UN PRESIDENTE APAGANDO INCENDIOS

¿Cuál es la razón para que el presidente Iván Duque tenga que salir a los apagar los incendios provocados por sus ministros? La respuesta es simple, aunque muy preocupante: no hay un discurso oficial sobre los asuntos más críticos del Estado. Y esta situación incentiva a que cada alto funcionario asuma como quiera la solución de los temas que son de su incumbencia, apresurándose cada quien a dar declaraciones públicas sin contar con el beneplácito del Presidente.

Muchas de las declaraciones de los ministros y otros funcionarios han tenido que ser corregidas  por el Presidente. Qué desgaste!!!  Y lo peor, que en cada una de estas actuaciones queda la sensación de que no hay un gobierno unificado y que la improvisación es la reina de la fiesta.

El ministro de Hacienda hizo anuncios sobre la reforma tributaria y amenazó con la aplicación universal de impuestos a la canasta familiar. Las reacciones políticas y sociales fueron bastante negativas para la imagen del gobierno. Ante semejante panorama, el Presidente tuvo que descalificar esos anuncios, con el fin de bajarle temperatura al debate.

El ministro de Defensa se pronunció contra la protesta social e hizo acusaciones sin sustento sobre una financiación ilegal de las movilizaciones ciudadanas. Esto generó duras críticas al gobierno, especialmente en momentos en los cuales los niveles de violencia contra los líderes de derechos humanos han llegado a límites desconocidos en los últimos quince años. El Presidente salió a corregir a su Ministro y a anunciar que el gobierno respeta el derecho social a la protesta y a la movilización.

La ministra de Minas reveló que avanza la planeación de proyectos sobre la explotación petrolera a través de la técnica del fracking, provocando un descontento entre organizaciones ambientalistas y líderes de opinión, que tienen la convicción que esta modalidad de fractura de rocas con agua a presión combinada con químicos, representa una tragedia ambiental de grandes proporciones, que ya ha sido prohibida en varios países desarrollados. El Presidente intervino para apaciguar los ánimos, anunciando que no hay decisiones sobre el tema, y sus críticos le recordaron que durante la campaña electoral él se mostró contrario al fracking.

La ministra de Justicia contó sobre los propósitos de la reforma a la justicia, la modificación de la tutela y la persecución a los consumidores de alucinógenos. Sus explicaciones crearon una confusión tal, que tanto los magistrados como la ciudadanía pidieron claridades, pero la ministra, según sus propias palabras “se trabó” y no fue capaz de dar respuestas adecuadas. El Presidente debió aclarar muchas dudas para salvar la situación.

La ministra de Gobierno radicó proyectos de ley sobre el tema de corrupción, pero se advirtieron errores y “micos”, que obligaron a retirar una iniciativa, demostrando improvisación, haciendo que el Presidente tuviese que ajustar su discurso y apresurarse a respaldar plenamente la Consulta Anticorrupción, en contravía de su mentor el senador Uribe y la posición de su partido el Centro Democrático.

El embajador en Estados Unidos dijo en rueda de prensa que el gobierno colombiano no descarta la intervención militar contra Venezuela, originando críticas entre la mayoría de los países del sistema interamericano. El Presidente corrió a aclarar públicamente que su gobierno es antibelicista y no intervencionista, y que busca un acuerdo multilateral para encontrar la mejor salida posible a los problemas que viven los ciudadanos y la democracia venezolana.

El presidente Iván Duque debería tomarse el tiempo necesario para hablar con sus ministros y funcionarios del más alto nivel y darles indicaciones sobre cuáles son sus posiciones respecto a los temas más cruciales del país. Esto ayudaría a mejorar la comunicación con los ciudadanos y evitar estas confusiones, que le están costando aceptación entre la opinión pública.

UN AÑADIDO: ¿Alguien sabe cómo se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los espacios de participación social? ¿Las regiones tendrán opciones de opinar?

MARÍA FERNANDA LANZA FUEGO AMIGO DESDE EL CENTRO DEMOCRÁTICO

La senadora María Fernanda Cabal está muy dolida con el tratamiento que un sector del uribismo le dio a su marido, Pepe Lafaourie, durante el proceso de elección de Contralor General de la República, en el cual fue rechazado por una aplastante mayoría al interior del Centro Democrático.

Su resentimiento no respeta liderazgos internos. Y claramente confirma que hay roces al interior de su partido y se desliga de las posiciones del senador Álvaro Uribe, cuando en entrevista con El Tiempo asegura que “creo que él (Uribe) siente una gran responsabilidad de que a este gobierno le vaya bien. Esa es la opinión de él en cuanto a que no se formen grupismos. Yo le diría que esos grupismos se forman precisamente por la permanencia de una cúpula (militar) que ya cumplió su tarea”.

Sobre este tema de la cúpula militar, Uribe reprendió y desautorizó públicamente a la senadora Cabal y desmarcó al Centro Democrático de sus críticas contra el generalato. Pero no todos comparten la posición del expresidente. Regionalmente hay líderes que apoyan a la senadora valluna, como el exalcalde de Pereira, Álvaro Ramírez, quien en una columna de opinión en El Diario, afirmó “La franqueza y el lenguaje de la senadora María Fernanda Cabal, me cautivan. Su valor civil y la manera de enfrentar los problemas, es original y la presenta notable frente a sus compañeros”.

Adicionalmente, ella, que representa una de las alas más derechistas del CD, reclama para sí y sus seguidores espacios burocráticos, cuando dice que “es importante que este gobierno recoja a las personas que tienen las mejores calidades desde nuestro partido y no las deje por fuera. Esa es una crítica constructiva que le hemos hecho”. Y a renglón seguido lanza una afirmación contundente: “él (el presidente Duque) y su equipo tienen que darse cuenta de que allí no llegaron gratis, que trabajamos todos, que todos conseguimos votos, que dimos nuestro tiempo, que le pusimos pasión y nos la jugamos para que ellos ganaran”.

La parlamentaria estrella del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, representa la incomodidad de la mayoría de los congresistas, quienes no tienen cuota de poder en el alto gobierno, pero no se atreven a levantar su voz por un temor reverencial al senador Uribe.

Aunque el discurso público de los uribistas apunta a rechazar la denominada “mermelada”, cada uno de los senadores y representantes anda con una gallete en la mano, esperando una untadita de esa mermelada, que para ellos no sería tan tóxica.

La ira del uribismo con el gobierno del presidente Duque se exacerbó al conocer una publicación de La Silla Vacía, en la que se comprueba que una porción muy importante de los funcionarios de los Ministerios, tanto los que están en Bogotá como en los territorios, no sólo siguen en sus puestos, sino que serán ratificados. Además, que muchos funcionarios cercanos al expresidente Santos han sido llamados a formar parte del nuevo gobierno.

El Centro Democrático se mantuvo cohesionado y obediente al expresidente Uribe durante los ocho años de gobierno de Santos. Pero ahora que accedieron al poder, aspiran tener cargos burocráticos y cupos de contratación en sus regiones. Sus líderes locales están reclamando espacios y oxígeno económico.

La senadora Cabal se está posicionando como una contradictora de mucho peso al interior del CD. Lidera un importante grupo de congresistas. Ya no tiene el tradicional respeto por su jefe el senador Uribe. Quiere hacer valer haber sido la quinta votación de su partido en el Senado. Será, sin duda, quien dispare fuego amigo contra el presidente Iván Duque, que no movió un solo dedo para ayudarle a Pepe en su aspiración hacia la Contraloría General.

PEREIRA DEBE MODERNIZAR SU ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DEL AEROPUERTO MATECAÑA

He venido estudiando con mucha dedicación los asuntos urbanos y con especial énfasis los relacionados con las ciudades sostenibles.  Y en ese devenir me encontré con un concepto que se ha posicionado desde el punto de vista de la planeación: La Aerotrópolis, que explica la trascendental importancia que tienen los aeropuertos en la vida social y económica de las ciudades.

Hoy no es posible concebir una gran ciudad, sin que ella esté ligada indefectiblemente a un aeropuerto, que es el epicentro de la actividad económica, porque sirve para canalizar el comercio, fortalecer los servicios, exportar los frutos del conocimiento, intercambiar tecnologías e incentivar los encadenamientos productivos. Algunos planificadores urbanos han adoptado el término "Ciudad con alas", para destacar lo sustancial de la actividad aérea en la economía moderna.

Infortunadamente, en Colombia y especialmente en las ciudades intermedias, los aeropuertos son vistos simplemente como terminales de pasajeros y de carga, pero desconectados de la dinámica económica y alejados de los intereses sociales. El aeropuerto local va por un lado y la economía va por otro. La plataforma aeroportuaria no es tenida como un conector de desarrollo y mucho menos como el epicentro del ordenamiento territorial.

Las Aerotrópolis parecen estar destinadas a las grandes ciudades. Atlanta en Estados Unidos acoge en su aeropuerto Hartsfield-Jackson a cerca de 110 millones de pasajeros/año. O qué tal lo que ocurre en Dubai, Madrid, Tokio, Chicago, Los Ángeles y Londres, cada uno con cerca de 80 millones de pasajeros. En estos grandes espacios hay bancos, oficinas, hoteles, museos, salas de conferencias y de cine, poderosas marcas comerciales, restaurantes de lujo, casinos, bares, canchas deportivas, gimnasios, vestuarios, parques con amplias zonas verdes, vías espaciosas y edificios de parqueo.

La ciudad, si quiere desarrollarse adecuadamente e ir construyendo un futuro promisorio, debe instalar su infraestructura cerca del aeropuerto, donde se encuentren inversionistas y trabajadores, importadores y exportadores, compradores y vendedores, fábricas, áreas comerciales, centros de investigación, lugares para la recreación, hoteles  y  universidades.

Como simple referencia, en Qatar se está construyendo el denominado Aeropuerto-Ciudad para atender los requerimientos del Mundial de Fútbol en 2022 y allí se podrán albergar a 200 mil personas. Y para no ir muy lejos, en México DF se construye una Aerotrópolis en una extensión de 400 hectáreas, donde interactuarán 180.000 personas diariamente, y allí estarán ubicadas las pistas de aterrizaje, terminal aérea, autopistas, centros comerciales, parques industriales, espacios para el disfrute público y hoteles.

Por todas estas características, la zona donde esté instalado el aeropuerto no puede ser un espacio deprimido urbanísticamente, pues es el sitio de ingreso a la urbe y marca de una vez la percepción de los viajeros sobre cuál es la dinámica socioeconómica con que se encontrarán.

Revisando el caso de Pereira, es loable el esfuerzo desarrollado por los gobiernos de Israel Londoño y Juan Pablo Gallo de promover Planes Maestros Aeroportuarios, que permiten, entre otras cosas, el mejoramiento de la seguridad aérea y la construcción de una terminal moderna.

Sin embargo, el Aeropuerto local no tiene ganado un espacio preeminente en el ordenamiento territorial, lo que es una lástima, pues se desestima su trascendencia como detonador del desarrollo e impulsor del crecimiento.

Sobre el Aeropuerto Matecaña deberían girar los grandes esfuerzos de delinear un modelo urbanístico que cobijara espacios tan importantes como los interconectados por las avenidas 30 de Agosto y de Las Américas; los lotes del Batallón San Mateo, antiguo zoológico y parque de la Vida; Universidades, áreas deportivas y recreacionales; la vía de Nacederos; parques industriales y zonas francas; y espacios comerciales y habitacionales en la jurisdicción del corregimiento de Cerritos.

La interconexión vial, el modelo productivo de las áreas de influencia, la protección ambiental y el aporte al PIB local, por ejemplo, son aspectos que deberían ser tratados con especial atención por los distintos estamentos de la ciudad.

Los pereiranos nos sentimos orgullosos de nuestro Aeropuerto. Y tenemos por qué estarlo. Pereira cambio drásticamente su rumbo y empezó a evidenciar un desarrollo inusitado, desde el momento en que fue puesto en operación el Matecaña (1947).

En 2020, muy seguramente, Pereira tendrá la oportunidad de tener un aeropuerto renovado en la infraestructura física de su terminal y con una importante modernización de sus equipos de aeronavegabilidad. Pero su trascendencia no puede quedar ahí.  Debemos tener presente que el aeropuerto es un catalizador de la modernidad urbana, influenciando los más diversos sectores de la producción y potenciándolos para crear una economía sólida.

La plataforma aeroportuaria nos debe acercar a los mercados, facilitar los negocios e impulsar los intercambios de todo tipo en menos tiempo y con altos niveles de seguridad y eficiencia. Estamos a tiempo de actuar para lograr que el aeropuerto sea el eje del ordenamiento urbano de Pereira.

*Economista, comunicador social y experto en finanzas y planeación ambiental. Actualmente, Gerente de consultoría y asesoría técnica de LOAR Consultoríaa Estratégica SAS.

MACÍAS, EL TÓXICO

El senador Macias tenía la obligación de hablar a nombre del Congreso de Colombia, en la ceremonia de posesión del presidente Duque. O sea, interpretar la institucionalidad. Pero no lo hizo. Mejor se jugó la suerte por una intervención partidista, que le contó al mundo su versión manipulada sobre la situación que vive el país.

Su presentación fue desastrosa para la imagen de Colombia. Este político del Centro Democrático pretendió que fuéramos vistos como una nación  fracasada, en la que todos sus indicadores sociales y económicos son calamitosos. Algo que es falso

Imagínense qué pudieron pensar las delegaciones de los diferentes países y los representantes de los organismos multilaterales, de la cooperación económica, de las calificadoras de riesgo y de los bancos internacionales. Lo más seguro es que quedaron perplejos y desconcertados, entre otras razones porque el expresidente Santos tiene una imagen inigualable a nivel mundial.

Ojalá no suceda, pero el resultado de este desafortunado discurso del presidente del Congreso, podría llevar a la disminución de la calificación de riesgo país, dados los niveles de confrontación política interna, que podrían afectar sustancialmente la dinámica económica y poner en duda la aprobación de las reformas tributaria y pensional, que son esenciales para lograr el equilibrio fiscal en el mediano plazo.

Macias dibujó una situación tan caótica, que Venezuela bien podría ser un paraíso comparada con Colombia. Qué despropósito y qué daño le hace este político al buen nombre del país, el mismo que con tanto esmero recuperaron durante ocho años el presidente Santos y la canciller Holguín.

Flaco servicio le empezó a prestar el Centro Democrático al presidente Duque, porque además de tóxico, mentiroso, sesgado y oportunista, el discurso de Macías resultó siendo “fuego amigo”.

SANTOS, UN BUEN PRESIDENTE

No cabe duda que el gobierno de Juan Manuel Santos fue bueno, aunque pudo ser mejor. Cuatro temas se destacaron en su gestión de ocho años. El primero, obviamente, fue haber logrado desmovilizar la guerrilla más antigua del Continente y frenar, en gran medida, una orgia de sangre que completaba más de medio siglo. Esta tarea ha sido reconocida por el mundo entero, menos por una fracción de colombianos, que siguen añorando una solución a sangre y fuego.

El segundo, son los avances en la lucha contra la pobreza y la miseria. Los indicadores son bastante positivos, aunque se requieren muchos más esfuerzos para lograr una mayor equidad social.

El tercero, hace relación con la política exterior. En este campo, Colombia ha ganado espacios muy importantes en el mundo, que se han traducido en la posibilidad de que podamos transitar libremente por más de 130 países, seamos parte de la OCDE y tengamos una invitación permanente a la OTAN.

Y el cuarto, pero no menos importante, lo significa la modernización de la infraestructura vial y portuaria. Además de los aportes a la disminución del déficit de vivienda. Ningún gobierno ha hecho tanto en estas materias, lo que representa un avance en este ítem de la competitividad.

EL LEGADO DE SERPA EN EL SENADO

Horacio Serpa Uribe acaba de concluir su periodo como Senador en representación del Partido Liberal. Llegó a esa posición en 2014 con el propósito de respaldar desde el legislativo los esfuerzos de paz que venía desarrollando el presidente Santos y que concluyeron, afortunadamente, con la firma del Acuerdo de La Habana.

La experiencia de Serpa fue puesta al servicio de la paz en el Congreso, liderando los proyectos más importantes para asegurar la implementación del Acuerdo. Fue ponente de varias leyes que hoy permiten que quienes habían estado alzados en armas estén sometidos a la legalidad institucionalidad y sean parte del debate democrático.

Son también muy recordados sus debates de control político sobre la salud. De manera reiterada, expresó en la comisión primera y en el pleno del Senado, sus preocupaciones por el inadecuado manejo que se le daba a la salud en Colombia. Sus debates permitieron develar, por ejemplo, los desacertados manejos en Caprecom y CafeSalud, lo que obligó al gobierno a proceder a su liquidación.

Además, fue un crítico severo de las improvisaciones técnicas y administrativas de la Superintendencia de Salud, que no actuó con premura y contundencia frente a los desafueros de varias EPS, que han venido desarrollando sus actividades en contra del interés general por una salud universal de calidad. Uno de sus debates contribuyó a que la Procuraduría separara del cargo al Superintendente en ejercicio.

Un tema que lo sigue preocupando es la incapacidad del Estado para enfrentar con acierto la lucha contra la pobreza en territorios como Chocó, Guajira, Cauca y Sucre, entre otros, donde esta calamitosa situación se acerca al 50% y en los que la miseria triplica el promedio nacional. Sus debates fueron certeros y pusieron sobre el tapete cifras y situaciones dramáticas, que son ocultadas por los promedios estadísticos, que usan eficientemente los tecnócratas.

Serpa no cesó tampoco de fustigar las decisiones tomadas por Ecopetrol en contra de los barranqueños, a quienes esta empresa de hidrocarburos ilusionó con anuncios sobre la remodelación y ampliación de la Refinería, donde presuntamente se iban a invertir alrededor de 3.000 millones de dólares, lo que generó expectativas que se fueron a tierra, cuando se echaron para atrás esos planes y dejaron en la quiebra a miles de personas que habían trabajado en pro de proyectos productivos y comerciales en Barrancabermeja y sus alrededores.

Ecopetrol también fue blanco de sus cuestionamientos por las evidentes fallas técnicas en la exploración, explotación y cierre de operaciones petroleras en varias regiones, lo que genera permanentes derrames del crudo, con efectos catastróficos para el medio ambiente y para el sustento económico de miles de familias. El caso del pozo Lizama 158 fue un detonante, que gracias a un debate que propició en el Congreso, hizo que se acordaran entre esta empresa y las autoridades de control y vigilancia, planes para evitar que las malas prácticas petroleras siguieran siendo el pan de cada día en gran parte del país.

El senador Serpa se marcha del Congreso, pero no de la política. Él hará falta para ponerle sindéresis a los debates políticos. Sin embargo, seguirá participando del diálogo nacional y buscando, entre otros propósitos, que el liberalismo logre retomar su verdadero y esencial rumbo ideológico: ser la vanguardia democrática que propugne por los derechos de los más desamparados y lidere las transformaciones sociales que son tan necesarias para que Colombia pueda vivir una paz duradera.

LA CRECIDA DE FAJARDO

Cuando la cuesta electoral se empinó, Sergio Fajardo, que venía rezagado, apretó el paso, fortaleció su discurso y alcanzó un lugar en el podio, que no le sirve para disputar la Presidencia de Colombia, pero demuestra que es una alternativa poderosa para el futuro del país y se encumbra como la cabeza de una propuesta política certera, ubicada en el centro, que no se mete en la discusión menuda y coyuntural, sino que le apunta al debate de cómo solucionar los temas estructurales que aquejan al país.

Es posible que Fajardo haya reaccionado tarde y que le hubiese faltando un poco más de tiempo para pasar a segunda vuelta. Pero lo cierto es que fue él quien conquistó gran parte de los nuevos electores, que hicieron bajar la tradicional abstención en Colombia.

Sus 4,6 millones de votos, superan por más del doble los que logró la coalición de partidos que lo acompañó en las elecciones parlamentarias. Y esos nuevos votos provinieron en gran medida de los jóvenes, que creyeron que era posible pasar a una segunda vuelta y conformar en ese momento un gran acuerdo de centroizquierda para llegar a la Presidencia.

La mayor porción de nuevos electores, que se sintieron éticamente obligados a tomar una decisión política para elegir Presidente, se inclinaron por Fajardo, que se mostró como una opción conciliadora y dueño de un discurso no polarizante.

Uno de los resultados más sorprendentes fue la forma como Fajardo se tomó el voto urbano, que se tradujo en su victoria electoral en varias de las principales ciudades del país. Por ejemplo, en Bogotá sumó 1,2 millones de votos y derrotó a Petro y Duque que aparecían en las encuestas como los dueños del electorado bogotano. Nadie veía venir este resultado.

En las capitales del eje cafetero, donde siempre el uribismo había reinado ampliamente, los electores dieron un golpe de autoridad y produjeron un grito de independencia, haciendo que Fajardo ganara en las tres principales ciudades. En Manizales el 50% de los votos fueron para él; en Pereira el 40,7% y en Armenia el 42%.

Los caleños se zafaron del yugo electoral del Centro Democrático y del Partido de la U, y votaron mayoritariamente por Fajardo (32,5%). Los electores de Tunja volvieron a mostrar su independencia y pusieron a ganar a este profesor (39,2%)

Se destacan también los resultados en Bucaramanga (35,6%) frente a Duque (39,6%). En Medellín, donde fue alcalde, tiene un gran potencial (31%).

¿Qué pueden llegar a significar estos positivos resultados para esta alianza política? Ya Fajardo marcó el camino. Dijo que la alianza de centro izquierda (Partido Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano) irá unida a las elecciones regionales de 2019. Eso significa presentar candidatos para alcaldías y gobernaciones, así como para concejos y asambleas.

Esta alianza puede mostrar en este momento tres gobernadores en ejercicio: Putumayo, Nariño y Boyacá y el alcalde de Neiva; así como alianzas para las gobernaciones del Meta, Arauca y Guainia,  y las alcaldías de Mocoa, Popayán y Quibdó.

Si se logra mantener un discurso coherente y se superan las rivalidades regionales y locales, el proyecto que dirigen Fajardo, López y Robledo se podrá ensanchar con acuerdos políticos que permitirían pelear con muy buenos candidatos las alcaldías de Pereira, Armenia y Manizales, reconquistar la de Tunja y dar una sorpresa en Cali. Todo es posible, porque los electores están cansados de los abusos y la ingobernabilidad que se presenta en la mayoría de estas ciudades y aspiran a tener nuevos pensamientos y distintas alternativas.

Además, existe la opción real de que Claudia López o Antonio Navarro (el que escoja la alianza) puedan lograr ganar la alcaldía de Bogotá. El juego está abierto y un discurso político de centro está posicionándose en la política nacional.

LA CAÍDA DEL FARAÓN

Germán Vargas Lleras, miembro de unas las castas políticas más importantes del país, no logró el cometido de pasar a segunda vuelta presidencial en 2018 y quedó reducido al cuarto lugar en la competición, representando el 7,28% de la votación nacional.

Cuando anunció su candidatura en 2017 y se retiró de la funciones de Vicepresidente, el país observó cómo su nombre brillaba en todas las encuestas. Pero muy pronto su comportamiento personal y los escándalos de corrupción en su partido Cambio Radical le pasaron factura de cobro y paulatinamente lo fueron sepultando en los últimos renglones de los estudios de percepción electoral.

En 2010, Vargas Lleras sumó 1.473,627 votos (10,11%) y fue el tercero en  la contienda, lo que le sirvió para que el electo presidente, Juan Manuel Santos lo convocara a su equipo ministerial, desde donde saltó cuatro años más tarde como vicepresidente con notables funciones en la ejecución de un abultado presupuesto para viviendas, vías e infraestructura de servicios públicos.

En 2018, a pesar del arsenal de resultados en su gestión vicepresidencial, su suerte electoral no fue mejor que la de 2010. Su votación fue inferior: 1.407.840.

A nadie sorprendió este pésimo resultado alcanzado por Vargas Lleras, quien durante la fase final de la campaña política tuvo una lánguida presentación en los debates públicos con los otros candidatos; se dejó vencer por el mal genio; le pudo más su instintiva reacción insultante, que la capacidad de diálogo y de debate; no convencieron sus argumentos relacionados con los 25 temas sobre los que trabajó su equipo de campaña; y se mostró indeciso e impreciso sobre los acuerdos de La Habana.

Sus asesores tenían la esperanza de que la maquinaria política funcionaria en su favor y diera una gran sorpresa. Y no fue así. En el Caribe, donde lo acompañó la poderosa familia Char y la mayoría de parlamentarios, sus competidores lo masacraron. En Bolívar los candidatos Duque y Petro lo quintuplicaron. En Atlántico, su plaza natural, Gustavo Petro lo dobló. En el Cesar el candidato Duque lo cuadruplicó y Petro lo triplicó. En Córdoba el izquierdista Petro lo cuadruplicó y Duque lo triplicó. En Magdalena, San Andrés, Sucre y La Guajira la historia y los resultados de Vargas no fueron diferentes.

En Huila, donde la estructura política lo rodeó completamente, obtuvo únicamente el 3,9% de los votos y fue cuarto en el listado publicado por la Registraduría. En Meta donde el alcalde, la senadora Martínez, un representante a la Cámara y gran parte de exgobernadores, concejales y diputados lo respaldaron, también fue cuarto con el 5% de los sufragios.

En Valle, donde la gobernadora Toro y su poderosa estructura política elegida el 11 de marzo se responsabilizaron de la candidatura de Vargas, su participación en las urnas apenas fue del 7,8%. En Risaralda, donde se unió un poderoso equipo parlamentario, acompañado de destacados empresarios, su nombre no logró superar el 5%.

Pero el desastre no terminó allí. Bogotá le dio la estocada final. En la Capital, que fue el escenario de su surgimiento político y donde reinó por muchos años, apenas sí logró una participación del 4,7% del favor electoral, o sea, escasos 172.000 votos.

¿Con estos sombríos resultados, Vargas es un político liquidado? Todavía no. Tiene la esperanza de resurgir, si logra una buena negociación burocrática con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que requiere de esos 1,4 millones de votos del vargasllerismo en la segunda vuelta.

EL CAMINO ES DE LA CALLE

Humberto de La Calle ha demostrado con creces a lo largo de su vida, y en especial en esta coyuntura electoral, que es un hombre con sobrados méritos para ejercer la presidencia de Colombia.

Existe coincidencia en el país de que él es el mejor candidato para Presidente. Tiene las ideas más claras sobre lo que debe ser el papel del Estado para enfrentar problemas tan críticos como la pobreza, la miseria y la exclusión que viven 13 millones de colombianos.

Tiene fundamentos muy precisos sobre cómo debe ser el comportamiento de la economía y la manera cómo esta debe propiciar el crecimiento, el desarrollo y la equidad en la distribución de la riqueza.

No ha caído en la trampa de hacer promesas que de antemano se sabe que no se pueden cumplir, como esas de bajar los impuestos, aumentar desmesuradamente los salarios, no tocar el sistema pensional y erradicar la explotación de hidrocarburos. Estos son temas muy taquilleros para conseguir votos y enamorar incautos, pero son los que ayudan a ahondar el menosprecio de las gentes por la política y los políticos en el momento en que se sienten engañadas.

De La Calle, como ninguno otro, tiene el tacto y la habilidad política para construir consensos. No en vano ha guiado, en representación del gobierno, los dos procesos más importantes de los últimos treinta años: La formulación y aprobación de la Constitución Política de 1991 y el Acuerdo de La Habana que permitió la desmovilización de miles de guerrilleros y la inclusión de las FARC al escenario político nacional.

El candidato liberal se merece una mejor suerte en el actual proceso electoral, porque es quien más le conviene al país. Infortunadamente, los ciudadanos hemos caído en una polarización extrema, que ha cegado la capacidad de raciocinio político de millones de personas, que con una pasión insana andan metiéndole leña al fuego y tratando, cada quien por su lado, de incendiar a Colombia y no dejarla vivir en paz y tranquilidad.

Estamos en la recta final de las elecciones presidenciales. Es tiempo de que cada quien haga una reflexión íntima de lo que es bueno para el bienestar general y sopese a cada candidato, dejando de lado las pasiones insanas y haciéndole el quite a la manipulación de la información y a las noticias falsas que abundan en las redes sociales.

Yo hice mi ejercicio. Me despoje de prejuicios y concluí que Humberto De La Calle representa los ideales de un mejor país. Es una figura tranquila, responsable, cauta, reposada e inteligente para intentar recuperar a Colombia de la profunda crisis por la que atraviesa, especialmente aquella relacionada con la pérdida de los valores esenciales que contribuyen a construir una mejor sociedad: la tolerancia y el respeto.

EL PROCURADOR ANUNCIA QUE DEFENDERÁ EL MEDIO AMBIENTE

El Procurador General de la Nación ha hecho un llamado para que las autoridades asuman una mayor responsabilidad en materia ambiental, en momentos en los cuales es evidente que existe una gran preocupación social por el tema.

La declaración del procurador Fernando Carrillo se da precisamente en el momento en que sucedía dos hechos paradigmáticos para el país. El primero, el contundente triunfo del rechazo ciudadano a la minería en Cajamarca, y el segundo, la terrible tragedia de Mocoa.

Los ciudadanos de Cajamarca, con el respaldo moral de millones de colombianos, le dijo No (98%) en una consulta popular a la posibilidad de desarrollar minería en su territorio, uno de los más importantes productores de alimentos del centro del país. En sus montañas nacen varios de los más importantes ríos, que son la garantía de desarrollo para varios municipios del Tolima.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de la decisión popular, el ministro de Minas, un oscuro funcionario vallecaucano, apadrinado por el exministro de Hacienda y actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció por todos los medios y con total contundencia, que el gobierno no respetará la determinación de los cajamarcunos y que la Consulta no es vinculante.

Germán Arce Zapata es el ministro que se atreve a pronunciarse más como un promotor de la AngloGold Ashanti, que como un funcionario que debe respetar las leyes. Su recorrido por el sector público es amplio, pero decepcionante. Como viceministro de Hacienda y Director de Crédito Público fue un alma errante por el edificio de San Agustín. Llegó posteriormente a la presidencia de la Agencia de Hidrocarburos, pero los funcionarios no recuerdan ninguna gestión importante en los 10 meses que estuvo allí.

Arce Zapata luego accedió a la dirección del Fondo de Adaptación, con un presupuesto de 1,5 billones anuales y su trabajo en pro de la reconstrucción de los territorios que sufrieron los embates de la ola invernal de 2010, fue un fracaso rotundo. Una de las misiones que le encargaron fu la reconstrucción de Gramalote y le quedó tan grande el compromiso, que el propio presidente Santos lo regaño en público por su ineficiencia, sin embargo, meses después lo nombró ministro de Minas como cuota del Partido Conservador.

De otro lado, cuando el país apenas estaba comenzando a evidenciar el ingreso de la primera temporada de lluvia, se presentó en Mocoa una tragedia que está cobrando, de momento, cerca de 310 víctimas mortales. Este es el segundo hecho paradigmático.

Estudios habían advertido de los riesgos de inundación o de avalancha de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos a través de estudios técnicos. En la Cámara de Representantes también se había advertido en 2015 sobre los peligros que se cernían sobre la población. No valieron las cartas de un Congresista para que se tomaran acciones urgentes de prevención en los ámbitos nacional y regional. Los alcaldes siguieron autorizando construcciones en terrenos con riego no mitigable por deslizamiento o inundación y la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía se lavó las manos asegurando que el tema de los riesgos no era de su competencia.

El procurador Fernando Carrillo ha anunciado investigaciones  (y todos le creemos que lo hará). Ojalá se llegue a las últimas consecuencias. Que no sólo se investigue y sancione la negligencia de funcionarios nacionales y territoriales que por su omisión permitieron una tragedia de grandes proporciones, sino también al ministro Arce, que con forzados argumentos tecnico-jurídicos intenta desconocer una decisión popular y abraza, como suyos, sin ninguna clase de escrúpulos, los intereses del capital privado y muy especialmente el de las transnacionales, en vez de defender a una comunidad que lucha por no permitir que sus ríos sean contaminados, que sus montañas sean destruidas y que su territorio entre en conflictos, especialmente sociales, porque como todos sabemos, donde hay minería, hay delincuencia y pobreza. 

MAURICIO VEGA PONE UN PUNTO MUY ALTO EN EL LIDERAZGO PEREIRANO

No hay duda que el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Pereira es un aporte sustancial a desarrollo de la capital de Risaralda y su inauguración es el único hecho trascendente en la celebración de los 50 años del Departamento.

El gestor y promotor de la idea de dotar a Pereira de un centro de convenciones es el abogado Mauricio Vega Lemus, que además se lanzó a la dificilísima tarea de asegurar su financiación y lograr que cada peso conseguido se invirtiera adecuadamente en esta obra.

Vega Lemus ha tenido la oportunidad de ocupar en dos ocasiones la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira y en ambas oportunidades ha dejado su impronta. En la primera ocasión su legado fue el Centro Internacional de Exposiciones, que ha aportado decididamente en los últimos años a la economía local y al desarrollo urbanístico de la ciudad.

La importante infraestructura que se inaugura este primero de febrero con motivo del primer medio siglo de creación de Risaralda, tuvo el pleno respaldo técnico y económico del gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Económico. Dos personas fueron esenciales para este logro: el presidente Juan Manuel Santos y la exministra Cecilia Álvarez.

Mauricio Vega tiene una gran cercanía personal con el Presidente y la exministra, al punto que el primer mandatario le ofreció hace algunos meses el Ministro de Educación, el cual este agradeció y no aceptó. Además, ocupó con lujo de detalles la gerencia nacional de la campaña por el Sí en el Plebiscito por la Paz.

A nivel local, Vega tuvo la capacidad para lograr que tanto alcaldía como gobernación hicieran aportes para este Centro de Convenciones. E instó a los pereiranos para que, reeditando viejas gestas cívicas, hicieran aportes y tuvo una estupenda respuesta.

Además del liderazgo que tiene Vega Lemus en el desarrollo de obras de infraestructura desde la Cámara de Comercio de Pereira, él ha sabido coordinar proyectos de gran envergadura, como la modernización operativa de la entidad para atender el registro mercantil; ha creado e incentivado programas de fortalecimiento del emprendimiento joven; ha liderado planes para asegurar la inversión de empresas nacionales y extranjeras en la ciudad; tiene sensibilidad por los proyectos de formación, capacitación y actualización para los empresarios pereiranos. En fin, sus ejecutorias son amplísimas.

Los buenos resultados que evidencia Mauricio Vega ojalá algún día trasciendan la gestión gremial y puedan tener el pleno respaldo de los pereiranos para que asuma responsabilidades que le aporten a este territorio liderazgo, gestión y realizaciones, de las cuales hemos estado tan huérfanos en los últimos tres lustros.

EL DE RISARALDA, UN GOBIERNO INSUSTANCIAL

La última década del siglo XX, fue una carrera frenética en pro del desarrollo de Risaralda. Roberto Gálvez lideró el proyecto “Risaralda una empresa con futuro”. Diego Patiño Amariles se comprometió en su segunda gobernación con “El desarrollo al servicio de la gente”. Carlos Arturo López Ángel, le apostó a “Es tiempo de sembrar”.

Gálvez, Patiño y López fueron funcionarios sobresalientes de diferentes gabinetes departamentales. Fueron parlamentarios liberales.  Destacaron por un liderazgo político y social, que permitió un desarrollo acelerado de los municipios, que mejoraron sus infraestructuras, la oferta institucional de bienes y servicios y, por ende, la calidad de vida de las personas. Fue un momento cumbre para Risaralda.

Sin embargo, los últimos 16 años han sido nefastos para el Departamento. Se instauró por parte de los gobernadores la deplorable práctica de un asistencialismo a raja tabla, buscando ya no promover un modelo socioeconómico incluyente y sostenible, sino la conformación de una masa informe de votantes, que cambian su sufragio por tejas, ladrillos o mercados.

Esta fórmula resultó siendo muy exitosa para los gobernadores Cifuentes, Botero y Tamayo. Alguno pudo repetir cargo, mientras los otros tuvieron oficinas en el Congreso. Pero los perdedores fueron los municipios risaraldenses que, con excepción de Pereira y Dosquebradas, vieron cómo el progreso que alcanzaron en el pasado, se empezó a esfumar.

Desde hace un año ejerce el cargo de Gobernador de Risaralda el abogado conservador Sigifredo Salazar. Su fórmula sigue siendo la misma de sus cuatro predecesores: asistencialismo e intervención en política.

Mientras desde la Gobernación se distribuyen dádivas a las familias de los municipios, el Departamento observa cómo las vías secundarias que conectan a los municipios se deterioran. El desempleo en estas localidades crece. La pobreza se reproduce. La atención de salud es un dolor de cabeza. La calidad de la educación es una pesadilla. La migración es incontrolable. El plan de alimentación para los estudiantes es una tragicomedia. En fin, el subdesarrollo se instala y amenaza con volverse estructural. Las buenas calificaciones que se alcanzan en las estadísticas nacionales para el departamento, se deben a que Pereira y Dosquebradas las impulsan.

Los resultados del primer año de gobierno del abogado Salazar producen desencanto, porque son insustanciales en términos de crecimiento y desarrollo. Pero muy seguramente su imagen, como la de sus predecesores, está en alza gracias a su café televisivo, a sus visitas permanentes a los municipios y a la distribución de ayudas entre la comunidad.

Lo preferible para los risaraldenses sería ver a un gobernador impulsando una transformación del Departamento, tal como lo hicieron Gálvez, Patiño y López en su oportunidad.

SANTOS ESTÁ DICIENDO UNA VERDAD INCONTROVERTIBLE SOBRE LAS FARC

Es apenas obvio que, si los diálogos de La Habana fracasan o si los colombianos votan negativamente en el plebiscito, las FARC harán lo que siempre han hecho: la guerra, y tendrán la posibilidad de ampliar su radio de acción principal del campo a la ciudad, sembrando el terror.

Por eso es tan poco comprensible que se haya levantado tal polvareda con unas declaraciones del presidente Santos, en las que simplemente indica cuáles son las consecuencias de que el conflicto armado no se supere.

Las FARC son una banda de delincuentes que tienen como propósito sembrar el terror. Ellos han accedido a dialogar con el gobierno para dejar las armas e involucrarse en la vida civil, política e institucional.

Ante esta realidad, un grupo importante de colombianos, casi todos residentes en las áreas urbanas, dirigidos por voceros de la derecha, han señalado que esta sería una paz con impunidad, y han decidido lanzar una campaña para que se niegue por voto popular los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Algo totalmente válido desde el punto de vista democrático.

Sólo que, si no hay un acuerdo de paz con el más importante grupo ilegal, este seguirá delinquiendo, y muy seguramente hará sentir su presencia en las áreas urbanas colombianas, donde vive el 76% de la población, que esencialmente ha estado alejada de los impactos del conflicto armado.

Dado que en el sector urbano los actos guerrilleros son marginales, no se tiene la dimensión de lo que significa el conflicto armado para habitantes de alrededor de 300 municipios, todos muy pequeños y con altos índices de ruralidad. Pero la realidad es que los habitantes de las ciudades son los que realmente van a decidir si hay o no acuerdo con las FARC, porque son la gran mayoría de electores.

Se ha dicho hasta la saciedad que las balas y las bombas disparadas por la guerrilla muy eventualmente han afectado a las ciudades, y que las acciones se concentran en las áreas rurales. Sin embargo, los efectos del conflicto armado traducidos en desplazamiento, han generado serios problemas sociales en las ciudades, especialmente por el aumento de la pobreza, el desempleo y la marginalidad.

A nadie debería asombrar que el presidente Santos salga a advertirnos a los colombianos los efectos de un proceso de paz fracasado y las consecuencias de la vigencia de una guerra eterna, especialmente para quienes vivimos en las ciudades. Claro, esa clase de verdades no son bien recibidas, especialmente cuando provienen de un Presidente que tiene una aceptación popular menor al 20%; adolece de una adecuada estrategia de comunicación con los ciudadanos; se le ve distante de la gente; y se enfrenta a una movilización popular dirigida por contradictores muy poderosos.

Lo que es cierto es que, si las negociaciones fracasan bien en la mesa de La Habana o en las urnas, las FARC no van a salir cabizbajos y derrotados, sino que pondrán a funcionar su máquina de guerra y las consecuencias se medirán en más muertos, más viudas, más huérfanos y más afectaciones económicas, muy seguramente ya no solo en el campo, sino también en las ciudades. No nos podemos llamar a engaños en este tema.

Si la paz gana, es obvio que Colombia asistirá a un hecho histórico, donde una agrupación dedicada al terror, dejará sus armas y buscará ingresar a la civilidad, y para esto debemos estar preparados los ciudadanos, abriendo los espacios que la democracia ofrece.