Botero, del apoyo ciudadano a los brazos de Soto

El médico Carlos Alberto Botero les insistió a sus seguidores que al no lograr respaldo entre los dirigentes liberales de Risaralda para aspirar nuevamente a la Gobernación, lo haría a través de la recolección de firmas, y fue enfático en manifestar que no se matricularía en el Partido de la Unidad Nacional.

Con ese convencimiento, decenas de jóvenes se entusiasmaron y como voluntarios empezaron a recorrer el departamento recolectando firmas. Miles de personas fueron seducidas por un discurso en el que se privilegiaba un movimiento social y no un partido político.

Sin embargo, la realpolitik fue la que se impuso y demostró nuevamente que el discurso ético de tramitar una campaña política basada en ideales y no en intereses personales, sigue siendo una quimera en Risaralda.

Mientras continuaba con la recolección de firmas, el médico Botero se apoyó en el brazo diestro del exparlamentario liberal Octavio Carmona, buscando que su maquinaria política le ayudara a atravesar el duro camino hacia las elecciones.

Carmona, un político con escasa formación académica, pero gran perrenque en el trabajo con las bases, se echó al hombro la campaña, no sin antes dejar en claro cuáles eran sus intereses una vez lograran ganar las elecciones. En el pasado, en iguales circunstancias, le impuso al Partido Conservador el nombre de Víctor Manuel Tamayo, y ganó.

Botero, quien fue elegido hace ocho años como Gobernador a nombre del liberalismo, pero con el respaldo de casi todas las fuerzas políticas del departamento, concluyó que izando la bandera ciudadana era casi imposible llegar nuevamente al Palacio Gris. Y por ello, buscó y encontró cobijo en el Partido de la U, al cual menosprecio en un principio.

La U tenía un acuerdo firme con el Partido Conservador, donde este ponía el candidato a la Gobernación y aquel el aspirante a la Alcaldía de Pereira. Pero el senador Carlos Enrique Soto, un viejo zorro de la política, comprendió que estaba perdido, porque el liberalismo con Juan Manuel Arango era imbatible para la Alcaldía y el conservatismo con Sigifredo Salazar no sería capaz de obtener el triunfo.

En esta situación, se encontraron Carlos Botero y el senador Soto y sellaron un pacto que se mantuvo oculto durante varios días. Cuando se hizo público, hubo decepción en el conservatismo que creyó en la palabra del Senador uribista y una gran desazón entre aquellos que volvieron a acariciar la posibilidad de una campaña ciudadana, alejada de los partidos políticos.

Hoy Botero es el candidato del Partido de la U. Botero gana en las encuestas luego de dos años de una intensa campaña electoral por los municipios de Risaralda. Él construirá una llave con Enrique Vásquez Zuleta, candidato de esa colectividad a la Alcaldía de Pereira.

Botero luchará por mantener el apoyo de miles de personas que confiaron en su propuesta de llegar a las elecciones con el respaldo de firmas. Además, trabajará para que los seguidores de la U lo acojan en su seno, ansiosos de poder ganar una de las dos posiciones de elección popular más importantes del departamento.

Sin embargo, la política real muestra que Botero ha venido descendiendo paulatinamente en las encuestas que se han realizado, a pesar de cuadruplicar a cada uno de sus contendores, quienes ascienden lentamente en las preferencias electorales.

Botero acaba de ingresar a un partido político fuertemente cuestionado por los resultados que ofrecen los gobernantes que lo representan, y que evidentemente muestra un desgaste contundente, que hace que los electores no estén dispuestos a renovarle fácilmente su respaldo.

El médico Botero es ahora miembro de una organización donde él no encontrará candidatos a las alcaldías de Pereira y Dosquebradas que lo remolquen y le sumen, porque son muy débiles y con escasas opciones de ganar.

El exgobernador, en esencia, cambió las firmas de 50.000 risaraldenses por el apoyo político del senador Carlos Enrique Soto, el representante Didier Burgos, el exparlamentario Octavio Carmona, la exsenadora Elsa Gladys Cifuentes, el excandidato al senado Juan Carlos Valencia, el exsenador Germán Aguirre, la concejala Judith Giraldo, la exalcaldesa Martha Bedoya y la dirigente uribista María Isabel Mejía.

Risaralda está sitiada por la pobreza

He venido escuchando con atención las propuestas de los candidatos a la Gobernación de Risaralda y sólo me ha llamado la atención la de Alberto Arias Dávila, porque no está anclada en el eterno discurso de ofrecerles a los electores ríos de miel y leche, cuando la realidad muestra que no es posible cumplir tanta promesa.

Arias Dávila ha mostrado un diagnóstico muy preciso de la situación social y económica del departamento. Son heridas profundas, que se evidencian en la desigualdad, la pobreza, la miseria, la exclusión, la violencia, el desempleo, la enfermedad, la desnutrición y la desesperanza.

Cuando uno se para al frente de la tabla de indicadores que exhibe el candidato liberal a la Gobernación de Risaralda, ve desnuda la realidad lacerante de un departamento que hace apenas diez años tenía indicadores que eran la envidia de casi todo el país.

En 2002 Risaralda presentaba un nivel de pobreza por ingreso de 48,8%, inferior en 5 puntos porcentuales al promedio nacional. En 2009, la pobreza había disminuido en el departamento al 45,3%, mientras que la de Colombia descendió hasta el 45,5%, lo cual indica que el país en general enfrentó con mayor eficacia el problema durante la primera década del siglo XXI.

En cuanto a la miseria, Risaralda en 2002 tenía un nivel de 11,7%, lo que representaba 8 puntos porcentuales menos que el promedio colombiano. Al finalizar 2009, el índice de miseria en el departamento aumento al 11,8% y ahora la diferencia frente al país es de sólo 4,6 puntos, lo que demuestra el fracaso de la política pública contra la pobreza extrema a nivel local.

La desnutrición en Risaralda golpea con especial fuerza a los niños menores de cinco años, de los cuales el 4,6% presenta índices de desnutrición global y el 6,6% de desnutrición crónica. Y la acción gubernamental sólo se ha concentrado en unos mercaditos sociales que se entregan cada mes por un valor de cuatro dólares.

El departamento debería examinarse en el campo de la educación, donde los niveles de calidad no son los aceptables para promover proyectos futuros de competitividad y, además, lanzar una estrategia envolvente para aumentar la cobertura en educación media, la cual apenas sí está llegando al 79%.

Y como si esto fuera poco, las coberturas de vacunación en triple viral y en DPT, están por debajo del 84%, lo que pone a los niños en riesgo de contraer enfermedades, que les restarán posibilidades físicas y capacidades sicológicas.

Y no deja de aterrar que la razón de mortalidad materna en Risaralda sea del 92,4 por cien mil nacidos vivos, casi el doble del promedio nacional que es de 59 por cien mil nacidos vivos, a pesar de la amplia cobertura que se ofrece en el sistema de salud, pero que demuestra su ineficiencia en el diagnóstico y en la atención a las pacientes.

Las propuestas de Alberto Arias para solucionar estas y otras terribles iniquidades, se concentran en el desarrollo económico local, en la eficiencia administrativa, en un programa de reconstrucción social y física del departamento y en unas estrategias de reconciliación y recuperación de la confianza en las instituciones públicas. Y lo más importante, involucran a la comunidad en la concertación de una hoja de ruta que ponga a Risaralda nuevamente en el camino del progreso y el desarrollo.

Juan Manuel, un candidato con muchas responsabilidades

Aunque en política nada está escrito, para el caso de la contienda electoral por la Alcaldía de Pereira, existe la percepción de que Juan Manuel Arango Vélez, a nombre del Partido Liberal, tiene el triunfo asegurado.

Amigos y contradictores de Arango Vélez, quien se ha sentado en la misma silla de Alcalde durante siete años, al ganar las elecciones en dos ocasiones, dan por descontado que lo hará por tercera vez.

Este convencimiento ciudadano obliga al candidato liberal a asumir con mucha más responsabilidad su propuesta política. Pereira requiere de un gobierno innovador, que sea capaz de reconquistar espacios en el escenario nacional y les asegure a sus habitantes mejores estándares de vida.

Pereira representa el 60% del PIB departamental, mueve el 70% de los negocios en Risaralda y concentra el 73% de la capacidad de compra de los ciudadanos. Con semejante nivel de concentración de la actividad económica, el alcalde de la ciudad capital también tiene una responsabilidad con el Departamento.

Arango Vélez será el alcalde de la ciudad más importante del eje cafetero. Pereira tiene una dinámica comercial y de servicios que se puede comparar con capitales como Bucaramanga o Cali. Sus avances en materia de educación le han permitido estar hoy al mismo nivel que Manizales. Hay semillas sembradas en temas de innovación, ciencia y tecnología, que se podrían convertir en las locomotoras del desarrollo local y en el elemento diferenciador que la ponga a jugar en las grandes ligas nacionales.

Si la percepción generalizada se convierte en realidad, Juan Manuel tendrá que liderar un proceso de reconstrucción de Pereira, que se debe traducir en una modernización de su infraestructura física y en romper la maligna tendencia de los indicadores de empleo, pobreza y miseria, que socavan las bases de amplios sectores de la sociedad local.

Para Juan Manuel Arango el problema más crítico no será ganar las elecciones de octubre, sino plantear una propuesta que haga que los pereiranos recuperen su dignidad.

Risaralda, un mal ejemplo de cómo se gastan las vigencias futuras

Hace varios meses el Contralor de Risaralda llamó la atención sobre las vigencias futuras que ha venido aprobando la Asamblea y advirtió que este instrumento del Estatuto Orgánico Presupuestal es muy riesgoso para las finanzas departamentales.

Las cifras oficiales indican que el actual gobierno de Risaralda ha comprometido cerca de $100.000 millones de vigencias futuras. La magnitud de esta cifra comparada con el presupuesto anual y la generación de rentas propias, pone en riesgo el futuro del departamento.

El secretario de Hacienda le ha restado importancia al tema. En sus primeras declaraciones desestima el pronunciamiento conjunto del Contralor, Auditor y Procurador General, en el sentido de que los recursos de vigencias futuras que no se hayan contratado se deben devolver y que no se puede seguir usando de manera tan irresponsable esta figura.

El espíritu de las vigencias futuras es impulsar el desarrollo de mediano y largo plazo, a través de obras de gran impacto, como un Metro, un puerto marítimo, un aeropuerto, un sistema de acueducto regional o una vía secundaria de primera importancia.

Pero no es posible utilizar estos recursos en mercaditos de 7.300 pesos, la pavimentación de una calle, el mejoramiento de unas viviendas, la construcción de un acueducto barrial, la adecuación de un talud, la compra de motos para seguridad, pagar prestaciones sociales o la contratación de personal, que es precisamente lo que está ocurriendo en Risaralda.

La acelerada iniciativa del gasto del Gobernador, sumada a la imprudencia del Secretario de Hacienda y la irresponsabilidad de la Asamblea, conducirá a Risaralda nuevamente a una situación de inviabilidad financiera.

Muy seguramente con esa alegría desbordada de gastar a dos manos, las funciones del próximo Gobernador se reducirán a la de recaudador – pagador, y si nombra secretarios y gerentes en su gabinete, será para que puedan cobrar el sueldo por hacer nada, porque no tendrán nada que hacer.

Al paso que va Risaralda, la única buena noticia la recibirá el Gobernador, quien aumentará su popularidad y sumará poder político por gastar al menudeo los recursos públicos de vigencias futuras. Las noticias malas, que serán muchas, las recibirá el Departamento, que albergará un número mayor de pobres y hambrientos y tendrá unos municipios que seguirán derruyéndose. Risaralda está caminando inexorablemente hacia la desesperanza.

BEATRIZ URIBE Y EL MILLÓN DE VIVIENDAS

La meta que se impuso este nuevo gobierno en materia de construcción de vivienda es ambiciosa. Aspira llegar a un millón de unidades.

La encargada de impulsar esta tarea es la pereirana Beatriz Uribe, designada Ministra de Vivienda por el presidente Santos. Ella, que fue viceministra de vivienda en el gobierno de Uribe y luego presidenta de Camacol, tiene el conocimiento institucional y la experiencia privada para enfrentar la meta trazada.

De arrancada se encuentra con que el gobierno anterior logró entre 2003 y 2009 bajar el número de hogares en asentamientos precarios de 1,49 millones a 1.37 millones. Un resultado bastante pobre, que se explica en la incapacidad gubernamental de darle soluciones definitivas a las familias desplazadas; en el poco interés de los constructores en ofertar vivienda de bajo costo para los pobres, en la desconfianza que produce el incumplimiento en el desembolso oportuno de los subsidios gubernamentales; en la ausencia de una política consistente que habilite tierra para proyectos de vivienda popular; y en la imposibilidad de las familias para acceder a créditos en el sistema financiero.

Desde el año 2006 el crecimiento de la oferta de vivienda de interés social es imperceptible y a esta realidad se enfrentará la administración Santos, pero especialmente la ministra Uribe, quien sin duda tendrá que avanzar en varios frentes sustanciales: lograr que haya tierra urbanizable especialmente en las grandes ciudades; recuperar la confianza de los constructores para que se comprometan en proyectos habitacionales de interés social; incentivar y darles herramientas a las organizaciones viviendistas para que hagan bien su tarea; y buscar nuevos esquemas de financiación para lograr los cierres financieros de los proyectos de vivienda y para que las familias hagan efectivos los subsidios que les otorgan.

Además de pensar en vivienda nueva, la nueva Ministra tiene necesariamente que poner su atención en la legalización y mejoramiento de barrios, que conlleve a que las familias tengan acceso a los servicios públicos y sociales básicos; en lanzar un plan de titulación de predios individuales que comprometa a todas las entidades públicas; y en definir una estrategia para mejorar las viviendas urbanas y rurales del país.

Lograr en cuatro años la meta de construir Un Millón de unidades habitacionales implica que el gobierno nacional sea capaz de meter en cintura a los gobiernos territoriales y locales, para que ayuden en el financiamiento de este ambicioso programa. Los alcaldes y gobernadores, con escasas excepciones, no destinan partidas presupuestales suficientes para atender las necesidades de vivienda de los más pobres y se quedan aguardando la asignación de subsidios por parte de las bolsas nacionales.

LA TIERRA ESTÁ QUE ARDE

La Biblioteca Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, acaba de editar el libro “La Tierra está que arde. Los estragos del cambio climático”, de la autoría de Humberto Tobón y Alberto Arias Dávila.

En el prólogo los autores dicen que “los seres humanos estamos presionando la destrucción del hábitat en el que vivimos y vivirán las generaciones futuras. Es una realidad para­digmática e incomprensible, pero cierta. Es una demostración palmaria de nuestra irracionalidad y de la disyuntiva en que estamos atrapados: proteger el entorno natural o continuar aplicando el modelo predatorio de crecimiento económico en boga desde la Revolución Industrial.

“La reacción de un sector ilustrado de la sociedad frente a las amenazas ambientales que se ciernen es bastante tímida, vaga, difusa y poco com­prometida; como si lo que acontece en la casa que habitamos 6.700 mi­llones de personas no importara. Otro sector de la sociedad no reacciona al no tener acceso a una información clara y suficiente para comprender los daños que está sufriendo el Planeta.

“Los que hasta ayer eran problemas ambientales asociados con la pobreza y que ocurrían únicamente en países marginados, ahora son temas globales que golpean también y con especial fuerza a las naciones ricas. Esto quiere decir que estamos frente a una situación de magnitudes universales.

“La gravedad del problema ambiental al comenzar el año 2010 coincide con las consecuencias de una pavorosa crisis económica global. La com­binación de estos dos fenómenos está profundizando la pobreza, la mi­seria y la marginalidad”

Humberto Tobón es el encargado de coordinar el proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y Alberto Arias Dávila es el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, posición que ocupa desde hace 13 años.

RODRIGO RIVERA Y UN RETO MONUMENTAL

La designación de Rodrigo Rivera como Ministro de Defensa es un nuevo peldaño en la carrera política de este abogado pereirano, cuya mayor aspiración es ser Presidente de Colombia. Esto lo tiene claro desde finales de la década de los años setenta, cuando caminaba como estudiante primíparo los pasillos del desvencijado edificio de la facultad de Derecho de la Universidad Libre. Y muy seguramente alcanzará su propósito, porque es inteligente, se mueve con habilidad en el fangoso mundo de la política, sabe tejer alianzas y aun no lo agobia el peso de los años.

Rivera asume la responsabilidad de mantener vigente en la opinión pública la sensación de seguridad, que de manera muy eficaz promovió el gobierno de Álvaro Uribe. Pero su reto seguramente irá más allá, porque el objetivo no es crear sensaciones mediáticas con base en algunos triunfos puntuales e inobjetables, sino derrotar a las fuerzas terroristas de manera definitiva.

Además del triunfo militar que esperamos los colombianos sobre los grupos guerrilleros y paramilitares, unidos por el cordón umbilical de los dineros del narcotráfico y el secuestro, Rivera tendrá que orientar parte de sus esfuerzos a contribuir en la búsqueda de caminos de paz y para ello no podrá cerrar ningún espacio posible, incluyendo el del diálogo.

Un tema que requerirá de su inteligencia y sagacidad es la promoción de los derechos humanos entre las filas de las distintas Fuerzas, porque los casos de los asesinatos cometidos por agentes del Estado, eufemísticamente llamados “Falsos Positivos”, se convirtieron en una mancha vergonzosa, que como una sombra perseguirá por siempre el legado del presidente Uribe Vélez.

Estos acontecimientos horrendos, que no han sido medidos por nosotros en su justa dimensión, irán adquirieron con el paso de los años su verdadera transcendencia política y jurídica, tal como ocurre hoy con los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 25 años y la criminal alianza entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y empresarios desde la década del ochenta.

Si Rodrigo Rivera logra que los militares y policías sean servidores fieles del Estado y combatientes dignos, habrá logrado un triunfo portentoso en su labor ministerial.

Sus retos en la cartera de Defensa pasan también por implantar un modelo gerencial que impida a toda costa que se consoliden los lunares de la corrupción entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.

Los alcances de este encargo político para Rodrigo Rivera son inmensos. Tiene en esta ocasión, luego de casi cinco lustros de brillante carrera política, la posibilidad de demostrar que es un gerente público eficaz y que la nación colombiana tiene en él una de sus principales reservas morales y políticas para el futuro.

Santa Rosa y La Virginia dan lástima

El nivel de pobreza de Santa Rosa de Cabal es del 53,3%, de acuerdo con los datos de la Misión de Pobreza de Planeación Nacional, mientras que el de La Virginia llega al 64,3%. Dos cifras aterradoras si se comparan con municipios vecinos como Pereira (42,3%) y Dosquebradas (38,5%).

Santa Rosa fue vista siempre como una localidad líder en desarrollo económico, generadora de riqueza, con excelentes indicadores de calidad de vida, un comercio pujante y un sector primario poderoso en avicultura, caficultura y ganadería, con trilladoras de café reconocidas nacionalmente y un turismo con excelentes perspectivas debido a sus aguas termales.

Sin embargo, hoy este municipio está convertido en un despojo. Los sucesivos malos gobiernos, sumados a la crisis cafetera, la migración social, la deserción escolar y la inseguridad, fueron arrastrando a Santa Rosa de Cabal a un deshonroso escenario de subdesarrollo.

La que ayer fue una joya que se peleaban con rudeza Caldas y Risaralda, hoy tiende la mano en busca de una ayuda que le permita salir del atascadero en que se encuentra. Pero nadie se la ofrece. Pasó del esplendor a la miseria.

La Virginia, por su lado, ha sido mirada desde siempre como un gueto que no debería existir. Algunos sectores de la sociedad risaraldense ven con desdén hacia este enclave humano en las orillas del río Cauca. La prueba del menosprecio por ellos se refleja en la poca atención que les brinda el Estado.

A este municipio lo han saqueado una y otra vez sus más “prominentes” hijos y las consecuencias se traducen en una comunidad cada vez más empobrecida, que ve muy lejana la posibilidad de acceder a los beneficios del desarrollo, que lucha en cada invierno por no morir ahogada y que clama infructuosamente por un pedazo de pan.

Dura realidad para dos localidades que llegaron a ser consideradas por los planificadores risaraldenses como potenciales emporios del desarrollo económico.

POBREZA Y DESEMPLEO EN RISARALDA

Risaralda tiene dos problemas cruciales que no se han enfrentado con responsabilidad: el desempleo y la pobreza.

Las autoridades risaraldenses, a pesar de la gravedad de los dos temas, no han sido capaces de implementar un plan de choque.

El desempleo es impresionante en todos los municipios. Sin embargo, sólo Pereira es el foco de atención de este problema. Todos los reflectores y todas las referencias miran a la ciudad capital y se olvidan del drama que también viven los habitantes de otras localidades.

Los miles de desocupados de la provincia risaraldense parecen invisibles debido a que sólo Pereira figura en las cifras oficiales del DANE, lo cual le ha favorecido al gobierno departamental para sacarle el cuerpo al problema, poder mirar para otro lado como si nada estuviera ocurriendo y no cargar con las consecuencias políticas.

Los habitantes de Quinchía o Pueblo Rico que perdieron sus trabajos y que no tienen muchas posibilidades de generar ingresos para sus familias, aspiran a que el gobierno departamental implemente proyectos que eviten el deterioro de su calidad de vida. Sin embargo, la respuesta que encuentran está dada en términos asistencialistas y no a través de políticas públicas que mejoren la economía local.

Las miles de familias que derivaban su sustento de las remesas que llegaban desde el exterior, hoy observan desconsoladas cómo sus ingresos no les alcanzan para vivir y que a pesar de tener disposición de trabajar, no hay un plan gubernamental en este sentido que salga en su auxilio.

Los comerciantes de Santa Rosa y Santuario que han debido cerrar sus negocios, tienen ante sí un panorama desolador, ya que las posibilidades de reiniciar sus actividades chocan de frente con la ausencia de alternativas, pues las Alcaldías son incapaces de promover por sí mismas estrategias para generar fuentes de ingreso y tampoco cuentan con la asistencia técnica de la Gobernación para este fin.

Se esperaría que las autoridades departamentales estuviesen pensando seriamente en un modelo de desarrollo económico local, que ofertara soluciones reales para que la gente pudiera asociarse y ejecutar proyectos productivos que garantizaran los ingresos mínimos que necesitan para poder vivir. Pero no es así.

Este creciente desempleo en Risaralda está conduciendo a un aumento increíble de la pobreza y la miseria y la respuesta que entrega la institucionalidad es la distribución de mercaditos sociales de menos de cuatro dólares cada mes.

HAY QUE RESCATAR A RISARALDA

Risaralda se está empobreciendo ante la mirada impasible de su clase dirigente. Este Departamento, que fue ejemplo nacional de crecimiento y que logró que su población tuviera un ingreso per cápita muy superior al promedio nacional, ahora es mirado con lástima desde las altas esferas del país.

Las cifras dicen que en Risaralda crece el número de pobres de manera constante. Muestran un aumento de la desnutrición infantil. Dejan ver cómo un mayor número de estudiantes deserta de escuelas y colegios. Revelan que los municipios se están desocupando en un proceso migratorio presionado por la falta de oportunidades.

La realidad también cuenta que los índices de desempleo son increíblemente altos, que la producción agropecuaria sigue descendiendo y que la generación de riqueza local se ha resentido.

El departamento no tiene una política seria de desarrollo económico y sus indicadores de productividad y competitividad cada vez lo rezagan comparativamente a nivel nacional.

Aquí se ha creído de manera equivocada que los problemas de hambre se pueden solucionar únicamente con programas asistencialistas que se traducen en la entrega de mercados mensuales de diez mil pesos, y que el inmenso atraso se puede superar con pequeñas obras comunitarias.

Risaralda no está en capacidad de resistir un modelo de gobierno basado en la micropolítica. Necesita de una mirada gerencial responsable que sea capaz de diseñar acciones de choque que vuelvan a poner este territorio en el camino correcto.

Es un desaguisado tratar de seguir insistiendo en proyecto inanes, cuando de lo que se trata es de avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo que identifique al departamento y garantice generación de empleo e incremento del producto interno.

LAS VENTAJAS DE TENER UN BUEN GOBERNADOR

Edificante ver cómo Eduardo Verano de La Rosa y Horacio Serpa Uribe, son los líderes indiscutidos de sus departamentos y lograron construir un modelo de gestión pública que cuenta con el respaldo de todos los sectores sociales, económicos y académicos.

Qué gusto saber que estos gobernadores fueron capaces de concertar los lineamientos básicos del desarrollo para devolverle competitividad, productividad e importancia a sus territorios, que venían de atravesar momentos muy críticos en el manejo de las responsabilidades y las finanzas públicas.

Tanto Verano como Serpa lograron que el gobierno nacional los mire con respeto, que dialogue con ellos al mismo nivel, que haya acuerdos y no imposiciones, y que las inversiones de la administración central sean consideradas una contribución al crecimiento y al bienestar social y no una dádiva.

Atlántico y Santander definieron su futuro desde el Plan de Desarrollo. Entendieron los gobernadores que este era el instrumento que les marcaba la ruta de su gobierno. No hicieron un documento por cumplir con una formalidad legal, sino que se dedicaron a planear para poder ejecutar responsablemente. Hoy están recogiendo los frutos.

Son palpables los avances que se han obtenido en estos dos departamentos en disminución de pobreza y miseria, al punto de que la cooperación internacional se suma a sus iniciativas para mejorar el perfil productivo de los municipios, lo que conlleva grandes beneficios para la gente.

Los ciudadanos de estos territorios no se equivocaron al escoger a sus gobernantes. Lo hicieron con responsabilidad cívica. Entendieron que un buen Gobernador es capaz de jalonar nuevos procesos, liderar iniciativas innovadoras y conducir a los habitantes hacia mejores escenarios de bienestar.

Conscientes de todo lo bueno que está pasando en Atlántico y Santander, pero también en Nariño y Cundinamarca, tenemos que admitir que en Risaralda vamos en contravía de ellos. Algún día volveremos a tener un buen Gobernador. No perdamos las esperanzas.

LA GENTE ESTABA BUSCANDO UN LÍDER MORAL Y ENCONTRÓ A MOCKUS

El uribismo, elevado a la categoría de amo absoluto del devenir político colombiano, consideró que los monumentales escándalos de corrupción en el gobierno no tendrían ningún impacto entre la sociedad colombiana, y que el Presidente y su séquito podían seguir caminando incólumes por todo el territorio nacional.

Cuando todo hacía pensar que Colombia se conformaría con seguir trasegando el camino tortuoso de la corrupción y que sólo se escucharía el discurso de la seguridad democrática, cuyos resultados están siendo seriamente cuestionados, apareció incontenible e impetuosa una multitud de ciudadanos que está en favor de un cambio de paradigma en el manejo del Estado.

Hasta hace 45 días Santos se mantenía imperturbable en la cumbre de las encuestas. Nadie ponía en duda su triunfo. Ya caminaba y hablaba como Presidente de la República. Pero todo este escenario se le vino abajo con la irrupción de un gigantesco movimiento cuyo discurso sustancialmente se basa en la legalidad, la decencia y la transparencia.

El uribismo nunca contempló que una propuesta apalancada en la moral pública sería el antídoto para despertar a millones de colombianos que estaban embrujados por un supuesto estado de seguridad y tranquilidad, que se convirtió en el manto que ocultaba las peores y más corruptas prácticas que el país recuerde en su historia reciente.

La foto del exministro Arias y el Ministro Fernández, sonrientes y desafiantes, luego del debate en el Congreso sobre Agro Ingreso Seguro, que fue ampliamente ganado por la aplanadora uribista; el beneficio de los hijos del Presidente con las zonas francas; las chuzadas del DAS; el asesinato de miles de personas por agentes pertenecientes al Estado; la liberación de militares inculpados por los mal llamados “falsos positivos”; las maniobras para no permitir que se descubriera la verdad sobre las comisiones para la compra de equipo militar; el proceso ilícito de financiación de la recolección de firmas para el Referendo reeleccionista; el pago a congresistas para votar la primera reelección; la manipulación gubernamental para asegurarse la segunda reelección; decenas de políticos afines al gobierno juzgados por paramilitarismo; la creación del PIN; y el convertir los salones de la Casa de Nariño en tertuliadero de criminales, son apenas algunas de las razones para que los electores estén asqueados y quieran un cambio.

Los ciudadanos empezaron a pensar en alguien que pudiera dirigir una revolución ética y fuera capaz de llevar al país a un sitial que ofreciera más dignidad y transparencia. Y frente a ellos apareció Mockus, quien venía defendiendo un discurso basado en su experiencia y en sus resultados, que precisamente se caracterizan por defender los recursos públicos y por tratar de proteger la vida de la gente.

Antanas Mockus se erige como ganador de todas las encuestas que se realizan sobre preferencia electoral para Presidente de la República, tanto en primera como en segunda vuelta. En unas aventaja a Santos por 4 puntos y en otras por 12. Estos resultados averiaron la estrategia electoral de Santos, que no tuvo otra alternativa, ante el fracaso inminente, que contratar a JJ Rendón, un experto en publicidad negra, con el fin de tratar de desprestigiar a sus contendores, tal como ocurrió hace cuatro años cuando este personaje venezolano trabajaba para el partido de la U y fue declarado persona no grata por el Congreso.

Es evidente que un ciclón de color verde está a punto de destruir el horrendo sistema político que se entronizó en la democracia colombiana durante los últimos ocho años.

A SANTOS SE LE ACABARON LOS ELECTORES

Al candidato Juan Manuel Santos parece que se le acabaron los electores. Las intenciones de voto en su favor se han estancado en cerca del 30%, mientras su competidor directo, Antanas Mockus, ha subido en la decisión electoral de los colombianos 20 puntos en el último mes, de acuerdo con cuatro encuestas distintas, las que también lo ponen a ganar en la segunda vuelta.

Hasta comienzos del mes de abril, Santos parecía un candidato indestronable. Luego de las elecciones parlamentarias, donde triunfó el Partido de la U, las huestes uribistas ya lo veían como seguro ganador. Él se solazaba viendo cómo se destrozaba el Partido Conservador, seguro de que la mayoría de los militantes godos llegarían a su redil sin ningún problema. Las encuestas decían que él triunfaría en segunda vuelta con holgada diferencia. Su discurso de promoción del miedo estaba dando los resultados esperados.

Sin embargo, el país cambió repentinamente de rumbo. La gente empezó a mirar con especial simpatía la propuesta política presentada por la alianza Mockus – Fajardo, basada en la transparencia, la legalidad y el desarrollo humano. Los ojos de los electores apuntaron hacia un grupo político que apenas sí marcaba en los sondeos de opinión. Los más entusiastas fueron los jóvenes, quienes se metieron por entero en la modernidad comunicacional y a través de redes virtuales catapultaron a los exalcaldes, poniéndolos hoy con altas probabilidades de ganar las elecciones presidenciales.

La estrategia de Santos ha estado apuntalada sobre la altísima favorabilidad del presidente Álvaro Uribe, sin entender que para sabiduría popular una cosa es Uribe y otra cosa muy distinta cualquier otra persona, lo que se refleja en el hecho de que en las elecciones regionales perdieron todos quienes recibieron el guiño presidencial, tal es el caso de Enrique Peñalosa, Juan Lozano, Sergio Naranjo, Luis Pérez y Francisco Lloreda.

Los asesores del candidato de la U, tampoco fueron capaces de leer de manera oportuna lo que estaba pensando el electorado e insistieron en un discurso contrario a las expectativas de los ciudadanos, quienes en vez de guerra interna y confrontación con los países vecinos, esperaban que alguien les hablara de empleo, educación, salud y anticorrupción.

Otro de los errores que tiene en jaque a Santos, es la escogencia de su candidato a la vicepresidencia, que resultó ser un personaje que no logró empatía con el uribismo pura sangre, pues lo califican como un peligro para la seguridad democrática, que no está sintonizado con el ideario del Presidente debido a su pasado comunista y no es garantía para asumir el poder si ello fuese necesario. Angelino Garzón espantó a muchos y no llevó votos a la campaña.

El estancamiento de Santos también se debe a que los más importantes organismos internacionales de derechos humanos de la OEA y Naciones Unidas, han mostrado con horror ante el mundo el caso de los falsos positivos que ocurrieron durante el presente gobierno, muchos de ellos mientras el candidato de la U era Ministro de Defensa.

Las peleas promovidas por Santos con los presidentes Chávez y Correa, han creando una sensación de inestabilidad y de guerra, que la gente no está dispuesta a tolerar, y prefieren acuerdos diplomáticos para normalizar las relaciones con Venezuela y Ecuador, y poder reactivar el comercio que hoy está paralizado y que perjudica de manera directa a cerca de dos millones de personas.

Paradójicamente, el presidente Uribe, que es el verdadero sustento de la campaña de Santos, se ha convertido también en su verdugo en las últimas semanas, debido a que sus declaraciones contra Mockus han sido recibidas por una franja muy grande de colombianos, como una intromisión inaceptable en la campaña presidencial y han preferido apoyar opciones distintas a la que ofrece la U.

El equipo estratégico de Santos no fue capaz de sostener el excepcional apoyo que tenía su candidatura entre los medios de comunicación, los que se han ido deslizando paulatinamente hacia la propuesta de Mockus, porque la ven más atractiva y con un respaldo social más creciente.

Y, finalmente, Santos está siendo castigado electoralmente por los ciudadanos jóvenes, que viven en las áreas urbanas, que están mejor educados y que pertenecen a los estrados 3 a 6, y sólo se queda con el apoyo de la pobrería, que ha sido inducida a votar por él, con la expectativa falsa de que es el único que les garantiza los subsidios que da el Estado.