Los departamentos colombianos están urgidos en este momento
a realizar modificaciones sustanciales (y dolorosas) en la focalización de la inversión
de los planes de desarrollo para el cuatrienio 2020 – 2023. Las razones son de carácter
fiscal.
El primer impacto negativo surge de los efectos de la
cuarentena por coronavirus, dado que las fuentes de financiación de recursos
propios de las gobernaciones se afectaron gravemente: bajaron los consumos de
cerveza, licores y cigarrillos y, por tanto, el recaudo del impuesto de estos
productos. Adicionalmente, cayó la venta de lotería, chance y otros juegos de
azar, con los cuales se financia parte de la salud. El impuesto de registro y anotación no se
mueve por la falta de negocios de bienes raíces. Los ingresos por estampilla se
resienten ante la disminución de la contratación pública en las gobernaciones.
Y el porcentaje que se obtiene del impuesto a la gasolina es mínimo, debido a
que la mayoría de automotores están parados.
Un primer análisis a nivel nacional indica que si se logra
regresar a la normalidad a finales de abril, la caída anual de los ingresos de
los departamentos podría estar rondando el 27%. Pero la situación se complica
si la cuarentena se alarga hasta mayo, pues el efecto en las finanzas sería un
bajonazo aproximado al 50%, sin contar el coletazo para 2021.
El segundo impacto negativo surge de la caída de los precios
internacionales del petróleo, lo cual afectará los fondos de regalías, que es
de donde los territorios toman dinero para ejecutar muchos de sus proyectos de
inversión. En el bienio 2021-2022 se verán las consecuencias de los menores
recursos que se tendrán disponibles en Regalías.
El tercer efecto negativo está en la poca disponibilidad que
tendrá el gobierno nacional, en los próximos 18 meses, de girar dinero para
apalancar o cofinanciar proyectos de inversión en los departamentos, ya que se presentará
una caída de por lo menos $10 billones en el recaudo impositivo por la
inactividad de la economía durante las cuarentenas que el gobierno ha tenido que
decretar y que ha afectado a casi todos los sectores.
La consecuencia lógica de toda esta problemática es que el
plan plurianual de inversión de cada departamento, que normalmente se elabora
con ciertos niveles de seguridad, dados los comportamientos históricos de los
ingresos, ahora está cubierto por un manto de total incertidumbre.
2 comentarios:
Es compleja la situación de la economía y hay un factor adicional: la pobreza de la gran mayoría de la población, en la cual el 60% de la fuerza laboral son trabajos informales. Esto incrementará los niveles de pobreza de la población.
Lo que implica que los gobernantes tiene una gran responsabilidad de buscar un equilibrio, entre las inversiones sociales, y las inversiones que incentiven la reactivación de sectores productivos, intensivos en mano de obra y dinámicos en la oferta de bienes y servicios.
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