La meta que se impuso este nuevo gobierno en materia de construcción de vivienda es ambiciosa. Aspira llegar a un millón de unidades.
La encargada de impulsar esta tarea es la pereirana Beatriz Uribe, designada Ministra de Vivienda por el presidente Santos. Ella, que fue viceministra de vivienda en el gobierno de Uribe y luego presidenta de Camacol, tiene el conocimiento institucional y la experiencia privada para enfrentar la meta trazada.
De arrancada se encuentra con que el gobierno anterior logró entre 2003 y 2009 bajar el número de hogares en asentamientos precarios de 1,49 millones a 1.37 millones. Un resultado bastante pobre, que se explica en la incapacidad gubernamental de darle soluciones definitivas a las familias desplazadas; en el poco interés de los constructores en ofertar vivienda de bajo costo para los pobres, en la desconfianza que produce el incumplimiento en el desembolso oportuno de los subsidios gubernamentales; en la ausencia de una política consistente que habilite tierra para proyectos de vivienda popular; y en la imposibilidad de las familias para acceder a créditos en el sistema financiero.
Desde el año 2006 el crecimiento de la oferta de vivienda de interés social es imperceptible y a esta realidad se enfrentará la administración Santos, pero especialmente la ministra Uribe, quien sin duda tendrá que avanzar en varios frentes sustanciales: lograr que haya tierra urbanizable especialmente en las grandes ciudades; recuperar la confianza de los constructores para que se comprometan en proyectos habitacionales de interés social; incentivar y darles herramientas a las organizaciones viviendistas para que hagan bien su tarea; y buscar nuevos esquemas de financiación para lograr los cierres financieros de los proyectos de vivienda y para que las familias hagan efectivos los subsidios que les otorgan.
Además de pensar en vivienda nueva, la nueva Ministra tiene necesariamente que poner su atención en la legalización y mejoramiento de barrios, que conlleve a que las familias tengan acceso a los servicios públicos y sociales básicos; en lanzar un plan de titulación de predios individuales que comprometa a todas las entidades públicas; y en definir una estrategia para mejorar las viviendas urbanas y rurales del país.
Lograr en cuatro años la meta de construir Un Millón de unidades habitacionales implica que el gobierno nacional sea capaz de meter en cintura a los gobiernos territoriales y locales, para que ayuden en el financiamiento de este ambicioso programa. Los alcaldes y gobernadores, con escasas excepciones, no destinan partidas presupuestales suficientes para atender las necesidades de vivienda de los más pobres y se quedan aguardando la asignación de subsidios por parte de las bolsas nacionales.
miércoles, 11 de agosto de 2010
sábado, 7 de agosto de 2010
LA TIERRA ESTÁ QUE ARDE
La Biblioteca Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, acaba de editar el libro “La Tierra está que arde. Los estragos del cambio climático”, de la autoría de Humberto Tobón y Alberto Arias Dávila.
En el prólogo los autores dicen que “los seres humanos estamos presionando la destrucción del hábitat en el que vivimos y vivirán las generaciones futuras. Es una realidad paradigmática e incomprensible, pero cierta. Es una demostración palmaria de nuestra irracionalidad y de la disyuntiva en que estamos atrapados: proteger el entorno natural o continuar aplicando el modelo predatorio de crecimiento económico en boga desde la Revolución Industrial.
“La reacción de un sector ilustrado de la sociedad frente a las amenazas ambientales que se ciernen es bastante tímida, vaga, difusa y poco comprometida; como si lo que acontece en la casa que habitamos 6.700 millones de personas no importara. Otro sector de la sociedad no reacciona al no tener acceso a una información clara y suficiente para comprender los daños que está sufriendo el Planeta.
“Los que hasta ayer eran problemas ambientales asociados con la pobreza y que ocurrían únicamente en países marginados, ahora son temas globales que golpean también y con especial fuerza a las naciones ricas. Esto quiere decir que estamos frente a una situación de magnitudes universales.
“La gravedad del problema ambiental al comenzar el año 2010 coincide con las consecuencias de una pavorosa crisis económica global. La combinación de estos dos fenómenos está profundizando la pobreza, la miseria y la marginalidad”
Humberto Tobón es el encargado de coordinar el proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y Alberto Arias Dávila es el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, posición que ocupa desde hace 13 años.
En el prólogo los autores dicen que “los seres humanos estamos presionando la destrucción del hábitat en el que vivimos y vivirán las generaciones futuras. Es una realidad paradigmática e incomprensible, pero cierta. Es una demostración palmaria de nuestra irracionalidad y de la disyuntiva en que estamos atrapados: proteger el entorno natural o continuar aplicando el modelo predatorio de crecimiento económico en boga desde la Revolución Industrial.
“La reacción de un sector ilustrado de la sociedad frente a las amenazas ambientales que se ciernen es bastante tímida, vaga, difusa y poco comprometida; como si lo que acontece en la casa que habitamos 6.700 millones de personas no importara. Otro sector de la sociedad no reacciona al no tener acceso a una información clara y suficiente para comprender los daños que está sufriendo el Planeta.
“Los que hasta ayer eran problemas ambientales asociados con la pobreza y que ocurrían únicamente en países marginados, ahora son temas globales que golpean también y con especial fuerza a las naciones ricas. Esto quiere decir que estamos frente a una situación de magnitudes universales.
“La gravedad del problema ambiental al comenzar el año 2010 coincide con las consecuencias de una pavorosa crisis económica global. La combinación de estos dos fenómenos está profundizando la pobreza, la miseria y la marginalidad”
Humberto Tobón es el encargado de coordinar el proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y Alberto Arias Dávila es el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, posición que ocupa desde hace 13 años.
martes, 3 de agosto de 2010
RODRIGO RIVERA Y UN RETO MONUMENTAL
La designación de Rodrigo Rivera como Ministro de Defensa es un nuevo peldaño en la carrera política de este abogado pereirano, cuya mayor aspiración es ser Presidente de Colombia. Esto lo tiene claro desde finales de la década de los años setenta, cuando caminaba como estudiante primíparo los pasillos del desvencijado edificio de la facultad de Derecho de la Universidad Libre. Y muy seguramente alcanzará su propósito, porque es inteligente, se mueve con habilidad en el fangoso mundo de la política, sabe tejer alianzas y aun no lo agobia el peso de los años.
Rivera asume la responsabilidad de mantener vigente en la opinión pública la sensación de seguridad, que de manera muy eficaz promovió el gobierno de Álvaro Uribe. Pero su reto seguramente irá más allá, porque el objetivo no es crear sensaciones mediáticas con base en algunos triunfos puntuales e inobjetables, sino derrotar a las fuerzas terroristas de manera definitiva.
Además del triunfo militar que esperamos los colombianos sobre los grupos guerrilleros y paramilitares, unidos por el cordón umbilical de los dineros del narcotráfico y el secuestro, Rivera tendrá que orientar parte de sus esfuerzos a contribuir en la búsqueda de caminos de paz y para ello no podrá cerrar ningún espacio posible, incluyendo el del diálogo.
Un tema que requerirá de su inteligencia y sagacidad es la promoción de los derechos humanos entre las filas de las distintas Fuerzas, porque los casos de los asesinatos cometidos por agentes del Estado, eufemísticamente llamados “Falsos Positivos”, se convirtieron en una mancha vergonzosa, que como una sombra perseguirá por siempre el legado del presidente Uribe Vélez.
Estos acontecimientos horrendos, que no han sido medidos por nosotros en su justa dimensión, irán adquirieron con el paso de los años su verdadera transcendencia política y jurídica, tal como ocurre hoy con los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 25 años y la criminal alianza entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y empresarios desde la década del ochenta.
Si Rodrigo Rivera logra que los militares y policías sean servidores fieles del Estado y combatientes dignos, habrá logrado un triunfo portentoso en su labor ministerial.
Sus retos en la cartera de Defensa pasan también por implantar un modelo gerencial que impida a toda costa que se consoliden los lunares de la corrupción entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.
Los alcances de este encargo político para Rodrigo Rivera son inmensos. Tiene en esta ocasión, luego de casi cinco lustros de brillante carrera política, la posibilidad de demostrar que es un gerente público eficaz y que la nación colombiana tiene en él una de sus principales reservas morales y políticas para el futuro.
Rivera asume la responsabilidad de mantener vigente en la opinión pública la sensación de seguridad, que de manera muy eficaz promovió el gobierno de Álvaro Uribe. Pero su reto seguramente irá más allá, porque el objetivo no es crear sensaciones mediáticas con base en algunos triunfos puntuales e inobjetables, sino derrotar a las fuerzas terroristas de manera definitiva.
Además del triunfo militar que esperamos los colombianos sobre los grupos guerrilleros y paramilitares, unidos por el cordón umbilical de los dineros del narcotráfico y el secuestro, Rivera tendrá que orientar parte de sus esfuerzos a contribuir en la búsqueda de caminos de paz y para ello no podrá cerrar ningún espacio posible, incluyendo el del diálogo.
Un tema que requerirá de su inteligencia y sagacidad es la promoción de los derechos humanos entre las filas de las distintas Fuerzas, porque los casos de los asesinatos cometidos por agentes del Estado, eufemísticamente llamados “Falsos Positivos”, se convirtieron en una mancha vergonzosa, que como una sombra perseguirá por siempre el legado del presidente Uribe Vélez.
Estos acontecimientos horrendos, que no han sido medidos por nosotros en su justa dimensión, irán adquirieron con el paso de los años su verdadera transcendencia política y jurídica, tal como ocurre hoy con los desaparecidos del Palacio de Justicia hace 25 años y la criminal alianza entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y empresarios desde la década del ochenta.
Si Rodrigo Rivera logra que los militares y policías sean servidores fieles del Estado y combatientes dignos, habrá logrado un triunfo portentoso en su labor ministerial.
Sus retos en la cartera de Defensa pasan también por implantar un modelo gerencial que impida a toda costa que se consoliden los lunares de la corrupción entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.
Los alcances de este encargo político para Rodrigo Rivera son inmensos. Tiene en esta ocasión, luego de casi cinco lustros de brillante carrera política, la posibilidad de demostrar que es un gerente público eficaz y que la nación colombiana tiene en él una de sus principales reservas morales y políticas para el futuro.
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