Muy seguramente en veinte años Colombia estará sumida en la
discusión sobre la trascendencia de las Regiones como Entidades Territoriales,
un cambio que tendrá que dar la institucionalidad democrática colombiana. Pero
para llegar a ello, es necesario consolidar las Regiones Administrativas y de
Planeación, cuya ley de fortalecimiento fue sancionada por el presidente Duque el
año pasado.
Tanto las Regiones de Planeación como las Regiones Entidad
Territorial, fueron definidas en la Constitución Política de 1991, la misma que
ordena la descentralización y la autonomía regional, pero que no ha podido
concretarse plenamente debido a la vigencia de intereses que intentan que la
vida política y administrativa siga siendo ordenada desde Bogotá, en un
centralismo asfixiante, que no tiene por qué seguir sucediendo.
La ley 1962 de 2019 es un paso en la dirección correcta de
darle viabilidad a la descentralización y a la autonomía territorial. Y en este
sentido, las RAP que ya están en funcionamiento deben demostrar que sí son el
instrumento para rediseñar la arquitectura política y administrativa de
Colombia, y que están en capacidad, desde las regiones, para orientar su
desarrollo de manera armónica y efectiva.
Y aquellos que apenas están avanzando en la constitución de
sus RAP, deben hacerlo de manera rápida, para que el país sienta que efectivamente
ya hay un primer cambio del modelo tradicional de gobierno, donde el centro
ordena y las regiones obedecen.
El hecho de que las RAP no tuvieran en el ordenamiento
anterior la posibilidad de acceder a recursos para liderar iniciativas
regionales, había convertido estos organismos en espacios inanes, que con
seguridad se iban a marchitar y su desaparición estaba anunciada. La nueva Ley
les da a estas organizaciones un nuevo aire.
La nueva realidad debe conducir a las regiones a sostener un
diálogo horizontal con el gobierno central, y tener, además, la suficiente
capacidad política y técnica, para influir en las decisiones, especialmente
aquellas relacionadas con la inversión.
La capacidad técnica de las Regiones Administrativas y de
Planeación está a prueba y no pueden fracasar, porque el fracaso es el
hundimiento de la posibilidad de una verdadera autonomía territorial.
Los gobernadores que tienen la responsabilidad de representar
los colombianos que habitamos las distintas regiones del país, saben que desde
los territorios se produce la riqueza y se generan los ingresos públicos que
sustentan el desarrollo y el crecimiento nacional y, por esa misma
circunstancia, tienen el derecho de ser interlocutores en las decisiones de
política pública que el gobierno central adopte.
Promover la descentralización no ha tenido el propósito de romper
la unidad nacional. Pero sí busca que desde el Centro, o sea, desde el gobierno
nacional, no se siga tratando con desdén a las regiones, que es donde se viven
los problemas, pero también se ejecutan las grandes transformaciones.
Con la descentralización no se está hablando de autonomía
para destruir la Nación, como lo quieren hacer creer ciertos círculos de poder
en Bogotá. Se está hablando de una autonomía creativa, que permita que se pueda
hacer el mejor uso de los recursos, a través de la colaboración, la complementariedad
y la solidaridad entre los territorios que se han unido para buscar las mejores
soluciones y crecer juntos.
Para llegar a la consolidación de las RAP tuvieron que pasar
muchos años desde la proclamación de la Constitución de 1991. Y se debe seguir
trabajando para llegar a las Regiones Entidad Territorial.
