la alcaldía, siendo uno de los resultados más inesperados en el país. El Partido Liberal, que hace años era un poderoso jugador en la política samaria, no presentó candidato.

·         En Villavicencio el liberalismo no presentó candidato y su militancia adhirió a las aspiraciones de Felipe Carreño y Fabián Torres. Sin embargo, el ganador fue Felipe Harman, candidato de Somos La Alternativa compuesta por partidos de izquierda como Colombia Humana y Polo. Fue una de las victorias más celebradas en Colombia.

·         En Mitú el triunfador fue Carlos Enrique Penagos de AICO. El candidato liberal fue cuarto con una relación de 3,6 votos por 1 frente al ganador.

·         En Puerto Carreño ganó la coalición Cambio Radical – ASI, con Jair Esteban Beltrán, en tanto el liberal Marco Sergio Rodríguez acompañado por una coalición de tres partidos políticos fue tercero, con una votación muy baja.

Las alcaldías que se ganaron y donde el liberalismo participó en coalición fueron:

·         En Barranquilla el liberalismo no presentó candidato a la alcaldía y se plegó minoritariamente al aspirante de Cambio Radical Jaime Pumarejo.

·         En Tunja el liberalismo no presentó candidato y se plegó a una coalición junto con ASI para respaldar al conservador Luis Alejandro Funeme

·         En Quibdó ganó el conservador Martín Emilio Sánchez, con el apoyo de los partidos verde y liberal.

·         En Montería el aspirante conservador Carlos Alberto Osdosgoitia ganó con el apoyo de los partidos de La U y Liberal, además de un grupo significativo de ciudadanos.

·         En Riohacha triunfó el liberal Ramiro Bermúdez en una alianza con los movimientos indígenas AICO y MAIS.

·         En Pereira obtuvo el triunfo Carlos Maya de una coalición liberal-conservadora, respaldada por los partidos Cambio Radical, Mira, Colombia Renaciente y La U, teniendo una de las votaciones más bajas de las últimas elecciones para alcalde con 60.497 votos. Le ganó al candidato de la ASI por 5.000 votos.

·         En Cali ganó Jorge Iván Ospina del Partido Verde, que tuvo el coaval del Partido Liberal.

En cuanto a las gobernaciones, el Partido Liberal sólo ganó dos de manera individual: Córdoba y Sucre. Se presentó individualmente y perdió en Arauca y Vaupés  y no participó en La Guajira.

A través de coaliciones, donde los candidatos respaldados pertenecían a otros partidos, el Partido Liberal participó del triunfo en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío y Valle,

Perdió a través de coaliciones en Caldas, Amazonas, Caquetá, Casanare, Cauca, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima y Vichada.